SI UNO lee con cierto detenimiento -no hace falta una lectura profunda- la legislación existente que ampara las mociones de censura en la administración local española, es muy difícil encontrar argumentos que justifiquen muchas de las que se presentan en el mapa administrativo local de España y, por consiguiente, de Canarias. Hay que tener en cuenta que en numerosas ocasiones las mociones de censuras nacen de disputas partidistas, e incluso desavenencias personales en la gestión de los intereses municipales.

Por lo tanto, y a mi entender, la consumación de la moción de censura presentada en el Cabildo de El Hierro contra el gobierno insular de AHI-CC de Belén Allende, a instancias de los consejeros del Partido Socialista y el Partido Popular, es una de esas noticias que llena de perplejidad a la ciudadanía. Difícilmente puede entenderse que la gestión desempeñada por cualquier formación política en menos de cien días justifique la expulsión de sus miembros al frente de una corporación democrática.

Sin embargo, lejos de procurar el entendimiento entre todas las fuerzas políticas, tanto de quienes gobiernan en las instituciones como de aquellos que ejercen la oposición, existe todavía en algunas organizaciones políticas un sector de dirigentes que se niega a aceptar esta situación extraordinaria. Pivotan a nuestro alrededor determinadas personas que hacen del experimento maquiavélico-político continuo su única manera de interpretar la política, tratando de aprovechar su presencia en ayuntamientos y cabildos para saldar rencillas personales a su antojo. De ahí que al principio decía que las desavenencias personales son uno de los argumentos más presenciales a la hora de registrar una moción de censura.

La maniobra urdida contra el gobierno de Belén Allende en el Cabildo herreño no es un hecho aislado. Tuvo en La Palma, en el mes de junio, unos precedentes idénticos, protagonizados por el mismo experimento maquiavélico citado anteriormente. La estrategia resulta común y el fin es uno: desalojar de las instituciones a los representantes de las fuerzas nacionalistas. Sin más. No hay otro objetivo. Es la única tarea a la que se ha dedicado el Partido Popular desde el 22 de mayo.

De la misma manera, en los últimos meses se ha dedicado a propagar un conjunto de rumores infundiosos, fruto de la maledicencia, con objeto de dañar la imagen de Coalición Canaria y de cualquiera de las administraciones en las que no ha logrado hacerse con el gobierno. Lleva tiempo tratando de romper la unidad interna de las otras formaciones políticas -su máxima no es otra que "divide y vencerás"-, sin importarle para nada la resolución de asuntos de máximo interés para el común de los ciudadanos. Y recientemente tenemos la operación PP-CCN al Congreso y al Senado, que, amparada en la libertad de pactos, se esconde con el objetivo dar una cachetada al pacto CC-PSOE en el gobierno de nuestras Islas.

Pero estas maniobras ya son conocidas por todos, que descubren a las claras el maquiavelismo urdido por quien mueve los hilos de la trama, igual que de aquellos que le arropan en determinados foros. Pretenden que sea el último acto de servicio a su partido, a la espera de que pase el tiempo y hallar un cobijo plácido lejos de nuestras Islas, en medio del poder centralista.