Allá por 1998, una denominada Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra Santiago Carrillo, el PCE, el PSOE, la Comunidad de Madrid y el Estado español por delitos de genocidio, torturas y terrorismo. La querella cayó en manos de un juez, Baltasar Garzón, que se la pasó literalmente por el arco de triunfo. Para ello alegó mala fe y abuso del Derecho por parte de los demandantes. "Con el respeto que me merece la memoria de las víctimas, no puede dejarse de llamar la atención frente a quienes abusan del derecho a la jurisdicción para ridiculizarla y utilizarla con finalidades ajenas a las marcadas en el artículo 117 de la Constitución española y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como acontece en este caso", argumentó Garzón. "Los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los hechos que se relatan en el escrito y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad".
Se estima que en las matanzas de Paracuellos fueron asesinadas -hay mucha discrepancia entre los historiadores- entre 2.000 y 5.000 personas. Tampoco hay acuerdo sobre quien dio la orden de cometer estos crímenes. Los presos (militares sublevados o que se negaron a defender a la República, falangistas, religiosos, simples simpatizantes de partidos de derechas, burgueses y personas que no habían cometido ningún delito, salvo no ser de izquierdas), fueron extraídos de las cárceles con listas elaboradas por la Dirección General de Seguridad mayoritariamente firmadas por Serrano Poncela, el delegado de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid que dirigía Santiago Carrillo. Fue, a todas luces, un exterminio planificado y ejecutado sistemáticamente entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936.
Todos esos crímenes, al igual que los cometidos por el bando nacional, fueron enterrados definitivamente por la denominada Ley de Amnistía. La misma Ley que el juez Garzón niega ahora haber conculcado para investigar los asesinatos del franquismo, ya que estos fueron ejecutados mediante "un plan preconcebido y sistemático de eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales y torturas, que encajan en el delito de crímenes contra la humanidad".
Pues, qué bien. ¿Y lo de Paracuellos? ¿Y los "paseos" en Madrid y otras ciudades controladas por la República? Ahí no hubo planificación, ni "sistematicidad", ni nada. Tan solo unos milicianos, cansados de la rutina de ir a casas de putas -en las que sacaban el carnet del sindicato para no pagar- o de asaltar un convento para violar a unas cuantas monjas -no por ser de derechas, sino por ser monjas- decidieron fusilar a unos cuantos "fascistas" simplemente porque pasaban por allí camino de Valencia. Para que luego digan que no seguimos teniendo dos varas de medir, incluso en manos de quienes imparten justicia. Aunque, ¿a cuenta de qué semejante asombro? ¿Es que no poseemos una Justicia en la que unos jueces son progresistas, otros conservadores y los que quedan van con gafas de sol para que nadie sepa a donde miran?
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