Canarias vive en un estado de excepción democrático que se ha convertido en norma. De tanto llamar al pan vino y al vino pan, nos hemos acostumbrado al eterno retorno del "tongazo" que adereza todas y cada una de las convocatorias electorales autonómicas.

Así, por ejemplo, quienes votaron al Partido Popular en la isla de El Hierro, en las elecciones autonómicas de mayo de 2011, emitieron un voto que valía 22,7 veces más que el de quienes votaron a Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria. Los primeros obtuvieron un escaño en el Parlamento de Canarias con 1.533 votos y los segundos con 34.931 sufragios.

Nueva Canarias necesitó 53.893 votos para conseguir dos escaños por una de las islas capitalinas y, sin embargo, a Coalición Canaria le bastó con obtener 48.655 votos en las islas menores para disponer de trece escaños. En 1999, en Lanzarote una formación política recibió 10.424 votos, que le supusieron cuatro escaños, y otro partido con 10.314 votos se quedó sin representación parlamentaria.

Esto último fue efecto de las dobles barreras electorales que imperan en Canarias: para acceder al Parlamento regional hay que superar el 30% de los votos en alguna de las siete circunscripciones insulares, o el 6% de los votos del Archipiélago. El efecto práctico de estas dobles barreras es que, por ejemplo, para acceder a la Cámara regional por la circunscripción de la isla de Tenerife se necesitan al menos 54.358 votos (el 6% regional), que suponen el 13,9% de esa circunscripción. Esta es la protección legal de que goza el oligopolio electoral blindado de los tres partidos principales de Canarias. Sin embargo, cada uno de sus parlamentarios está respaldado por un promedio del 1,7% de los votantes (0,16% en el caso del escaño del PP en El Hierro).

El 17,3% de los canarios que vive en las islas menores, elige a la mitad del Parlamento y el 82,7%, que reside en las islas capitalinas, elige a la otra mitad. El desprecio a la proporcionalidad entre representantes y representados también afecta a las islas menores. Así, por ejemplo, se han asignado siete escaños a la isla de Fuerteventura, con 104.072 habitantes, y ocho a La Palma, con 87.163 habitantes.

El Archipiélago posee el promedio de escaños por circunscripción más bajo de España, en detrimento de la proporcionalidad. Es la única Comunidad Autónoma con dos barreras electorales y, además, cualquiera de ellas supera las existentes en el resto de circunscripciones del Estado. La ratio de parlamentarios por habitante ha ido reduciendo las posibilidades de reflejar la pluralidad desde que, en 1983, se celebraron las primeras elecciones autonómicas. Entonces había un escaño por cada 23.189 habitantes y, en 2011, uno por cada 35.446.

La actual coalición gobernante en Canarias obtuvo el 46% de los votos y el 60% de los escaños. CC-PP-PSOE sumaron el 77,8% de los votos y el 95% de los escaños, es decir, obtuvieron un 17,2% más de parlamentarios que de votos. De modo que hay diez parlamentarios "zombi", sin el respaldo de ningún vivo, fabricados por una ley electoral que usurpa parcialmente la soberanía popular.

Si Canarias fuera un Estado independiente es muy posible que no pudiera ingresar en la Unión Europea a causa de sus insuficiencias democráticas. Tales insuficiencias son realmente llamativas porque no hay nada comparable en el resto del Estado. De hecho, resulta sorprendente que esta "tongofilia" subtropical pueda tener cabida en nuestra Constitución.

En Canarias, dos y dos suman cinco para CC-PP-PSOE y menos de tres para otras formaciones. Así son las matemáticas electorales ultraperiféricas del caciquismo ultrarremozado. Pues los adalides de esta "tongocracia" atlántica aún participan de la mentalidad implícita en el titular aparecido en Gaceta de Tenerife, en 1932: "A mayor democracia más barbarie".