EL PASADO día 6 se conmemoró el Día Internacional de la Tolerancia Cero a la Ablación. Una práctica reconocida mundialmente como una violación de los derechos humanos por la que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año cinco millones de niñas sufren la extirpación parcial de sus genitales externos. Tradición que se esconde en diversos países del África subsahariana.

En España hay miles de niñas que corren el peligro de ser víctimas de la ablación genital. Una práctica ancestral que los inmigrantes subsaharianos procedentes de países como Senegal, Mali, Nigeria, Gambia y otros han importado y que varias ONG y organizaciones públicas luchan por erradicar.

Efectivamente. Aunque en España no existen datos oficiales, según un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona, unas diez mil niñas, hijas de inmigrantes de algunos países subsaharianos, se arriesgan a sufrir la extirpación de parte de sus órganos genitales como norma de una transición de la niñez a la pubertad, a fin de "mantenerse limpias, castas y apetecibles para los varones" y poder entregar a las chicas "íntegras" al matrimonio. Una verdadera y machista aberración inconcebible, detestable y condenable en cualquier civilización o cultura mínimamente moderna.

En nuestro país, el Código Penal establece penas de entre seis y doce años de prisión para quien realice o consienta la ablación fuera de España, como suele ocurrir cuando algunas familias de inmigrantes viajan de vacaciones con sus hijas a sus países de origen.

Según la OMS, el tipo más común de este tipo de mutilación es la escisión del clítoris y los labios menores (en un 80% de casos), mientras que la más severa (15%) es la infibulación, que consiste en la extirpación del clítoris, los labios menores y parte de los mayores, seguida del cierre parcial vaginal mediante sutura. Una humillación a la que es sometido un ser indefenso.

La ablación genital se suele practicar en el marco de un rito que otorga identidad étnica y de género, y aunque en muchos países esta práctica es delito, no por ello se cesa en su realización. El problema no es de marco legal, sino de creencias, costumbres y tradiciones que hay detrás de ella.

A cualquier persona civilizada no le vale ninguna de las justificaciones que se argumentan para realizar la ablación: sociales, religiosas, psicológicas, espirituales, etc. Las consecuencias que se derivan de ella no se dan solo en el momento de la "intervención", realizada con medios rudimentarios, como hojas de afeitar, cuchillos, cristales u otros objetos cortantes, y sin ningún tipo de asepsia ni anestesia. Las afectadas tendrán durante toda su vida numerosas dificultades para vivir plenamente su sexualidad, secuelas en su salud psicofísica, además de un humillante sometimiento al hombre y, por lo tanto, a la desigualdad.

Una niña que haya sufrido la ablación genital tendrá de por vida graves problemas físicos, además de un alto riesgo de padecer importantes complicaciones psicológicas y físicas, similares a las que soportan las menores víctimas de abusos sexuales. A largo plazo es causa de infertilidad, infecciones crónicas, relaciones sexuales dolorosas, etc. También supone complicaciones durante el embarazo y el parto, tanto para las mujeres como para los recién nacidos.

Durante la ablación y después de practicada, las niñas no pueden gritar ni llorar ni siquiera quejarse, porque se convertirían en la vergüenza de la familia.

Los derechos humanos sitúan la mutilación genital femenina en aquello que vulnera todos los aspectos de la persona para su pleno desarrollo psicofísico. Resulta totalmente inconcebible aludir a tradiciones culturales para permitir violaciones de derechos humanos. La ablación es una bofetada a la dignidad de la mujer.

Y aunque, por nuestra parte, poco o nada podemos hacer para evitar esta cruel práctica en los países donde es habitual, salvo denunciarla públicamente, en nuestro país sí podemos hacer algo contra la ablación: médicos, enfermeras, maestras... deben participar y estar pendientes y atentos con las niñas de padres inmigrantes procedentes del África subsahariana, especialmente cuando, tras la ausencia por vacaciones, se sospecha de la existencia de un cambio en alguna niña. En cuyo caso, debe ser denunciado sin contemplaciones.