UN POLÍTICO en uso de sus responsabilidades de gobierno, en ejercicio de sus funciones como representante de la soberanía del pueblo, obtenida en votación electoral y en el contexto de un Estado democrático, debe dimitir si miente o falsea la realidad, máxime si lo hace en el seno de un Parlamento, sede donde reside la soberanía ciudadana, lugar de máximo respeto por parte de todos y donde asienta el núcleo democrático y de derecho de una colectividad.
Estos representantes políticos, elegidos cada cuatro años mediante sufragio universal, tienen responsabilidades, como diputados o consejeros que son, ante los ciudadanos que los eligen.
Que una consejera del Gobierno de Canarias, en este caso de Sanidad, mienta una y otra vez a los habitantes de estas islas no es tolerable ni permisible. ¿O es una "deliberada negación de la verdad fáctica", como lo define H. Arendt, o un simple recurso retórico?
Hace unos meses, en sede parlamentaria, negó por activa y por pasiva que los quirófanos de los hospitales cerraban por las tardes y que las consultas y realización de pruebas diagnósticas se paralizaron después del verano. Fueron unas fotos de Intersindical Canaria las que la pusieron en evidencia, demostrando, objetivamente, que mentía cuando lo dijo. Meses después ha quedado demostrado que era cierto lo que denunciamos entonces: se cerraron quirófanos, consultas y pruebas diagnósticas y plantas de hospitalización, con lo que han aumentado las listas de espera en todas ellas.
Hemos conocido la semana pasada que nuevamente, en sede parlamentaria, la casa del pueblo, el lugar de máxima integridad democrática de la política, vuelve a mentir cuando niega la saturación y colapso en los servicios de Urgencias de los dos grandes hospitales de Tenerife. Es Intersindical Canaria quien vuelve a ponerla en ridículo y avergonzarla, mostrando fotografías obtenidas en ese mismo momento en que se expresaba en el Parlamento diciendo nuevamente otra falsedad. Está demostrado, sin que nadie lo diga, ya que se pueden ver los documentos gráficos, que nuevamente mentía (¿o solo es un discurso ideológico, propaganda oculta con persuasión de masas?). Esta situación ha conducido a que la Gerencia del Hospital Universitario de Canarias intente un expediente informativo-disciplinario para conocer las responsabilidades en que incurriera Intersindical Canaria al publicar las fotos. ¡Viva la libertad de información y expresión!
En cualquier país o Estado democrático serio que se precie de avanzado, cuando un gobernante político miente con asiduidad y reiteración, es motivo de cese o dimisión en su cargo público.
Contrastemos con otras democracias parlamentarias occidentales y veremos la diferencia existente con la nuestra. Aquí cabe todo. Se ocultan datos y no se clarifica a la ciudadanía la verdad de los hechos. Incluso, tampoco se da información a los partidos de la oposición. ¿Qué hace el PP que no solicita el cese de una consejera que dice en el Parlamento lo que todos conocen? ¿Por qué el PSOE, socio en la gobernabilidad de Canarias, no pone fin a estas irregularidades institucionales y vulneraciones de la ética política? ¿Es que ya vale todo? Existe una necesidad ética en los cargos públicos y gobernantes que aquí parece no darse.
Y mientras, los ciudadanos seguimos soportando las vulneraciones y lesiones de nuestros derechos sociales. Porque los ciudadanos no somos vasallos ni súbditos de los políticos que hemos votado y nos asisten derechos para enjuiciarlos.
Sigo insistiendo en que aquí alguien miente y, por lo que se ve en las fotografías publicadas, no es Intersindical Canaria. Es por ello necesario que alguien dirima la situación; por ejemplo, el Defensor del Pueblo, cuya función es ejercer la defensa de nuestros derechos y libertades ante la Administración Pública, junto con un grupo de observadores que, de una vez por todas, saquen a la luz la verdad y abran las ventanas de esta oscuridad a la que nos tienen acostumbrados y ocultos.
Intersindical Canaria