A LA IZQUIERDA española, en general, le sucede como a esos chicos, presuntamente delincuentes, que se apoyan en una realidad incuestionable, como es el hecho de que parte de la sociedad española, sobre todo la que vota a la derecha y al centro-derecha, está no solo acomplejada, sino realmente atemorizada a la hora de ejercer sus derechos constitucionales y exigir de los demás tolerancia y, sobre todo, respeto a su acción política respaldada por una mayoría democrática; le sucede, repito, que tiene engañada a una buena parte de la sociedad sobre las verdaderas intenciones de su genuina actitud violenta.
Este hecho nos lleva a preguntarnos si, efectivamente, la izquierda española es realmente democrática. La historia, que está ahí, aunque cada cual la quiera interpretar a su forma, prueba con hechos dramáticos, y no muy lejanos en el recuerdo, que, al menos a cierta parte de la izquierda, como que la democracia, la libertad y el respeto al que sale vencedor en las urnas les provocan cierto sarpullido en el cuerpo que, indefectiblemente, se lo han de quitar con cierta actividad, normalmente violenta, puesta en escena en plena calle. Esa calle que cuando el difunto Fraga dijo aquello de que era suya lo tacharon de facha; pero que cuando lo han dicho, tan solo hará unos días, lo mismito, los responsables (?) sindicales de izquierdas, claro está, entonces no solo nadie ha dicho nada, sino que lo han puesto en práctica automáticamente; comenzando con el numerito de que en un determinado colegio de Valencia no había funcionado la calefacción.
Cinco millones y medio de parados y un país hecho unos zorros, social, moral y económicamente hablando, y todo ello en poco más de siete años de gobierno socialista del censador de nubes, el ínclito Zapatero; y miren ustedes por dónde ni una puñetera manifestación de quienes ahora se preocupan tanto por que la derecha en el poder intenta arreglar como puede el desaguisado y el agujero sin fondo que los amigos del derroche, la subvención, el trapicheo, el trinque, el de los ERE falsos y la corruptela se encargaron de dejar cuando, afortunada y democráticamente, han pasado a la oposición porque les han dado una patada en sálvese aquella digna parte.
Para ello, en siete semanas han comenzado a llevar a cabo lo que no ha podido, querido o sabido hacer en siete años el progresismo de izquierdas, dejando pequeño de camino lo que reclamaban los del 15M: bajada de sueldo a los banqueros, cortar el 20% del grifo a la subvenciones a la patronal y a los sindicatos, además de reducir a más de la mitad los liberados sindicales; subida de impuestos a las rentas altas; dación en pago y moratoria a los desahucios; elaborar el mecanismo de financiación por el que los entes locales y autonómicos podrán pagar, por fin, sus deudas a los proveedores; la creación de un único ente supervisor, que será la Comisión Nacional del Mercado y Competencia; o una reforma laboral necesaria, arriesgada y comprometida con el empleo, entre otras iniciativas.
Pero, al parecer, a la izquierda no solo es que no le guste que la hayan mandado a la oposición; encima, le joroba que a los suyos, sean estos quienes sean, y da igual los desaguisados que hayan podido cometer, se les pueda imputar, enjuiciar y condenar; véase claramente el caso del exjuez Garzón, ahora icono sacramental de una izquierda que previamente él se había encargado de sacrificar, a través principalmente del caso GAL, y que tanto líderes políticos como el señor Llamazares o Cayo Lara de IU, como los principales líderes sindicales de UGT y CCOO -a la que, por desgracia, aún le pagamos el suculento sueldo todos los españoles con el dinero de nuestros impuestos-, se han atrevido a arremeter, virulenta y antidemocráticamente, contra el propio Tribunal Supremo en su conjunto llamándolos fascistas porque, según ellos, se le ha echado de la carrera judicial por "ir contra el franquismo", cuando la pura y desnuda realidad es que se le ha denunciado, juzgado y condenado por no respetar, a sabiendas -prevaricación-, las normas procesales; al permitir abiertamente las escuchas entre abogado y cliente, que están expresamente prohibidas en nuestra legislación actual.
Es lamentable que haya que recordarle continuamente a la izquierda que en toda sociedad democrática los tribunales de justicia son los únicos legitimados para solucionar los conflictos. Lo que resulta evidente para cualquier demócrata es que, cuando se ataca a los tribunales de justicia, y no digamos ya si se hace contra el mismísimo Tribunal Supremo de un país, lo que realmente se está haciendo es socavar los principios de esa misma democracia.
Menos imponer en los colegios Educación para la Ciudadanía y más aplicarse el cuento a la hora de manipular las terminales de agitación popular en su acciones efervescentes y reivindicativas, generalmente violentas y políticas, utilizando para ello a determinados jóvenes que, dicho sea de paso, no representan a nadie, frente a quienes democráticamente han ganado con sus votos el derecho y la obligación de gobernar tomando las medidas necesarias para sacarnos del túnel donde nos metieron los que ahora se rajan, farisaicamente, sus ricas y costosísimas vestiduras.
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