LOS CABILDOS Insulares son corporaciones administrativas creadas en cada una de las siete Islas que forman nuestro Archipiélago por la ley de 11 de julio de 1912 sobre organización de las Islas Canarias. Se cumplen, por tanto, los primeros cien años de la norma fundacional de estas instituciones profundamente arraigadas en nuestro acervo político y cultural, sumamente interesantes para estudiar el devenir y evolución de la administración pública española.

Se sucederán, por tanto, durante este año y el próximo, en que se cumple el primer siglo desde la constitución de estas embrionarias corporaciones, los actos de homenaje y reconocimiento. Ya el pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado recientemente, y por unanimidad, una proposición no de ley en la que pide al Gobierno autonómico que impulse durante 2012 y 2013 iniciativas educativas y culturales dirigidas a divulgar y reflexionar sobre el papel de los cabildos insulares.

Del mismo modo, se ha instado al Gobierno de Canarias a intermediar ante el Ejecutivo central para que la Sociedad Estatal de Acción Cultural Española incorpore actividades conmemorativas de esta efeméride en su programación de 2013, acción a la que nos sumamos y que completaremos con otras medidas.

Si bien fue en 1912 cuando se uniformó por vez primera la legislación aplicable a estas entidades, desarrollando un marco regulador propio, con delimitación de su ámbito geográfico y reconociendo su competencia tributaria, la implicación de los cabildos insulares en el devenir de la historia del Archipiélago proviene prácticamente de los años posteriores a la conquista.

Ya a mediados del siglo XV radicaban en Lanzarote un consejo municipal y un cabildo en el que estaban representadas las fuerzas vivas de la Isla, a semejanza de las formas de gobierno que ya se conocían en Castilla en la Baja Edad Media. Las llamadas Islas de Realengo -Tenerife, La Palma y Gran Canaria- contaban con un cabildo que, en el caso de Tenerife, fue instituido por Alonso Fernández de Lugo en 1497, inspirado en las instituciones de su Andalucía natal.

Si bien compartían su jurisdicción con otras entidades, su composición era diferente y desempeñaban algunas funciones que hoy no les son propias, ya comenzaba a forjarse el carácter supramunicipal de los cabildos, que se generalizaron en todas las Islas, y surgía la necesidad del reconocimiento expreso que les confirió la norma de 1912.

A ello contribuyó el artículo 141 de la Constitución Española de 1978, como ya lo había hecho la de 1931. El Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982 los regula en su artículo 22, nombrados institución de gobierno y administración local de las siete Islas, con autonomía plena dentro del marco constitucional y estatutario.

Son, por tanto, verdaderas instituciones de la comunidad autónoma con amplias competencias, como reafirmaría en 1985 el Consejo Consultivo de Canarias. Se les reconoce el ejercicio de funciones propias, así como las que se transfieran o deleguen por la Comunidad Autónoma, y las de colaboración en el desarrollo y la ejecución de los acuerdos adoptados por el Gobierno canario en los términos que establezcan las leyes.

No hay otra realidad jurídica en nuestra tierra que refleje con tanta precisión nuestra identidad insular, superado el corsé inicial que suponía la correlación con las diputaciones provinciales, y revelándose como la fórmula de gobierno perfecta -en coordinación con los ayuntamientos- para la idiosincrasia de Canarias. Cada uno de los cabildos es, en suma, fiel reflejo de la realidad de la isla en que se asienta.

Si bien hemos dicho en muchas ocasiones que los cargos no hacen a las personas, sino que somos las personas quienes hemos de dignificar nuestros puestos, como consejeros de estas corporaciones tenemos el deber inexcusable de velar por su buen nombre, conscientes de la alta responsabilidad de representar los legítimos intereses de quienes nos han elegido.

Cien años de historia no son cualquier cosa, y es bueno evocarlos, por tanto, no solo para merecidos homenajes y recreación de nuestro pasado más o menos glorioso, sino también para reflexionar sobre lo que ha de ser nuestro futuro. En nuestro caso, el porvenir de la isla de Tenerife.

Pensar, por ejemplo, en la necesidad que tiene la sociedad civil tinerfeña de recuperar el protagonismo que merece. Una institución tan arraigada no puede ser competidora para quienes viven en la isla en que se asienta, y no ha de tener como función dar un puesto de trabajo, sino facilitar las condiciones para su generación.

Es necesario el compromiso real. No basta con enumerar todo aquello que aquí no se defiende, aprovechando foros nacionales más o menos organizados, y marcando como principal objetivo estratégico de Tenerife la generación de "un modelo de desarrollo basado en una economía del conocimiento, dinámica y competitiva, que sea capaz de crear un crecimiento económico sostenido que conlleve una mejora del empleo".

Como declaración de principios nos parece magnífica, y como tal la hemos defendido siempre, pero ha de ir acompañada de realidades y soluciones que en estos últimos años no han llegado a los tinerfeños, inmersos en una situación de crisis nunca antes vista, gobernada desde la inercia a golpe de titulares de periódico, pero huérfana de toda plasmación fáctica.

Son demasiadas las necesidades sin cubrir después de una centuria de autogobierno desde el Cabildo Insular. Desempleo, exclusión social, fuga de talentos, una generación que corre el peligro de verse malograda... Todo ello contemplado desde la frialdad de las estrategias y la planificación pública, sin pasión alguna, y con ansias de extender un férreo control que se ha revelado inútil y solo nos lleva a incrementar la injerencia en la sociedad civil.

Si los números que arrojan las tasas de desempleo y de exclusión social de la isla de Tenerife sirven de algo, nos queda la impresión de que volvemos a situarnos en el mismo punto de partida en el que estábamos en aquellos no tan lejanos años ochenta, cuando nuestro Estatuto de Autonomía confirmó la labor comenzada en 1912 por la ley creadora de los Cabildos Insulares.

Sería bueno que aprovechásemos la efeméride para comenzar a trazar entre todos lo que ha de ser el Cabildo del siglo XXI, con ilusión y trabajo, pero siempre conscientes de que hemos de estar a la altura del señorío de una institución centenaria, y de quienes son su verdadera razón de ser, los que han nacido, viven y trabajan entre nosotros, a quienes nos debemos por encima de todas las cosas.

Nosotros estaremos en esa línea y colaboraremos en que así sea, profundamente orgullosos de formar parte de esta institución, estemos donde estemos, y de contar con un personal funcionario y laboral de categoría, fundamentales para desarrollar nuestra labor. El futuro de Tenerife es lo único que nos mueve.