El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha iniciado hoy una histórica sesión de tres días sobre la legalidad y el futuro rumbo de la reforma sanitaria de 2010, uno de los triunfos políticos del presidente Barack Obama y que los republicanos prometen anular si ganan en noviembre próximo.

A lo largo de seis horas de argumentos orales, repartidas entre hoy y este miércoles, los nueve magistrados examinarán cuatro asuntos fundamentales sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria, que busca garantizar la cobertura médica universal para 50 millones de personas sin seguro de salud.

El primer día ha estado marcado por un denso debate legal sobre la multa que tendrían que pagar quienes no cumplan la obligación de estar cubiertos por un seguro médico para 2014.

Si los jueces, por ahora divididos sobre el tema, determinan que esa multa es un "impuesto", no podrían avanzar en su revisión constitucional de la reforma sanitaria hasta en 2015, cuando se tendrían que pagar las primeras penalizaciones.

Eso se debe a que una ley federal que data de 1867, conocida como "Tax Anti-Injunction Act", prohíbe procesos legales sobre la justificación de un impuesto hasta que éste haya sido pagado.

La jueza Ruth Bader Ginsburg consideró que el caso de hoy ante el Supremo tiene que ver con la obligatoriedad del seguro médico, que es algo "distinto al de una multa tributaria".

Pero el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, opinó que la multa es en efecto un impuesto porque, a su juicio, es lo que le da hierro a esa cláusula de la reforma.

Se prevé que mañana la corte se centre en la constitucionalidad del seguro médico obligatorio y si el Gobierno tiene potestad para exigir la compra de determinados servicios, aunque estos tengan que ver con el acceso a la sanidad.

El miércoles, la corte estudiará el futuro rumbo de la reforma sanitaria en el supuesto de que declaren que el seguro médico obligatorio -eje de la reforma- es anticonstitucional.

También estudiarán si el Gobierno federal puede obligar a los gobiernos estatales a absorber más gastos del programa "Medicaid" para gente pobre, o arriesgarse a perder fondos federales.

Mientras se desarrollaba la sesión, frente al Supremo, centenares de médicos y enfermeros, líderes sindicalistas, religiosos, y activistas de varios estados protagonizaron una protesta a favor de la reforma sanitaria, por considerar que el cuidado de salud "es un derecho humano".

"He venido desde Miami porque mis pacientes necesitan seguro médico y esta reforma se los garantiza. Las compañías no podrán negar cobertura a personas con problemas preexistentes... cualquiera se puede enfermar y esta ley nos protege a todos", dijo Norberto Molina, un enfermero del Hospital Jackson Memorial de Miami (Florida).

Un grupo más pequeño del movimiento conservador "Tea Party", intervino con consignas en contra de la ley sanitaria, a la que despectivamente llaman "Obamacare", alegando que esta atropella las libertades individuales y encarece los costos de salud.

"Los votantes ya han declarado ''Obamacare'' culpable de aumentar los costos de cuidado de salud, de expandir (el papel) el Gobierno, recortar el programa de Medicare (para ancianos y jubilados) y de socavar la Constitución", dijo en un comunicado el presidente del Comité Nacional Republicano, Reince Priebus.

Grupos en ambos bandos de la polémica realizan sendas campañas mediáticas y han presentado ante la máxima corte 136 documentos para reforzar sus posiciones.

El fallo judicial, que se espera para junio próximo sobre parte o la totalidad de la reforma sanitaria, esclarecerá la potestad del Congreso para regular competencias estatales y dejará huella en este año electoral, en el que Obama se juega en noviembre la reelección.

La reforma sanitaria, que llegó ante el Supremo a raíz de una demanda entablada por 26 estados en su contra, es el mayor logro en política interna de Obama, mientras los republicanos han prometido anularla si ganan la presidencia.

Desde las gradas del tribunal, el aspirante republicano, Rick Santorum, dijo que su rival más cercano en la carrera por la candidatura presidencial, Mitt Romney, es el menos indicado para rebatir la reforma porque él apoyó un sistema similar cuando gobernó en Massachusetts.

"Solo hay un candidato que tiene posibilidades de lograr la candidatura republicana y que puede convertir esto en un asunto que nos permita recuperar la presidencia, y ese es Rick Santorum", argumentó el exsenador de Pensilvania.