EL PLAN de choque adoptado por el Gobierno de Rajoy se queda corto ante los retos que tiene que abordar la economía española, pero responde, en parte, a las exigencias de poner las bases para que podamos ir saliendo de la recesión, el estancamiento y la pérdida de empleo, como nos exigen nuestros socios comunitarios, para que se pueda sostener el euro y la UE no acabe explotando por la presión de las economías que compiten en el mercado internacional, con instrumentos que han situado a Europa en desventaja, desde que estalló la crisis financiera.

El modelo económico-social de España, Pepe Ignacio, responde peor en tiempos de crisis por el tremendo volumen de gasto que han comprometido los 21 años de gobiernos de izquierdas. A la derecha le toca ahora recortar y disminuir la estructura de gestión que la izquierda ha generado con gastos por encima de los ingresos. Si además resulta que no somos competitivos, ni producimos bienes y servicios que puedan comprarnos en el mercado internacional, difícilmente vamos a poder salir de la recesión.

Y es que, no sé cómo nos las arreglaremos, pero históricamente los dirigentes políticos españoles casi siempre han ido por detrás de la historia. La realidad social siempre iba por delante, y los remedios a los problemas político-sociales de nuestro país no eran abordados a tiempo por nuestros dirigentes. Entre otras razones, porque emplean más tiempo en la pelea cainita que en la construcción de una nación unida. Y ahora estamos en uno de esos períodos destructivos de nuestra historia. No solo como consecuencia de la crisis financiera internacional y propia que nos hemos fabricado por gastar por encima de nuestros ingresos, sino porque ha fracasado el pacto constitucional de 1978, al no conseguir una de sus metas fundamentales: la de extender la igualdad entre los españoles. Los constituyentes pretendían que la relación entre libertad y pluralidad no diera como resultado, una vez más, la voladura de la unidad nacional y del consenso básico en los principios esenciales que debían compartir los integrantes de ésta vieja Nación. Hay que reconocer que el sistema autonómico ha fracasado y obrar en consecuencia.

La vuelta de la izquierda más rancia a la utilización de la violencia en la calle, como respuesta a la pérdida del poder, es la mejor demostración de que, después de las convulsiones de la primera mitad del pasado siglo, los dirigentes socialistas españoles del siglo XXI quieren volver a los enfrentamientos de los años treinta. Como han hecho esta semana los dirigentes sindicales que amenazan con proseguir con la violencia en la calle, para no perder sus privilegios de casta, a pesar del sonoro fracaso de una huelga general que no logró más que situar a la marca España en una interrogante para nuestros socios europeos y nuestros competidores internacionales.

Y decíamos que el Gobierno se ha quedado corto en los recortes de las políticas de gasto, porque los 27.300 millones que pretende ahorrar de entrada, no son suficientes. Veremos la letra pequeña que se presente el martes próximo en el Congreso, para asegurarnos que podremos cumplir el objetivo de reducir el déficit al 5,3 por ciento del PIB.

En una situación de estancamiento con una contenida inflación como la que nos encontramos, quizás los expertos economistas entiendan que no se puede ir más allá en el uso de la tijera, porque añadiremos más paro a las listas heredadas del aciago septenio zapateril. Pero quizá fuera necesario que, después del traspié electoral en Andalucía, el presidente del Gobierno y el partido que le apoya, utilicen su amplia mayoría para, como ellos mismos han dicho, "hacer lo que hay que hacer". Y lo que hay que hacer no es sólo eliminar los privilegios, sino procurar que las distintas administraciones públicas se sometan a la disciplina del gasto, y si no, aplicar los mecanismos constitucionales existentes para conseguirlo. Sin permitir ilegalidades impunes como las que amenazan los dirigentes vascos, catalanes y canarios...

Ya está bien de reclamar que no se hayan podido hacer los Presupuestos más deprisa, porque el Gobierno socialista a todos los niveles, no había dejado las cuentas claras. Y todavía no se conoce cual es la deuda final de ninguna de las administraciones. La famosa "ley de transparencia" tiene que endurecer las penas para los políticos corruptos y malos gestores.

Hay que ir planificando un adelgazamiento del número de funcionarios en todos los niveles de las administraciones públicas. Y hay mucho gasto inútil que eliminar, desde las subvenciones a sindicatos a las de los partidos y demás chiringuitos montados por los gobiernos de la subvención, las tarjetas de oro con cargo al contribuyente, y una larga lista de corruptelas...

No hay otro modo de recuperar el empleo que destinar dinero a la inversión productiva. Y eso exige más recortes. No "más madera" de gasto a quemar en el horno del despilfarro. España, y en general el Occidente libre, tienen que sobrevivir a base del uso del conocimiento y la inteligencia. No de la vagancia y el despilfarro. Porque si no, Pepe Ignacio, nos hundiremos en una progresiva decadencia. No es posible competir con los costes de economías del llamado "Estado del bienestar", frente a economías que tienen salarios del siglo XIX, con los que están haciendo una competencia en productividad y conocimiento, que les permite convertirse, en nombre del "comunismo capitalista", en los banqueros del mundo.

Pero esas economías ya no emergentes, sino dirigentes -China. India, Brasil, Indonesia, Corea del Sur...- necesitan al resto del mundo para seguir creciendo y mejorando el nivel de vida de sus enormes poblaciones que siguen con derechos sociales y políticos restringidos. O los occidentales nos apretamos el cinturón y nos preparamos para la competencia económica, o los islamistas radicales que pretenden arabizar al mundo, acabarán llevándonos a un enfrentamiento planetario con la nueva burbuja que nos amenaza: la del aumento del coste de las materias primas.