LA ORGANIZACIÓN de la sociedad, la madurez de sus gobiernos y la manera en que se relacionan con los ciudadanos, configuran un factor fundamental del comportamiento humano que tiene repercusiones sobre la economía.

De hecho, sin administraciones competentes y buenos dirigentes, que son la suma que da la calidad, es imposible un crecimiento sostenible en sociedades dinámicas, donde tengan posibilidad de surgir empresas de nueva creación que generen una competencia reglada con las ya establecidas, permitiendo así que el poder económico y político no estén en las mismas manos.

En el lado contrario, la concentración del poder en las élites y la conformación de instituciones en beneficio de las minorías, explican el atraso y el empobrecimiento de las mayorías. La desigualdad sólo genera atraso, y termina generando intervención.

Buena parte de la solución a la actual crisis, por tanto, tiene que estar ligada a la eficiencia, diligencia y eficacia de las instituciones de gobierno de las que nos hemos dotado.

Canarias no es ajena a este axioma, y mucho se está tardando en ahorrar en las instituciones para solucionar los graves problemas de nuestra economía. El principio que tantas veces hemos esbozado de "una función, una administración", es un factor imprescindible para la buena gobernanza y la corrección de estas desigualdades.

La reforma financiera y laboral, así como los ajustes presupuestarios que a ninguno nos agradan, por supuesto, sólo son una parte de la terapéutica imprescindible para tratar la grave enfermedad que aqueja a la economía española, acentuada en Canarias, si bien todo tratamiento para grandes patologías genera incomodidades, necesarias para la curación.

No entendemos, por eso, como un sector de Coalición Canaria se ha introducido en una espiral de muy difícil salida, criticando sin alternativas la política austera emprendida por el Gobierno de España, y haciendo responsables a Mariano Rajoy, su presidente, y a José Manuel Soria, Ministro de Industria, Turismo y Energía, de cada uno de los problemas de las Islas. Es absolutamente ilógico.

Toda enfermedad tiene un periodo de convalecencia importante, y en economía ocurre igual, por lo que intentar sacar balones fueras por parte del Gobierno de Canarias ante problemas de los que muchos de ellos han sido corresponsables, nos parece irresponsable, y tendrá poco recorrido, pues carece de sustento real y argumentación sólida.

Los ciudadanos son mucho más inteligentes que lo que piensan muchos de esos fabuladores que se empeñan en soliviantar a la población, presentando imágenes que sólo existen en su subconsciente como si fueran reales.

Nadie ha olvidado el mucho daño que hizo el apoyo de ese sector de Coalición Canaria a Zapatero, el peor presidente que ha tenido España en democracia, y conocida es la forma en que se entregaron abiertamente a todas las medidas que tomó durante dos legislaturas que hundieron a España en la crisis y el paro, de las cuales no se ha librado Canarias.

Sobran declaraciones y ruedas de prensa de dirigentes irresponsables, que esperamos obedezcan a una equivocación, como la que se ha producido esta semana en el Cabildo Insular de Tenerife, que saltan a la palestra para decir que el Gobierno de España lleva a Tenerife a la bancarrota si no apoya el Plan de Ajuste elaborado por la Corporación.

Unas declaraciones que se vierten a sabiendas de su incoherencia y de que no se ajustan a la realidad, y que no aportan sino desasosiego e inquietud en la ciudadanía, que necesita justo lo contrario de sus dirigentes. Se basan en irrealidades que no vienen a cuento, y están fuera de la buena gobernanza a la que nos hemos de dedicar quienes estamos en lo público.

Los Presupuestos Generales del Estado, aún en fase de elaboración, son una terapéutica frente a los problemas generados por el Zapaterismo, que tanto han aplaudido los aliados con que contó durante su etapa al frente del Gobierno, con la intención clara de poner nuestra economía en fase de curación.

Todos aquellos que no dan una salida real a la situación y prefieren confrontar antes que buscar soluciones se remiten, literalmente, a "la situación a la que obliga el Presupuesto General del Estado", que -repetimos- está en fase de elaboración y ni siquiera ha comenzado a aplicarse.

Nuevamente, para ese grupo de políticos de Coalición Canaria, la culpa de todos los males recae sobre el PP. No se aprecia ni un atisbo de autocrítica en quienes se han ocupado de que estas Islas que presentan las peores cifras de paro y exclusión social de España, estén cada vez más intervenidas por lo público.

Como decíamos, la calidad de las instituciones y su buen gobierno son clave para el bienestar de los ciudadanos, y el buen funcionamiento de la economía. Una parte de Coalición Canaria se ha convertido en el principal obstáculo que impide tomar las medidas necesarias para sacar a las Islas del atolladero.

Una de las pocas salidas que nos quedan es el entendimiento y compromiso de los dos grandes partidos de este país, con capacidad institucional y plena capacidad y solvencia para llegar a acuerdos, en la línea que ha propuesto José Manuel Soria, para que acabemos con la agonía de una continuidad política que dura ya tres décadas, y que no ha de seguir arrastrando a las instituciones de Canarias en su inercia.

Nosotros estamos, y así ha quedado más que demostrado, a favor de los grandes consensos, del diálogo y de los pactos en beneficio de la Isla de Tenerife, que bien merece que nos pongamos todos de acuerdo para sacar adelante esta complicada situación, siempre en beneficio de los que nos han de importar, los ciudadanos. Es la distancia que separa a los buenos y malos gobiernos.