EL PASADO 25 de enero, hace prácticamente tres meses, el Gobierno de Canarias anunciaba en Lanzarote un plan de trabajo con medidas para apoyar a pymes y autónomos de las Islas dirigidas a potenciar la actividad económica y la creación de empleo, acompañadas de un programa de austeridad y racionalización del gasto público, vital para el control de nuestro déficit, y del nivel de endeudamiento de la comunidad autónoma. Estamos de acuerdo en que si algo necesita la actividad empresarial es que la liberemos de las múltiples trabas que impiden que nuestra economía avance, pero hay que hacerlo de verdad.

El informe de coyuntura económica de la CEOE de Canarias de marzo nos dibuja como la comunidad autónoma donde más empresas se destruyen y, a la vez, donde menos se crean. Como muestra, en febrero, 263 nuevas empresas canarias tuvieron el valor de emprender una nueva andadura en las Islas, lo que supone una caída del 11,45% respecto a febrero de 2011.

Además, concluye que el escenario económico de Canarias aparece dominado por la falta de crédito y la debilidad de la demanda. De hecho, nuestra única fortaleza es el turismo, pero su crecimiento no se ha visto acompañado por un incremento en el beneficio que obtiene nuestra economía.

La patronal dibuja un triste panorama, con una caída del PIB para 2012 del 0,4% y un nuevo incremento en el número de parados que nos podría ubicar en una tasa de desempleo del 32% a finales de año. 355.000 posibles desempleados, un nuevo récord en negativo que apuntarnos.

Mientras esto ocurre, el Gobierno de Canarias cambia su discurso una y otra vez en función de su conveniencia, renunciando a tomar las medidas necesarias para romper esta inercia. La gravísima situación de nuestra economía no es cosa nueva, pero para Paulino Rivero y su equipo la solución actual a nuestros problemas pasa por el lloriqueo diario y no por la adopción de una estrategia política coordinada.

En pocos meses se cumplirá un año desde que CC y PSOE gobiernan juntos en las Islas, y no conocemos ni una sola acción a favor de los emprendedores de las Islas. Más de once mil de esas empresas familiares, pymes y micropymes de Canarias se han visto abocadas al cierre estos últimos cuatro años, perdiendo un negocio heredado de la generación anterior, y quién sabe si los ahorros de toda una vida.

El Partido Popular ha propuesto un amplio catálogo de opciones desde el mes de enero que son de puro sentido común, y que arrancan de una reestructuración en profundidad de las empresas, fundaciones y organizaciones públicas en las que participa el Gobierno de Canarias.

El pasado mes de febrero el pacto hizo valer la aritmética parlamentaria para rechazar una iniciativa presentada por el Partido Popular que proponía una racionalización de nuestro sector público que hubiera reducido notablemente la estructura del Ejecutivo autonómico, dejando en funcionamiento tan solo seis entidades de las casi cuarenta actuales.

Solo con esa política de ahorro y contención lograremos los objetivos más inmediatos que tenemos, que pasan por liberar recursos que se pondrían a disposición de nuestros sectores productivos y de la integridad de esos servicios públicos esenciales que tanto ven peligrar desde las filas de CC, día sí, día también.

Bien al contrario, Rivero pretende recaudar doscientos millones de euros con una subida de la presión fiscal nunca antes vista en las Islas que incluye la creación de nuevas figuras impositivas y un nuevo tijeretazo al sueldo de los funcionarios, pero ¿alguien ha escuchado a nuestro presidente hablar de rebajar sus honorarios, de aligerar la estructura de su Ejecutivo o de analizar la viabilidad de empresas públicas que no desarrollan acción alguna en beneficio de los canarios?

Hay margen todavía para actuar, desde luego. Aún podemos ajustar la estructura de la comunidad autónoma, y así lo ha demostrado el Gobierno de España con una drástica política de reducción del déficit público.

Solo en su funcionamiento ya se ha ahorrado más de 20.000 millones de euros que, por cierto, se irán íntegramente a pagar los intereses de nuestra deuda exterior, un gravísimo problema de déficit correspondiente a la peor herencia política nunca antes vista en democracia, la que Rajoy recibió de manos de Zapatero.

Lo que no procede es ver a miembros del Ejecutivo canario, su presidente el primero, llorando a todas horas a cuenta de los ajustes que ha realizado el Gobierno de España en los Presupuestos Generales del Estado, que no son del agrado de ninguno de nosotros, pero que reciben todas las comunidades autónomas y cada una de las áreas de actividad de nuestra economía.

Rivero y su Gobierno deberían emprender ya el mismo camino que están siguiendo otras regiones, asumiendo las obligaciones de disciplina presupuestaria y reduciendo el aparato político y burocrático de la comunidad autónoma, con el fin de garantizar de verdad los servicios públicos esenciales para el ciudadano, deshaciéndose de lo superfluo. Y dejar el lloriqueo de una vez.