TAL VEZ busquen posicionarse en el liderazgo de su partido en el panorama regional, abandonado aunque dirigido desde la sombra por su jefe, metido ahora a ministro del equipo de demolición de Rajoy. El caso es que a estos dos peperos, Cristina Tavío y Manuel Fernández, les ha salido un repentino deseo de contradecirse en público, argumentando sus opiniones en ser estrictamente personales y ajenas a la opinión de la formación en que militan. El uno mucho más tiempo que la otra, pues más bien parece que ostenta un cargo representativo vitalicio por la isla de las quesadillas. Aunque bien mirado, a la estilizada Cristina, que no es precisamente la niña de Rajoy, sino una preciada émula de Úrsula Andress surgida de las aguas junto al espigón de Las Teresitas, le podría ocurrir lo mismo si consigue jugar bien sus cartas de rivalidad en la dura y cotidiana contienda que los afiliados con posibles sostienen intramuros de los partidos. Pero tenemos que explicarnos para que el lector entienda esta disparidad de opinión.
La primera, como no podía ser menos, ha venido de manos del veterano Fernández, argumentando, aunque ahora haya rectificado, que lo mejor para evitar duplicidades político administrativas sería suprimir los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, que son los que conviven con los órganos más significativos del Gobierno canario, dejando solamente a los de las islas no capitalinas, menos confrontadas con las evidentes multiplicidades existentes en una comunidad que resulta ser la más cara del país por la clonación de estamentos. Repeticiones que no hacen sino dificultar cualquier trámite burocrático a la hora de la solicitud de cualquier tipo de licencia o gestión, llevada a cabo por cualquier empresario o inversor. Permisos que tardan años en llegar o se abortan en el largo camino a la meta, por la incompatibilidad manifiesta entre los propios organismos, que niegan por sistema lo que los otros han aprobado anteriormente, condenando así las esperanzas del sufrido solicitante, que además mantendrá con sus impuestos al levantisco patio de monipodio que dificulta el progreso necesario para que una isla o comunidad salga a flote a tomar oxígeno, pese al aire viciado de recortes y exigencias tributarias que nos viene de la Península, o, peor aún, dentro del propio seno de la comunidad, de manos de un incapaz y sus corifeos.
Más acertada, sin que sirva de precedente, ha estado Tavío. La candidata "prima inter pares" para la alcaldía de Santa Cruz, que se quedó sin bastón de mando por causa del pacto de sus competidores, no ha dicho nada nuevo, sino que ha reiterado la habitual opinión de los que hemos vivido más que ella, y que por tanto hemos conocido el gobierno administrativo del archipiélago bajo la égida de los cabildos y la Mancomunidad. A escasos meses de cumplir el centenario de su fundación (1912/2012), y por tanto más antiguos que este triplicado sistema político administrativo que hoy nos desgobierna y que tan oneroso nos resulta, optamos con los ojos cerrados por el tradicional sistema mancomunado de las islas. El que pretenda plantear la liquidación de la Administración regional antes de que la UE se lo imponga suena más a boutade tipo "sebadal" que a algo fácilmente realizable. Para conseguir algo así, doña Cristina, siempre que sigamos siendo españoles, habría que modificar las leyes constitucionales y el propio Estatuto de Canarias, ya que desmontar todo un tinglado de intereses y puestos laborales que se sustentan de estas triplicidades políticas supondría cuando menos una catástrofe para muchos núcleos familiares. Porque no cabe la menor duda de que todas esas competencias y número de funcionarios no podrían ser traspasadas a los cabildos, que se verían impotentes para pagar las nóminas, salvo que estas fueran acompañadas de la necesaria partida presupuestaria. Y hablando de partidas: ¿cómo quedaría y en manos de quién el tema de la recaudación tributaria, necesaria para la autonomía económica de cada organismo insular? ¿Desaparecería ese apéndice legislativo llamado Parlamento Canario, y usted misma con él, además de todas las consejerías del gobierno regional, incluida la presidencia, que pasaría a ser ejercida de forma rotativa en la mancomunidad por los presidentes de los siete cabildos existentes?
Evidentemente, el corolario de estas dos opiniones, pese a ser partidario de los cabildos como únicos órganos ejecutores y administrativos de las islas, es que tanto Fernández como Tavío solo han expresado sus opiniones como lo haría cualquier ciudadano. Pero que por su condición de miembros beneficiados del erario público suelen tener más repercusión mediática. Y ellos, evidentemente, lo saben, y por eso se apresuran a soltar cualquier sentencia, afortunada o no, a la vista de una cámara o de un periodista. Aparte, lo repito de nuevo, del interés por conservar el estatus vitalicio y el mejor posicionamiento en el partido; bastante impopular por las contradictorias medidas económicas que está tomando.