VAMOS otra vez al dato porque ahí está la madre de todos los corderos: España tiene algo más de 8.000 municipios. El doble que Alemania, pese a que la población española es la mitad que la germana. Esta cifra, junto con algunas más, se convirtió el pasado sábado en tópico -o tendencia- del momento (¿hace falta que lo escriba en inglés?) en los foros internacionales de discusión suscitados al amparo de las redes sociales. En realidad, el debate giraba en torno a un asunto más amplio que la estructura de la administración local española. Lo que se discutía era la viabilidad de España como país en sus circunstancias actuales. Las respuestas eran más bien pesimistas.

Pesimistas o desalentadoras porque, traducida a números comprensibles, la situación española se condensa en una población de nueve millones de jubilados y seis millones de parados -aún no, pero según la CEOE tampoco falta mucho tiempo- frente a escasamente diecisiete millones de ocupados; esos son los que tienen que sostener al resto del país, incluidos a los empleados públicos. Respecto a estos últimos, nos recuerdan por ahí fuera -sorprende lo bien que nos conocen por ahí fuera, pero es así- que tenemos tres millones y medio de personas ocupando un puesto de funcionario o bien cualquier otro empleo con cargo al erario; de nuevo el doble que Alemania.

Igualmente nos traen a la memoria que en 1977, cuando empezamos a instaurar el "ruinoso" Estado de las autonomías, teníamos solo unos 850.000 empleados públicos. Enfatizo el término "ruinoso" porque no procede de una opinión personal sino del parecer de varios participantes en el debate.

Otro guarismo esgrimido para la inviabilidad actual de España es la existencia de tres millones de viviendas vacías y en manos de unos bancos que no saben que hacer con ellas, salvo venderlas a la mitad del precio que tenían en el mercado cuando fueron concluidas; el camino directo para liquidar a las escasas empresas inmobiliarias que sobreviven. Esto sin olvidar que el 25% del PIB procede de la economía sumergida (más del 30% en Canarias). En cuanto a la fiscalidad, los impuestos que pagan los españoles son los más bajos de Europa. No obstante, si consideramos el nivel de ingresos con la presión impositiva, la relación supera a la que tienen los países escandinavos; que ya es decir. Si hablamos de educación, el sistema español es de los peores de Europa según el informe PISA. Para acabar, europeos y no europeos opinan, cuando opinan de nosotros, que nos gobiernan los políticos más corruptos del Viejo Continente.

A la vista de este panorama, ¿tiene algo de malo que el Gobierno central quiera -por algo se empieza- fusionar los municipios con menos de 5.000 habitantes? Lo ignoro. Lo único que sé es que al Ejecutivo presidido por el señor de El Sauzal no le gusta. Al final, ¿qué importan las medidas de Rajoy y sus ministros, sean estas acertadas o erróneas, si siempre hay algún periférico dispuesto a no cumplirlas, aunque sea por la vía judicial? ¿Votamos en su día para que nos gobernaran los jueces o votamos por unos políticos para que decidieran durante cuatro años? Y una pregunta más: ¿adoptará alguna vez el Gobierno central una medida que, por pura y remotísima casualidad, sea aceptable para Rivero y su capilla?

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