EL DEBATE sobre la reforma y definición de los poderes públicos y la administración del Estado es intenso y tiene pronto que proporcionar conclusiones. Lo ideal, incluso lo exigible, sería un pacto entre los diferentes partidos, entre los diferentes posicionamientos. Este asunto, como la mayoría, tiene poco que ver con la doctrina de cada cual, porque se trata de dotar de mayor eficiencia y racionalidad a la estructura administrativa y política colocada sobre nuestras cabezas. En eso coincido con Rajoy. El presidente del Gobierno ha planteado la necesidad de "repensar y evaluar la estructuración más adecuada de los poderes públicos". Ha explicado que "será preciso arbitrar fórmulas más eficientes de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables; con supresión incluso", ha dicho, "de entidades y organismos que no resistan una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos".

Y en este sentido creo que haríamos bien en aprovechar lo más urgentemente que podamos la crisis para hacer una importante reestructuración empezando por arriba, por ejemplo con el Senado, que debe convertirse en una verdadera cámara de representación, reflexión y ajuste territorial, para pasar por delegar de una vez por todas y completamente en las autonomías -que así lo demanden- las competencias y transferencias establecidas en los compromisos -en demasiados casos incumplidos con el Archipiélago-, a los que desde el centralismo integral del que se partía han llegado unos gobiernos u otros, y acabar incidiendo en la bocanada de dimensión adecuada, profesionalidad y dinamismo que necesitan la administración insular y la local. Por supuesto que actualmente hay muchos profesionales y funcionamientos razonables o correctos en los diferentes ámbitos públicos de nuestras Islas, pero lo que se ha puesto de manifiesto con la debacle económica y con el convencimiento de que gastamos más de lo que podemos permitirnos es que la premura por optimizar, generalizar y extender integralmente la gestión centrada en el servicio competitivo, justo, rápido y con poco costo al ciudadano está totalmente justificada en los hechos. Las administraciones no pueden funcionar como si estuvieran en el ojo del huracán, como agencias de colocación o como formas caprichosas de beneficiar a los correligionarios y amigos. Tienen que evolucionar en empresas o equipos profesionales fríos que no se pisen en los distintos niveles y que, en vez de alargar eternamente problemas, ofrezcan de manera previamente diseñada soluciones.

Nos gusta citar como símbolo de buena fabricación a Alemania, que es una confederación de dieciséis Estados llamados "bundesländer" (en singular "bundesland") o, coloquialmente, "länder" (en singular, "land"), habitada originalmente por descendientes de pueblos bárbaros que cruzaron el río Rin e invadieron la Galia romana durante el siglo V. Pero esos bárbaros evolucionaron actualmente en líderes económicos -nos puede gustar más o menos- del Viejo Continente.

Son, en teoría, una República Federal de la que, sin que pueda tomarse como el paradigma perfecto, no podemos tener sospechas de que no funciona como un todo en el interior o en el exterior y en la que, sin embargo, las competencias están escalonadas y acotadas por espacios con mucha mayor precisión que en España. Las que son del Estado o las que son de los "lander", de tal modo que se produce en general un funcionamiento de mayor sentido común, menos puenteado, racional y mucho más diáfano que aquí. Con todas las diferencias y particularidades que queramos, entre ellas que España en algunos casos llega a cotas más altas de descentralización que Alemania, en el pellejo teutón se demuestra que el buen o mal funcionamiento no es consecuencia, como quisiera doña Esperanza Aguirre y toda la caterva de la derechona centralista dispuesta a volver a completar el vértice absoluto de la pirámide que aún ondea sobre Madrid, del incremento de poder y de las decisiones propias que en territorios situados en otro trópico y en otro continente como Canarias en sí mismos se convierten en derecho.

Mi opinión es que el camino no va por el lado de penalizar, driblar o dinamitar Canarias. Al contrario, el marco desde una perspectiva económica tiene que ser el situado frente a la costa noroeste de África, entre las coordenadas 27º 37'' y 29º 25'' de latitud Norte y 13º 20'' y 18º 10'' de longitud Oeste, y en las que, como indica la deriva de la economía planetaria, también habrá que introducir criterios avanzados de eficiencia pública.

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