DUDO mucho que exista una verdadera inquietud entre los que tienen depositados sus ahorrillos en Bankia, la antigua y, por qué no decirlo, casi entrañable Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. A la gente de la cartilla, la del préstamo, la del talonario y las domiciliaciones de los recibos de agua o la luz estoy de seguro de que las turbulencias de los últimos días no les atemorizan demasiado, aunque siguen posiblemente interesadas y expectantes la aventura de la intervención o nacionalización, o como se llame técnicamente, de su entidad de toda la vida. Otra cosa es que si un informativo les pone un micrófono delante se sientan en la obligación de expresar un cierto temor ante unos titulares -y unas realidades- que van creando una especie de psicosis de inestabilidad. Por eso es bueno que los políticos tranquilicen al ciudadano y nos expliquen que, a día de hoy, el corralito argentino ni nos está rondando ni se le espera. Un temor más justificado lo pueden tener los accionistas, pero ya se sabe que la Bolsa es un mercado de riesgo y que, por tanto, se cuenta con la posibilidad de ganar unos euros pero también de perderlos.
La pregunta que nos hacemos todos es cómo se ha llegado hasta aquí. Lo que no se entiende es que si Hacienda sabe -en estas fechas lo notamos más- hasta los ingresos más insignificantes que podamos haber tenido cada uno de los españoles durante el pasado año, cómo es posible que nada menos que Caja Madrid, hoy Bankia, y otras muchas cajas, y no precisamente pequeñas, fueran acumulando agujeros de una envergadura tan importante sin que ningún organismo, el Banco de España el primero y los sucesivos gobiernos después, parasen mucho antes esa serie de disparates, en la mayoría de los casos producto de servidumbres políticas inconfesables.
La gente se pregunta que si en los consejos de administración de la cajas había representantes de todo -y magníficamente pagados-, desde los gobiernos autonómicos de turno a sindicalistas que hoy protestan airadamente contra el salvamento de algunas cajas con el dinero de todos, la gente se pregunta, insisto, cómo es que esos políticos o esos sindicalistas no solo no denunciaron los despilfarros y los chanchullos, sino que siguieron sentados ocupando su bien remunerado puesto mientras el dinero de los ahorradores se destinaba a proyectos descabellados o a financiar frivolidades inútiles.
Naturalmente que el aún gobernador del Banco de España debería dar una explicación al menos al Congreso y dimitir inmediatamente después, pero también tendrían que hacerlo los que se sentaban en el Consejo de Administración y no se enteraban de nada, lo cual resulta desolador y dejan con el trasero al aire a quienes les colocaban ahí, o bien se han hecho cómplices del desastre general, denominando así lo que si se tratara de un banco privado podría calificarse de estafa y hasta llegar a los tribunales. Pero como con la cajas hemos topado, nadie va a pedir cuentas a nadie, porque los partidos, que todo lo pueden, tienen muchísimo interés en tapar lo que sin dudad es un escándalo se mire por donde se mire. Aquí nadie entona el mea culpa, y si no son capaces de reconocer los errores, cómo pedirles lo que el sentido común aconseja, aunque la ley no lo contemple: pague usted sus equivocaciones y devuelva al menos parte de lo que se ha llevado en bonus, dietas, sueldos a todas luces mal pagados y demás prebendas por ocupar un puesto que, seguramente, nunca debió ocupar.