VERBO transitivo donde los haya. Pero que, en estos tiempos casi trágicos en que nos encontramos, ha tomado carta de naturaleza en comentarios, tertulias, debates y en todo el espectro político y social. Siendo así, traigo al comentario de hoy las dos acepciones que la Real Academia le otorga: 1: "Reducir a normas o conceptos racionales"; siendo que "racional" es "perteneciente o relativo a la razón", y esto se está demostrando como un bien escaso. Prefiero tomar para el objeto de hoy la acepción 2: "Organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos con el mínimo esfuerzo".

Desde el 12 de abril está teniendo lugar en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT) un seminario que no se pudo realizar con anterioridad, habiendo sido programado, por aquello de "interferencias" con las últimas elecciones locales. El "peso" de los políticos, que no de la política, coartó la libertad de tan señera institución. Bueno, pues en el desarrollo actual del seminario, que lleva por título "La racionalización de las administraciones públicas en el centenario de la ley de Cabildos", aprobada en el mes de julio de 1912, la palabra "racionalizar" es pieza fundamental del mismo. No acierto a comprender -a lo peor es que soy muy torrezno- qué subyace en el magín de cada cual de los ponentes cuando emplean con profusión el vocablo. Yo no atisbo claridad alguna para el proceso que se dice pretender: racionalizar las administraciones públicas. Cuando se requiere bajar del olimpo y ofrecernos detalles inteligibles, y aún demandados por parte de la ciudadanía, la respuesta suele ser que "a ver quien le pone el cascabel al gato" (sic. don Fernando Ríos Rull), o más eufemísticamente.

Sea como fuere, la estructura de la Administración local en España está constituida por más de 8.000 municipios. En nuestra isla, Tenerife, contamos con 31 de ellos que no dejan de ser una fuente de gastos y depredación de empresas y proveedores que para ellos han trabajado. Con una base edilicia tan numerosa como ineficiente, que ha endeudado a sus ayuntamientos desde hace mucho tiempo y, como dice el castizo, hasta las cejas. Y es que, además, los municipios no solo se dotan de aquel número de concejales que por ratio poblacional les corresponden; se dotan, también, de múltiples "asesores" (personal de confianza) para aprender todo aquello que desconocen y desconocían cuando se postularon o dejaron postular para tal actividad "profesional". Esto si no es que el tal asesor o asesora no pase de ser otra cosa que el resultado de proteger a la "familia" (sea de consanguineidad o de amistad) con jugosos sueldos. España, ni aún en periodo de bonanza, puede permitirse tanto despilfarro y nepotismo.

Racionalizar, dijimos, pues que lo define el DRAE, es "organizar (...) de manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos (...)". Y para que esto se produzca en las administraciones públicas parece necesario hacer una "liposucción" a tan mórbida estructura. Sobra mucho cargo público que es incapaz de reconocer cuál es su nivel de incompetencia.