EL ROBO de cable de cobre constituye una especialidad delictiva cada vez más lucrativa gracias a que el precio del metal se ha multiplicado por diez en los últimos años. Lo que hasta hace pocos años era un tipo delictivo que apenas tenía eco en los medios de comunicación actualmente se ha convertido en un quebradero de cabeza tanto para la Policía como para la Guardia Civil.

La crisis económica y las ganas de obtener un dinero fácil han agudizado el ingenio de algunas personas, obteniendo a través del robo del cableado de cobre una considerable fuente de ingresos. Sin embargo, para las empresas eléctricas, y sobre todo para las arcas municipales, esta infracción penal está suponiendo un considerable gasto que en las actuales circunstancias económicas por la que atraviesa la mayoría de los ayuntamientos resulta muy engorroso de afrontar, no solo por el valor de reposición del cable, sino por los daños que causan los ladrones para conseguir hacerse con el cableado. El robo de cable supone, también, para los ladrones un riesgo de electrocución que ha costado ya la vida a varias personas en España desde 2010.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son conscientes de que los ladrones de cable de cobre están cada vez más estructurados e, incluso, llegan a conformar mafias internacionales que provocan la siguiente paradoja: las empresas concesionarias de servicios responsables del alumbrado público en ciudades, urbanizaciones, autopistas, polígonos industriales, subestaciones eléctricas, etc., que sufren estos robos al final deben desembolsar una cantidad millonaria por comprar un material que proviene, precisamente, y en una gran parte, del reciclaje de lo sustraído. Por consiguiente, es un negocio redondo en todos los sentidos: tanto para los delincuentes, que obtienen pingües beneficios, como en el círculo vicioso de instalación-robo-venta-reciclaje-compra-instalación en que puede resumirse este fenómeno cíclico.

Los expertos en este tipo de robos coinciden en que el "modus operandi" tiene una doble vertiente: las minúsculas bandas que hacen pequeñas sustracciones y las mafias organizadas de carácter internacional. Unas y otras no solo se diferencian en la cantidad de cobre que roban, sino en sus receptadores, pieza fundamental del negocio.

Los primeros suelen ser grupos pequeños de individuos, normalmente vinculados a otros menesteres delictivos, como el trapicheo de drogas, robos en supermercados, gasolineras y domicilios. Su labor es bien sencilla: localizar una subestación, transformador de corriente, urbanizaciones en obras, etc. Con un cortafrío o una radial pegan el corte, tiran del cable y, rápidamente, lo cargan en una furgoneta. A las pocas horas, una nube de humo negro y apestoso delata el lugar donde se está quemando el cable. Ese es el primer paso de "limpieza" del cable robado. Eliminar el plástico que lo cubre es necesario, principalmente, por dos razones. Por un lado, porque ahí es donde el material lleva tatuado su ADN, es decir, los datos de procedencia; además, el cobre sin cubrimiento se paga mejor, aunque pese menos.

El destino del botín se bifurca. Si ha sido conseguido por un pequeño grupo de ladrones -algo habitual-, irá a parar a manos de un chatarrero fantasma, ilegal, porque los legales saben generalmente cuándo el cable que les llevan es de procedencia ilícita y no lo compran para no verse comprometidos en un delito de receptación. Pero es que estos, además, piden al vendedor su DNI, lo fotocopian y contabilizan la cantidad de cobre que les llevan, asegurándose de su origen. Si perciben algo extraño, avisan a la Policía o a la Guardia Civil.

A veces, los ladrones tienen ya una agenda de compradores, en cuyo caso el precio de compra suele ser de un porcentaje del original y el chatarrero se lo vende a un mayorista, que lo clasifica y lo compacta. Luego, en lotes homogéneos de veinticinco toneladas, llega a una fundición, donde se convierte en nuevo material de cobre y se vuelve a recubrir con plástico. Así el cable está listo de nuevo para entrar en el mercado, reiniciándose el ciclo.

El 90% del cobre que manejan las mafias suele ir a China. Se trata ya de robos al por mayor de veinticinco y cincuenta toneladas que pueden alcanzar los 300.000 euros. Incluso roban en las propias chatarrerías y centros de reciclaje, o a camiones de estas empresas cargados de material. Llevan el botín a Francia o Italia y desde un puerto extranjero llega a China.