NO LE ARRIENDO las ganancias al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, tras uno de los últimos traspiés que ha tenido con el empresario del Archipiélago, o comunidad autónoma para los peninsulares y descarada colonia para los que aquí residimos, porque nos sentimos dependientes de una metrópoli que nos domina y esquilma nuestros recursos desde cinco siglos atrás.
Publicó este periódico en su número del pasado sábado que los empresarios de esta región, que espera a ser soberana, se han plantado ante quien nos malgobierna a todos. Se trata de un "castigo fiscal" que se ha inventado el señor Rivero sin, como es su costumbre, medir las consecuencias. Ahora no han sido solo los empresarios de Tenerife o de Las Palmas, cada uno por su cuenta, los que han protestado como en ocasión anterior. Ahora ha sido la Confederación Canaria de Empresarios la que ha plantado cara a don Paulino, porque ha calificado de injustas e ineficaces las medidas que anuncia va a aplicar el Gobierno regional para cuadrar las cuentas autonómicas. Y la Confederación empresarial amenaza al Ejecutivo con interponer los recursos oportunos ante la Justicia.
La Confederación rechazó lo que califica como "castigo fiscal", que repercute en empresas y consumidores, aconsejando al Ejecutivo que reforme la administración con premura para que contribuya así con los ajustes a los que obliga la crisis. El presidente de la Confederación, don Sebastián Grisaleña, hizo declaraciones referentes a este tema en una rueda de prensa que convocó el pasado viernes en Las Palmas para hacer pública la preocupación que existe entre los empresarios por el anteproyecto de ley de medidas administrativas y fiscales que pretende aprobar el Ejecutivo que preside Rivero, cuyo articulado suscita dudas respecto a su adecuación al ordenamiento jurídico español y canario. De ahí que la Confederación Canaria de Empresarios exponga su intención de apoyar la defensa de los intereses de cualquier sector que estime oportuno recurrir.
Estima la confederación que el tal anteproyecto elevará la tasa de paro, lastrará el consumo y hará caer la recaudación en contra de lo que persigue el Gobierno de Rivero. Por sus condiciones, concluye la Confederación, Canarias tiene que tener un trato diferenciado del resto de las autonomías en los Presupuestos Generales del Estado.
Este nuevo paso del Ejecutivo de Paulino Rivero avanza en lo negativo, para, en lugar de tratar de encontrar solución a los muchos y gravísimos problemas que está padeciendo Canarias, empeorar todavía más la situación inventando leyes realmente nocivas si, obligatoriamente, se hacen cumplir.