LOS INCENDIOS acaecidos la semana pasada en los montes de Tenerife, La Gomera y La Palma, y los que se suceden en suelo peninsular con el resultado de cuatro víctimas mortales (Gerona), han puesto y ponen de relieve que nunca se está lo suficientemente preparado y dotado para afrontar situaciones de emergencia o desastres naturales por muy curtido y experimentado que se esté, y es que nada o poco, al parecer, se puede hacer ante la fatalidad que se derivan de presuntos actos delictivos o causas medioambientales.

Por regla general, se ha vertido mucha tinta sobre la variedad, incidencia o categoría de atentados ecológicos o medioambientales vinculados a la especulación o expansión urbanística en espacios o parajes protegidos, pero durante mucho tiempo no se ha tenido en cuenta el papel que desempeña el deterioro de la naturaleza debido a los incendios forestales, ya sean provocados, ya sean inducidos por causas meteorológicas (tormentas, vendavales o radiación solar). La prevención, si bien es un recurso valioso y fundamental, puede ser poco eficaz frente a las catástrofes o desastres naturales o la acción punitiva, si no se cuenta con los medios técnicos y humanos o actuaciones predeterminadas de vigilancia y limpieza del lecho o cauces de la masa forestal o áreas agrícolas situadas en las zonas de influencia de los parques naturales, una tarea que otrora efectuaban los agricultores y ganaderos de las medianías, al tiempo que propiciaban un equilibrio ecológico debido, precisamente, al aprovechamiento, sin cortapisas, por ejemplo, de la pinocha. Bien es cierto que en los últimos cincuenta años se han modificado las pautas de comportamiento en la agricultura y la ganadería con la irrupción de las nuevas tecnologías agropecuarias para el mantenimiento de los ya escasos establos o gañanías, con lo que se ha producido una disminución considerable en la demanda de rastrojos o pinocha para el cuidado y bienestar del ganado. Hoy por hoy, está perseguida la extracción de pinocha, en los mismos términos que se efectuaba antiguamente, al menos eso se comenta con cierto desconsuelo cuando se aprecia que la falta de limpieza de nuestros montes coadyuva a su destrucción cuando se declara un incendio. No obstante, el cuidado de la naturaleza es tarea de toda la sociedad, nadie puede quedar excluido de esa responsabilidad.

En septiembre de 1983, el Norte de Tenerife se vio sacudido por un gran incendio forestal, cuya magnitud era prácticamente desconocida entonces. Se declaró en la corona forestal de Los Realejos un sábado por la tarde y se controló un miércoles, pero se extendió hasta Garachico. Los medios aéreos llegaron relativamente tarde y eran escasos, y esa circunstancia obligó a las autoridades de entonces a recabar tales instrumentos para posteriores episodios en una zona caliente como La Corona o el barranco de Pasada de Las Vacas, en Los Realejos. En septiembre de 1984 tuvo lugar la catástrofe de Roque de Agando, en La Gomera, donde perdieron la vida el entonces gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife y exalcalde del Puerto de la Cruz Francisco Afonso Carrillo y otras ocho personas más. Un suceso que evidenciaba de nuevo el agobio y aislamiento de la insularidad con respecto a la metrópoli.

La década de los noventa fue realmente conflictiva desde el punto de vista ambiental, con nuevos episodios localizados en Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Esperanza y La Matanza de Acentejo, con considerables pérdidas en los respectivos ecosistemas. Sin embargo, la primera década de este siglo no se quedó atrás, sino que incluso fue mucho más voraz, como se pudo constatar con el incendio del verano de 2007, que en apenas once horas recorrió todo el Norte de Tenerife desde San Juan de la Rambla hasta el caserío de Masca, lo que contrastó con la relativa lentitud del registrado en 1983, dado que tardó casi cuatro días para atravesar la corona forestal desde Los Realejos a Garachico, si mal no recuerdo, dado que pude verlo y narrarlo.

Lo cierto y dramático de todo esto es que tanto entonces, en 1984, como ahora, en 2012, se da la coincidencia en la reclamación por parte de las autoridades locales de más medios materiales para hacer frente a los incendios forestales. Por pedir que no quede, pero sería bueno que se ampliara la dotación de recursos aéreos para afrontar este tipo de contingencia y no esperar a que lleguen los hidroaviones desde Sevilla para sofocar el incendio.

La provocación de incendios (un porcentaje elevado han sido incendios intencionados), a mi modesto entender, constituye un auténtico atentado ecológico equiparable a un delito de terrorismo, no solo por el daño que causa, a veces irreparable en vidas humanas, sino también por la alarma social que provoca, y, en consecuencia, se debiera legislar para castigar con la máxima pena a quienes sean convictos de tales hechos.