EL PACTO entre Coalición Canaria y PSOE se quedó solo defendiendo lo indefendible el pasado mes de julio en el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Después de hacernos perder un año jugando al despiste, los socios de gobierno municipal forzaron la aprobación de un Plan General que en realidad no es tal ni resuelve problema alguno en la ciudad. Muy al contrario, crea nuevos conflictos y abre la puerta a nuevas reclamaciones judiciales, como pronto se verá.

Ni adrede hubieran hecho peor las cosas. Decían buscar el consenso, pero al final el disparate se materializó con el Grupo Mixto abandonando el salón de sesiones y la abstención del Partido Popular. No tuvimos otra opción ante la insolvencia jurídica de las alteraciones introducidas por CC y PSOE en el último momento, sin contar con los técnicos municipales, sin escuchar a los vecinos ni debatirlo con la oposición.

Entre lo malo y lo peor, José Manuel Bermúdez y José Ángel Martín eligieron lo siguiente a lo peor, y así resulta imposible conseguir acuerdos; incluso con un grupo como el nuestro, dispuesto a respaldar responsablemente la entrada en vigor de un nuevo planeamiento, siempre y cuando las cosas se hubiesen hecho como es debido.

Desbloquear para suspender: esa es la extravagante doctrina jurídica que improvisaron ambos dirigentes locales para sacar adelante un expediente administrativo que es una verdadera chapuza y que no resistiría las primeras actuaciones del previsible contencioso-administrativo.

En el Partido Popular llevamos más de un año diciéndolo: Santa Cruz necesitaba con urgencia aprobar su Plan General, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera. Bastante enmendado y remendado estaba ya el documento, después de doce años de interminable tramitación, como para añadirle más costurones en el último minuto.

El resultado final ha sido un Plan General que no contenta a nadie y que no resuelve nada: ni el fuera de ordenación ni las presuntas áreas conflictivas. Estamos ante un expediente que vulnera las más elementales normas del procedimiento administrativo, empezando por el propio acto de convocatoria y terminando en la incongruente propuesta de resolución.

Nada se ha hecho bien. Tanto es así que cualquier malpensado podría concluir que se ha hecho aposta, para que luego los tribunales lo tiren todo abajo y poder empezar de nuevo. Un lujo que Santa Cruz no se puede permitir.

El caso es que la aprobación del Plan General en estas precarias condiciones, en lugar de desbloquear la ciudad consigue justo lo contrario, añadir más inseguridad jurídica al procedimiento y ahuyentar las inversiones y la escasa actividad económica de la capital.

En cuanto al fuera de ordenación, el catálogo aprobado al margen del Plan tampoco arregla nada, al tratarse de una mera relación de propiedades -inconclusa, según el propio documento- que ahora proponen tramitar como Plan Especial en el primer cuatrienio. Desde luego, son ganas de complicar las cosas echando balones fuera, cuando la solución está al alcance de ambos partidos en el Parlamento de Canarias, aceptando la modificación de un solo apartado de un artículo del Texto Refundido de la Ley del Territorio, tal y como yo misma llevo proponiendo en nombre del Grupo Popular desde hace más de tres años.

En lo que al resto se refiere, si el documento ya era de mínimos, al excluir la ordenación de la práctica totalidad del suelo urbanizable (zonas claves como Las Teresitas, Montaña Fumero, Costa Cardón o casi todo el Suroeste), ahora lo será de bajo mínimos, al dejar en suspenso la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), Montaña de Taco, Las Huertas, Cueva Bermeja y todos los ámbitos afectados por el fuera de ordenación, especialmente el Centro-Las Colinas y La Salud.

¿Para qué sirve, entonces, este Plan, forzado a última hora sin consenso ni garantías jurídicas? Pues para nada, o para bien poco en el mejor de los casos. De cualquier manera, habrá que esperar a la vuelta del verano para saber si la ponencia política de la Cotmac (gobernada también por CC y PSOE) corrige el disparate o consuma este improvisado apaño, lo que provocaría un imprevisible número de reclamaciones judiciales de inciertas consecuencias para Santa Cruz.

La capital ha perdido un año bloqueada por la incompetencia de CC y PSOE, y ahora quedará suspendida por su irresponsabilidad. Bloqueada o suspendida son sinónimos de paralización. Santa Cruz sigue parada no solo por la crisis, sino por sus propios gobernantes.

Queridos vecinos: esta es la triste realidad, mal que le pese a alguno. Mi obligación es denunciarla, y así lo hago. Querían desbloquear la ciudad y lo que han hecho es suspenderla. Tremenda insensatez.