EL FUEGO vuelve a ensañarse con nuestros montes mientras todavía no se resuelven las serias carencias logísticas y de equipamiento y no se atienden peticiones clamorosas de dotación de recursos aéreos complementarios permanentes. Duele recordar que desde hace casi tres décadas se viene reclamando el establecimiento de una base de hidroaviones para actuar de manera rápida y eficaz en la lucha contra los incendios forestales, cada vez más frecuentes en episodios de olas de calor o en el transcurso del año, independientemente de la estación, como se ha podido constatar en otras ocasiones. Si bien se han mejorado aspectos relacionados con la formación técnica y humana de los efectivos y dotación de medios mecánicos, los hechos ponen de relieve que son todavía insuficientes y que queda mucho por hacer todavía.

Si durante los años de bonanza económica no se atendieron las reivindicaciones de establecimiento de bases de hidroaviones en las islas de mayor masa forestal o riesgo de incendios, difícilmente ahora, cuando desde la Administración central se están planteando nuevos ajustes de hasta 120.000 millones de euros en los próximos dos años, que derivarán en más recortes. Y es que, de continuar el estrechamiento económico, posiblemente resulte insostenible para las arcas del Estado o de la Comunidad Autónoma afrontar los costes de futuras catástrofes o desastres naturales por la falta de liquidez o de recursos económicos, y si no, tiempo al tiempo. Sin ánimo de reprochar ni de inmiscuirme en asuntos que no me competen, el Gobierno de Canarias debía haber dispuesto por sí mismo el establecimiento de una base de hidroaviones como asunto prioritario frente a otros gastos que se podrían calificar como suntuarios y dejar de acudir al Estado como panacea para la solución de los problemas que le acucian, aunque salvando las obligaciones que la administración central tiene contraídas con las Islas, al menos en épocas de vacas gordas, cuando el PIB canario estaba en sus mejores momentos y merced a esa burbuja inmobiliaria de otrora. Pero también entiendo que si ya se pone en duda que haya dinero para mantener los hospitales, la sanidad o la educación, difícilmente lo habrá para proteger los espacios naturales o de otra índole que, aunque parezca mentira, también dan de comer.

Cuando, apenas hace una semana, me las prometía muy felices al señalar los parabienes, responsabilidad y servidumbre de la declaración de reserva mundial de la biodiversidad del bosque de la laurisilva de La Gomera, auténtico reducto de la Era Terciaria, observo con tristeza cómo un nuevo incendio forestal pone en riesgo su integridad y supervivencia, al adentrarse en el Parque Nacional de Garajonay, Patrimonio de la Humanidad. Hasta el pasado lunes se habían calcinado en torno a las 3.100 hectáreas de masa forestal en La Gomera, que contrastan con las 900 hectáreas devastadas de septiembre de 1984 (aunque con un elevado costo en vidas humanas entonces), y 1.400 en La Palma, y el consiguiente desalojo preventivo de caseríos y viviendas próximas a las áreas afectadas. Estos datos se podrían ver alterados o modificados al alza a día de hoy.

Con todo, es una muestra de lo que ocurre cada año en el país y en el resto del mundo, y lo peor de todo es que la mitad de los incendios que se han registrado se podían haber evitado, de no haber mediado los actos o presuntas conductas delictivas, descuidos o negligencia.