EL GOBIERNO de España se ha marcado entre sus prioridades para esta primera mitad de la presente legislatura la resolución del complejo problema que supone el coste de nuestra factura energética. Dependemos del suministro exterior prácticamente en un 99 por ciento, resuelto con importaciones a elevadísimo coste desde las centrales nucleares de Francia, junto al petróleo y un porcentaje aún residual de renovables.

En Canarias, región insular y ultraperiférica, donde el sistema eléctrico es deficitario de por sí, resolver esta situación se nos antoja más urgente si cabe. El Archipiélago optó en su momento por la energía eólica y la fotovoltaica para disminuir nuestra dependencia de la electricidad, pero desde el año 2004 no se instala ni un solo parque eólico, pese a que existe un concurso público reglado, convocado y adjudicado que se encuentra suspendido.

Bueno es recordar que desde el año 2009 la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha adjudicado cuarenta parques eólicos por 600 Mw de potencia, lo que equivale aproximadamente a un 50% de la previsión del Plan Energético de Canarias (PECAN), y en agosto de 2012 solo cuatro de ellos cuentan con declaración de impacto ambiental y solo uno tiene los permisos en regla para ser construido.

El PECAN, que abarca el periodo 2006-2015, se marcaba como objetivos reducir la factura energética de las Islas, y que en 2015 el 30% de la energía procediera de métodos respetuosos con el medio ambiente. Según datos aportados por Red Eléctrica Española (REE), el porcentaje de energía eólica producido por Isla arroja una media regional del 5%, la sexta parte de lo que determina el documento.

Seguimos gastando 1.400 millones de euros anuales en nuestra factura energética, cuando la eólica nos costaría la mitad. El colmo de los despropósitos es que los propios cargos del Gobierno de Rivero sostengan que esos cuarenta parques eólicos permitirían la creación de quince mil puestos de trabajo directos, por parte de decenas de empresas canarias pendientes de operar en un área en la que tenemos posibilidades ilimitadas.

Si tanto interesan las renovables al Gobierno de Canarias, que se ha enfrentado al Ejecutivo central por las primas a estas empresas y ha abanderado una oposición frontal a las prospecciones petrolíferas, habría potenciado esta actividad, pero, como en todo, impera el doble discurso de CC y PSOE, que persisten en el lloriqueo sistemático pidiendo fondos, pero no saben gestionar nuestro actual marco competencial.

El objetivo final de una política de desarrollo sostenible es el desarrollo humano y la mejora de las condiciones de vida de toda la población, y con este fin se crearon en 2003 las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación de Turismo en Canarias, que pretendían implantar un modelo de desarrollo sostenible y duradero, con generación de riqueza aprovechando nuestros recursos.

Estas circunstancias no se dan en el Archipiélago, pues el Gobierno trabaja justo en el sentido contrario, cuando tendría que eliminar burocracia administrativa, en la línea de lo solicitado reiteradamente por los sectores industrial y empresarial. El dato es claro: desde 2004 no se instala ni un solo molino.

Es inconcebible que acciones llamadas a conjugar desarrollo, respeto al entorno e iniciativa empresarial acaben nuevamente en un cajón de alguna Consejería, naufragando en el pantano de arenas movedizas que es la Administración canaria.

Muchos siguen llenándose la boca hablando de impacto ambiental y de sostenibilidad, oponiéndose a la búsqueda de petróleo en aguas cercanas a las Islas y animando a la población a protestar en la calle en contra de unas prospecciones que podrían ser una oportunidad para diversificar nuestra economía y nos facilitarían una fuente energética compatible con el turismo.

Tras ese discurso alarmista se esconde la oscura realidad de un Gobierno obstruccionista, el de CC y PSOE, empecinados en intervenir cada factor de nuestra economía. Mientras, seguimos gastando cada año millones de euros, que no tenemos, en costear nuestra factura eléctrica, cuando la eólica nos costaría la mitad, y renunciamos a los puestos de trabajo e inversión directa e indirecta que generaría apostar por esta actividad empresarial.

Hacer ver la realidad de Canarias a Rivero y los suyos sí que es un derroche de energía. Encima, inútil.