Como este país se ha convertido en un foro permanente de demagogia y de ansias descomunales por la significación personal, el pasado sábado la Organización Médica Colegial aprobó una declaración en la que pide a sus asociados atender siempre a todos los pacientes, al tiempo que expresó su confianza en que las administraciones sanitarias respeten el deber deontológico de los facultativos. Petición que se refiere, como es sabido, a la atención a los inmigrantes en situación irregular.

Prestar ayuda a una persona que la necesite no solo es un deber deontológico para un médico; lo es también para todos los ciudadanos en cualquier circunstancia aunque solo los galenos, sobra precisarlo, están capacitados profesionalmente, y por lo tanto autorizados por la ley, para realizar determinadas intervenciones. Por lo demás, en el decreto del Gobierno no se estipula que se deje morir a nadie debido a que carece de papeles. No saquemos las cosas de quicio aunque a algunos les interese agitar el río. La asistencia continuará siendo la misma para los menores de dieciocho años, las mujeres embarazadas (antes del parto, durante el parto y después del alumbramiento) y para aquellas personas, sin excepción, que padezcan una dolencia grave. A las no incluidas en estos supuestos lo único que se les exige es pagar la factura si disponen de recursos o, al menos, abonar un seguro que cuesta 56 euros al mes. La quinta parte de lo que están obligados a pagar los autónomos que menos cotizan. El que carezca de medios también será atendido y la factura se guardará hasta que tenga dinero para afrontarla. Algo que supone en la práctica, a qué engañarnos, que el erario posiblemente no la cobrará nunca.

¿Hay que poner el grito en el cielo de la ética profesional por esto? Resulta evidente que para algunos, sí; especialmente para esos 1.700 facultativos que se han negado en rotundo a desatender a cualquier emigrante en situación ilegal, sea cual sea su dolencia y diga lo que diga el Gobierno central o el de la correspondiente autonomía. Un gesto que los honra, si bien se queda a mitad de camino. Puestos a ser generosos, podrían muy bien estos profesionales pagar de su bolsillo la asistencia médica a todas esas personas que han perdido el derecho a obtenerla no por capricho del Gobierno, como se aprestan a manifestar estos pescadores de río revuelto, sino porque si no tomamos medidas urgentes sobre la financiación del sistema sanitario, nos vamos todos al carajo: los inmigrantes con papeles, los sin papeles y todos los demás.

Subidos ya al carro de la magnificencia, podrían también los médicos inquietos por la moral profesional darse una vuelta de vez en cuando por los suburbios menesterosos con el fin de velar por la salud, también de forma gratuita y con cargo a su peculio, de las numerosas personas, nativas o foráneas, hartas de que no las atiendan en tiempo y forma cuando acuden a la desbordada sanidad pública. Recomendación aplicable sobre todo a los especialistas, considerando el tiempo que debemos esperar para que nos vea uno de ellos cuando así lo decide nuestro médico de cabecera. Eso es altruismo y compromiso (o juramento) hipocrático; los aspavientos éticos con cargo al bolsillo de los contribuyentes suenan a oportunismo.

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