SE HABLA de cambiar el modelo actual refrendado en la Constitución vigente, sobre todo, por el Gobierno central y el Partido Popular, que no se cansan de decir que hay que eliminar de este modelo el mapa autonómico y volver al Estado centralista y omnímodo; o sea, cuando hay un afán decidido por consolidar esa entelequia que es una Europa política de carácter federalizante con todo lo bueno o malo que ello comporta y que da cierto pedigrí de progresismo, por las latitudes del territorio español, el mensaje que se emite desde Madrid es hacer todo lo contrario, volver atrás, tutelar a los pobrecitos desvalidos de las comunidades que andan pidiendo agua por señas, porque han sido incapaces de controlar su desmadrada deuda. Se dice así, con ese desparpajo y contundencia que uno se lo llega a creer cuando la realidad es totalmente diferente. El porcentaje del endeudamiento producido por las autonomías es ridículo si se compara con el ocasionado por el Estado central, por sus rimbombantes ministerios, aunque algunos apenas sirven para algo, puesto que la mayoría de sus atribuciones han sido transferidas a las autonomías. Y como tal, estas tienen más servicios y por consecuencia deberán disponer de más dinero para poder atender lo que está transferido, pero como el Estado es cicatero y no ha gestionado como es debido, lo que se les ocurre es estrangular a las autonomías, demonizarlas y lanzar insistentemente el discurso de que hay que volver a tiempos pretéritos, en los que para mover un paso hay que pedirle la venia a Madrid.

De llegarse a esto no cabe duda de que sería una grave torpeza, máxime cuando los esfuerzos que se han hecho para que la convivencia dentro de un Estado plurinacional vaya por los linderos de una concordia más o menos adecuada han sido ímprobos. Y si ahora nos vienen con esta, encendiendo fuegos que están apagados, para que funcionen como cortinas de humo y embosquen la incapacidad de su gestión, y, sobre todo, que al no tener objetivos concretos, al estar presos de las decisiones de los poderes financieros y sometidos a su dictadura, no se les ocurre otra cosa que intentar volver al campo del enfrentamiento entre unos y otros, sin darse cuenta de que con esta actitud lo que se logrará por su parte será todo lo contrario.

Cataluña ya lo ha dicho bien claro con su manifestación multitudinaria del día 11, en la que exigieron un Estado catalán sin más, llegando a la plenitud nacional. Euskadi va por el mismo camino, y Canarias, desde el estatus de sus peculiaridades históricas, más acentuadas que las anteriores, si no son reconocidas entrará también en esa dinámica por exigencias de esa misma historia. Todo esto no es una simple "algarabía", como ha dicho el presidente Rajoy, va mucho más allá y es un aviso a navegantes que indica la ruta por donde tienen que transitar las cuestiones políticas y las económicas, que deben hacerlo en íntimo maridaje.

El nuevo modelo de Estado hay que revisarlo, pero no para acabar con él, sino para enriquecerlo desde la razón política y no desde la retórica imprevista y balbuceante. El nuevo modelo de Estado debe ponerse en la mesa del debate y tener en cuenta que hay territorios que necesitan que se les tenga en cuenta, se les arbitre soluciones y no se pongan trabas a su desarrollo, y para ello se requiere que estos sean libres, dispongan de sus propias constituciones, tratados o nuevos acuerdos y que, de momento, dentro de una conceptualización de lo que es un Estado plurinacional, se vaya a un modelo confederal, modelo necesario en primera intención, ya que si no fuera así, las exigencias territoriales serían explosivas, incontroladas y las concesiones que se pretendan serían más duras, lo cual produciría enormes quebraderos de cabeza a los rectores del Gobierno central.

Nacionalista Canario)