EN EL ARTÍCULO que este fin de semana ponemos a disposición de los lectores del periódico EL DÍA, a quienes tenemos el gran honor de dirigirnos desde hace ya más de quince años porque nos lo permite la dirección, y aprovecho para agradecerlo públicamente, quisiéramos pedirles que hagan un nuevo ejercicio de reflexión respecto a lo fácil que resulta a algunos utilizar artimañas, más bien reprochables, para confundir a la sociedad.

Cuando corren tiempos tan difíciles como los actuales, es necesario y conveniente que todos tengamos claro cómo han de invertirse nuestros fondos públicos, que son escasos y deben emplearse con prudencia y mesura. Más aún, es nuestra responsabilidad hacer un ejercicio de pedagogía política y mostrar al ciudadano que esa es la forma correcta de actuar con sus recursos, con transparencia y contando qué vamos a hacer en cada momento.

De hecho, como meros administradores temporales de lo público que somos, los políticos hemos de procurar trabajar dentro de los límites del sentido común, bajo el principio de no gastar más de lo que se ingresa para poder tener disponibilidad presupuestaria, algo que además lo requiere la reciente reforma de la Constitución española, que contó con el consenso de los dos grandes partidos políticos de nuestro país y donde se fija el techo del gasto público.

Por eso, es absolutamente habitual que cualquier texto jurídico que se refiere al empleo de dinero público condicione su uso a la existencia de "disponibilidad presupuestaria" -una jerga económica de obligado cumplimiento de la Europa a la que pertenecemos- o bien "siempre que sea compatible con las necesidades económicas". Les invito a ustedes a buscarlo en Convenios de Carreteras, en convocatorias de ayudas de cualquier institución o, por ejemplo, en las declaraciones institucionales a favor de una subvención pública del Estado o la Comunidad Autónoma.

A nadie puede sorprender, por tanto, que la Moción Institucional del Senado de España respecto a las subvenciones del Estado al transporte entre Canarias y la Península incluya también esta frase, que ni suspende ni pone en peligro ni elimina ayuda alguna. Decir lo contrario, que es lo que han venido haciendo sectores de CC y el PSOE en las últimas dos semanas, es una deslealtad y un engaño a los ciudadanos.

Nos llama la atención que ese mismo día, cuando aprobábamos esta iniciativa, la diputada nacional de CC, Ana Oramas, votaba en contra de la prórroga de los 400 euros para los parados de larga duración. Y no contenta con esto, se abstuvo ante la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ayudará a hacer frente a las necesidades de liquidez autonómica.

Lamentablemente, esa facción del PSOE y de CC que tanto se queja, hace unos meses que ya ha pasado del lloriqueo al victimismo, y lo que es peor y más peligroso, a la amenaza. Aunque las subvenciones al transporte estén perfectamente garantizadas por ley, pretenden seguir haciendo creer que el Partido Popular quiere fastidiar a los canarios. Y, encabezando esas tesis, el presidente del Gobierno canario, empecinado en mostrar a las Islas como una comunidad autónoma problemática y lastímera.

Es el mismo Ejecutivo autonómico, cuyo presidente se ha enzarzado en las últimas semanas en una espiral de declaraciones malsonantes contra el Gobierno de España, pretendiendo organizar frentes regionalistas contra el Partido Popular. Y para lograrlo son capaces de hacer frente común con políticos como Griñán, un ejemplo de mala gestión, y así lo pone de manifiesto el caso de los ERE, con un desvío de 1.400 millones y donde hay personas imputadas por este desvío de dinero.

Y también son los mismos políticos que se han querido apropiar de los beneficiosos efectos que han traído a las Islas medidas como el Plan de Pago a Proveedores, dotado con 650 millones de euros para las Islas, o el aplazamiento del pago de la deuda de la comunidad autónoma otros diez años.

Por más que diga este sector de CC y PSOE, el descuento del 50% a la compra de pasajes para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla nunca antes ha estado tan garantizado y presente para el Gobierno de España, que está realizando los máximos esfuerzos para mantener la equidad en las ayudas y luchar contra el fraude que se había producido en los últimos años y que, sin duda, iba en contra de los intereses de las Islas.

En el mismo sentido se ha pronunciado la ministra de Fomento, Ana Pastor, o nuestro ministro de Turismo, Industria y Energía, José Manuel Soria, primer canario en ocupar esa alta responsabilidad, y la prueba la tendremos en pocos días cuando esa circunstancia se vea recogida, un año más, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Según reza la moción aprobada, impulsada por el Grupo Popular en el Senado, uno de los objetivos de la legislatura debe ser la mejora de la conectividad marítima y aérea de los territorios no peninsulares en colaboración con las autonomías y mejorar la eficiencia de las bonificaciones.

Nos guía el mismo ánimo que nos ha llevado a ser partícipes e impulsores de cada iniciativa que el Cabildo Insular de Tenerife, el Parlamento de Canarias y las Cortes Generales del Estado han desarrollado para reivindicar las especiales circunstancias de nuestra Isla, ante la propuesta de Reglamento Comunitario sobre las Redes Transeuropeas de Transporte, dirigidas a coordinar la política comunitaria relacionada con la conectividad y la libre circulación en el continente.

Los dos aeropuertos de Tenerife y los puertos de Santa Cruz, Los Cristianos y Guía de Isora se encuentran en la llamada Red Global, y es nuestra legítima aspiración que también se integren en la Red Básica, que comporta determinados privilegios y obligaciones, pero que supone también un reconocimiento de la capital importancia de la conectividad para un territorio.

Ahora, en un ejercicio más de deslealtad política, hay miembros del PSOE que pretenden hacer creer que las culpas son achacables al Partido Popular, cuando fueron las gestiones del anterior ministro de Fomento, de recuerdo poco grato para Canarias, llamado José Blanco, las que pusieron en peligro nuestra inclusión en este máximo nivel comunitario de conectividad, al no incluir nuestras principales infraestructuras portuarias y aeroportuarias en el catálogo de la Red Básica.

Por nuestra parte, el Grupo Popular en la primera Corporación de la Isla, hemos mantenido no pocos encuentros con la plataforma #TFseMueve, que canaliza esta inquietud social, para mostrar nuestro respaldo sin fisuras a la inclusión de Tenerife en el primer nivel de la red. Estamos convencidos de que Bruselas puede modificar esos criterios atendiendo a nuestras necesidades específicas y a nuestra condición de Región Ultraperiférica, que nos ha hecho merecedores de trato diferenciado en muchas otras ocasiones.

#TFseMueve es un movimiento social en defensa de nuestra Isla, a la que pueden sumarse con su firma todos aquellos que quieran respaldar sus fines. Las personas que deseen adherirse tienen ocasión de hacerlo a través de internet, en la web http://tfsemueve.org/, o bien en el documento que portan los voluntarios de la plataforma y que también encontrarán en sus respectivos ayuntamientos.

El consenso y el diálogo se hacen más necesarios que nunca. Tanto en este como en otros muchos aspectos, relacionados, sin ir más lejos, con el complicado momento de crisis que atravesamos, revelan que Canarias debe caminar unida, trabajando dentro de Canarias y de Europa, puesto que valemos mucho más juntos que separados.

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