ES UNA PALABRA que todavía se utiliza: "¡Aconduta tu vida, cristiano!". Según la Academia Canaria de la Lengua significa ''ahorrar'', ''economizar''. "Matábamos un cochino y lo acondutábamos bien para que nos diera para todo el invierno". Y supongo que procede del término castellano "conduta", que en el Diccionario de la Real Academia Española figura como ''instrucción que se daba por escrito a quienes iban provistos en algún gobierno''.
Entonces podemos decir perfectamente que con las nuevas tasas judiciales quieren acondutar la justicia, procedimiento, por cierto, muy loable en la ineludible tarea de dosificar y poner cabeza en la administración de un Estado que se había ido de vareta. El problema es que el camino por el que se opta en exclusiva es el de castigar los bolsillos de los consumidores. En este caso a quienes se ven en la obligación de recurrir a ella, porque, además, como en otras muchas cosas, la determinación se aplica a lo bestia. Es como si para evitar que haya tanto tráfico en la carretera se promueve un Real Decreto Ley por el que se les corta un dedo a todos aquellos que pillen conduciendo por un trayecto que pueda cubrir el servicio de guagua o tranvía. Seguro que a los pocos días de empezar a aplicar la ley tomando medidas tan drásticas muchos de nosotros cambiaríamos de hábito. Pónganle el cuño, la circulación mejoraría.
Sabemos que hay otros posibles caminos o métodos para acondutar la justicia. Por ejemplo, simplificando figuras, procesos y metodologías, haciendo que realmente funcione y que al final paguen los que tengan que pagar. Por ejemplo: yo vendí una propiedad y en el documento firmado en la notaría quedó claramente recogido que el IBI lo pagaba en este caso el comprador, que por cierto era un empresario muy conocido que ya falleció. El Consorcio me embargó las cuentas dado que el sujeto pasivo del impuesto es el vendedor, la reclamación judicial lleva casi tres años en marcha y no tengo ni pajolera idea de qué tiempo más tendré que esperar.
Sin duda que la justicia, a poco que vaya absorbiendo el estreñimiento mediante semejante "tasa de wáter", va a ser más rápida y eficaz. Faltaría más, porque con muchos menos casos se tramitarán más rápido tirando de la cadena, pero será una justicia exclusiva de los que puedan permitirse -teniendo en cuenta la crisis y la escasa capacidad de los bolsillos- semejante lujo. ¿Cómo me vas a denunciar si eres un muerto de hambre?
Se coloca la poderosa barrera de entrada al sistema llamada "don dinero", y se mete un volantazo de entre 100 y 1.200 euros en lo que algunos han calificado de chapuza nacional o prostitución legislativa, aunque sea lo mismo que el gobierno del PP ha incoado en el mercado laboral, en la educación o en la sanidad, porque para acondutar no ve más alternativas que estallar al que se tiene que callar. Digamos que, llevándolo al extremo en tono jocoso, es como si para acondutar se llegara a la conclusión de que a los jubilados hay que fusilar. Creo que mucho no habían de tardar.
Alfredo Pérez Rubalcaba, de momento líder de la oposición, tacha la referida subida de involución, "un retroceso más en nuestro sistema de derechos y libertades". Dice: "El PP utiliza la crisis como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de ideología", basándose en "argumentos económicos falsos", y advirtió de la gravedad del momento porque "la derecha española nunca se había atrevido a tanto".
Pero hay que entenderlos, animalitos, solo pretenden paliar la saturación de los Juzgados, además de dotar con unos mayores recursos -para mejorar la financiación- al sistema, y en particular a la asistencia jurídica bien pagada.
Ahora la Justicia, sin pobres y desgraciados, funcionará mejor. Aparte de abogado y procurador, el sistema cobrará, en el orden civil: juicio verbal y cambiario, 150 euros; juicio ordinario, 300 euros; monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal, 100 euros; ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales, 200 euros; concurso necesario, 200 euros; apelación, 800 euros; casación y extraordinario por infracción procesal, 1.200 euros. En el orden contencioso-administrativo: abreviado, 200 euros; ordinario, 350 euros; apelación, 800 euros; casación, 1.200 euros. En el orden social: suplicación, 500 euros; casación, 750 euros.
Lo exigible sería que acondute de la misma forma a bancos, eléctricas, petroleras, tecnológicas y grandes empresas o fortunas.
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