SI PARTIMOS de que el concepto de déficit fiscal o déficit presupuestario describe la situación en la cual los gastos realizados (por el Estado, por la comunidad autónoma, por los cabildos, por los ayuntamientos) en un año superan a los ingresos no financieros en el mismo período, y de que el déficit público podemos definirlo como el del conjunto de todas las administraciones públicas, nos encontramos con que su eliminación se ha convertido en la verdadera piedra filosofal, incluso para las empresas y para las personas normales de carne y hueso.

Las acumulaciones de déficit -que son la conclusión negativa de la cuenta de resultados de un periodo- producen la deuda -que es un dato de balance que suma los números rojos totales ante terceros- y al menos, como mínimo, deberíamos controlarla porque es verdad que andaban desbocadas. Sin ir más lejos, este año que concluye, en el que se supone nos hemos derrengado por conseguirlo, vamos a añadir nada menos que unos 60.000 millones a la deuda.

Como obsesión, sin duda puede ser cuestionable, de hecho lo es desde Keynes. Pero probablemente no quede otra porque si seguimos sin controlarlo nos matarán con la maldita prima del diablo. A mi modesto entender, nos habíamos pasado tres pueblos. Los recortes y la austeridad eran necesarios, mi mayor cuestionamiento en este sentido viene por el lado de la urgencia paralela e ineludible de aplicar medidas de estímulo que por lo menos frenen el decrecimiento, por ejemplo, ¡yo qué sé!, activando el REF o la actividad minorista bancaria, acabando con la moratoria para hoteles de cinco estrellas, liberalizando el sector de las energías alternativas, dando aire al campo y no firmando desde luego el nefasto acuerdo con Mauritania, porque si encima de la tijera nos empeñamos en destruir y destruir pues solo quedará sumergir.

Y en esta misma argumentación, y con la excusa si quieren de la imposición del entorno, aunque también como la consecuencia con él, porque al fin y al cabo somos de momento un apéndice ultraperiférico de otro apéndice, creo personalmente que habría que eliminar a toda costa los déficit tanto de la Autonomía Canaria como de los cabildos, como de los ayuntamientos. Ahora mismo, con la que está cayendo, no puede mantenerse que incrementemos el déficit en el ámbito de Canarias -que ya se entiende que el 80% se aplica a educación, sanidad y coberturas sociales-. A mi modo de ver hay margen suficiente para cubrir la brecha vía incremento de ingresos, habrá que subir un poco determinados impuestos (IGIC, tabaco, alcohol, patrimonio, sucesiones, donaciones...) y lo siento mucho, pero ahora mismo es infumable un rojo nuevo.

Canarias ya pidió 757 millones al Fondo de Rescate, ¡vale!, pero ya está. Estos días están hablando de pedir más en 2013 y eso nos puede colocar todavía más con el culo al aire. El Ayuntamiento de Santa Cruz iba a pedir otro préstamo porque tenía margen. ¡No!, disculpen el atrevimiento, insisto, en este entorno maligno en el que se encuentra la economía de la periferia solo cabe que sea la propia Europa, el centro, el que si eso, y les da la gana -porque les va a acabar interesando ya que si no se van a freír en su propio aceite-, proporcione las alas para despegar. A nosotros solo nos queda gestionar bien eliminando, sí o sí, sea como sea, los déficit y al menos no incrementarlos aunque partiéramos de mejores posiciones que los otros.

Mi madre me decía: "No te compares con los malos de la clase, sino con los buenos". Podemos opinar en contra, y es más, seguramente llevamos razón denunciando que las medidas económicas que se están aplicando son una crueldad extrema, injustas con Canarias, y que además existen alternativas a tanto castigo, por ejemplo haciendo que los ricos paguen lo que tendrían que pagar si porcentualmente contribuyeran con lo mismo.

Lo que no podemos en el plano económico es caminar al revés. Por mucho que tengamos razones especificas de injusticia y discriminación para gastar, es justo, ahora que todo el mundo reduce, aumentar. Ir en dirección contraria. En mi opinión, el déficit hay que eliminarlo, no porque estemos convencidos de que no hay otro camino, sino porque no queda otra en la política de Europa y del Estado. Ni 1,5%, ni 1,2%, ni nada, ni en los ayuntamientos ni en los cabildos, ni en la Autonomía.

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José Antonio Infante