Hubo una época en la que se puso de moda que los equipos de fútbol tuviesen un psicólogo. El objetivo era, lógicamente, que los jugadores rindiesen más sobre el césped. Uno por uno los grandes de la liga fueron contando con estos profesionales. Sin embargo, un entrenador -creo recordar que fue Valdano- se negó en redondo a tal innovación. "Si en el vestuario hace falta un psicólogo, sobro yo", dijo cuando los periodistas le preguntaron al respecto. Apreciación con la que estaba plenamente de acuerdo un catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna cuando hablamos de este asunto.

Posiblemente el responsable de un equipo deportivo, o un directivo de empresa con una miríada de empleados a su cargo, necesite alguna vez cierta ayuda especializada para optimizar la eficiencia de una plantilla. Asunto distinto es que no pueda dar un paso sin esos apoyos externos porque entonces, como señaló el preparador futbolístico, quien está de más es él por incompetente. Un planteamiento trasladable punto por punto al terreno de la política. Es comprensible que un presidente de gobierno central o autonómico, así como un ministro o consejero regional, necesite cierto asesoramiento porque un ingeniero no entiende mucho de leyes -si es que entiende algo-, de la misma forma que un licenciado en Derecho no tiene por qué saber cómo se construye una carretera. Sin más preámbulos, nada que objetar a que un político cuente con algunos especialistas capaces de iluminar sus carencias en determinados campos. Lo inadmisible son los más de 600 asesores que tenía Zapatero (¿cuántos sigue teniendo Rajoy?), o los 17 con los que cuenta el Gobierno vernáculo presidido por el ídem Paulino Rivero, de acuerdo con una noticia publicada ayer por EL DÍA; uno de los escasos medios de comunicación de estas Islas, dicho sea de paso, que no ha conseguido someter el paulinato.

¿Son muchos o pocos esos 17 consultores áulicos? Si pensamos en el propio Rivero, en González Ortiz y en alguno más, incluyendo el viceconsejero de Turismo, pocos me parece porque la labor no solo de informar, sino también de formar a tantos iletrados políticos no es fácil. Lo malo es que, muchos o pocos, nos van a costar 800.000 euros el próximo año. Con lo cual a lo mejor nos sale más rentable que todo el Ejecutivo autonómico siga dándole patadas al diccionario, a la economía y a todo lo que requiera actuar al menos con la simple preparación que tenía antes un humilde bachiller, salvando la circunstancia de que antes acabar el bachiller resultaba más difícil que ahora.

Por si fuera poco, y con las debidas excepciones, la mayoría de esos asesores son enchufados del partido que gobierna. Como en Canarias cogobiernan CC y el PSOE, la lista ha de ser sensiblemente más larga. Gente que no alcanzó un puesto de concejal con sueldo -o de consejero de cabildo; lo que sea-, ni tampoco hubo forma de colocarla en el organigrama de la Comunidad Autónoma porque las direcciones generales y otra canonjías son las que son y dan para lo que dan. Espero, por una simple cuestión de caridad, que a todos les hayan dado un despacho con ventana; sería un maldad tenerlos sin nada que hacer y, encima, sin la posibilidad de distraerse viendo pasar a los transeúntes por la calle.

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