El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite, el pasado día 8, la impugnación presentada por el Gobierno sobre el acuerdo del Parlamento de Cataluña del día 23 de enero, por el que aprobó la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo catalán. Acuerdo este que constituye un desafío abierto contra la Constitución Española (CE), pues sólo una declaración soberana del pueblo español puede reconocer de manera constitucionalmente válida la soberanía del pueblo de Cataluña, mientras que dicha declaración busca dirigir la actuación de los poderes de Cataluña hacia un fin de naturaleza claramente inconstitucional, como es que la soberanía resida en el pueblo catalán y no en el español, vulnerando, por tanto, lo previsto en los artículos 1.2, 2 y 168 de la CE.

La resolución del TC produce la suspensión de la declaración de la cámara catalana durante, al menos, cinco meses, al aplicarse el artículo 161.2 de la CE invocado por el Gobierno al presentar su recurso. Posteriormente, el Alto Tribunal tendrá que pronunciarse sobre el fondo del asunto. A pesar de que dicha resolución no tiene rango de ley y carece, por tanto, de efectos jurídicos, ya que solo expresa una posición política, no cabe duda de que supone un varapalo al gobierno de Artur Mas. Es la primera vez en democracia que el TC suspende un acuerdo de un parlamento autonómico.

La presidenta de la cámara parlamentaria de Cataluña, quitando hierro al asunto, ha declarado que el acuerdo suspendido por el TC no supone ni la independencia, ni la creación de un Estado propio, sino que declara la soberanía del pueblo catalán para hacer una consulta. No obstante, ya ha manifestado que recurrirá la resolución del TC y constituirá una comisión parlamentaria para estudiar el derecho a decidir. También ha manifestado que tanto el Gobierno catalán como la cámara parlamentaria que ella preside piensan continuar con su reivindicación soberanista.

La resolución del Alto Tribunal ha supuesto un respaldo al Gobierno. Su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que todas aquellas actuaciones del Parlamento de Cataluña que supongan incumplimientos de la suspensión acordada por el TC, el Gobierno las enviará o las incorporará a dicho organismo para que tengan sus efectos y para poner en evidencia la suspensión de las declaraciones soberanistas. Así pues, ya ha encargado a la Abogacía del Estado que estudie si la comisión creada el pasado día 8 en el Parlamento catalán, cuya finalidad es aplicar el derecho a decidir, puede recurrirse o incorporarse a la impugnación planteada ante el TC.

Si el presidente de la Generalidad de Cataluña llegara a convocar una consulta ilegal y desobedeciera su anulación por el TC, el Gobierno impugnaría esta actuación ante el Alto Tribunal; y si el fallo es el que el Ejecutivo espera, es decir, la paralización del referéndum y el señor Mas persistiera en seguir adelante con su plan secesionista, entonces la Abogacía del Estado estaría legitimada para denunciar a Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los delitos de desobediencia, sedición y prevaricación, con las consecuencias que de ello podrían derivarse para él.

El señor Mas está desafiando a nuestro sistema constitucional y a las instituciones del Estado. Ese desafío tiene por finalidad el secesionismo, el independentismo de España, de la que la Comunidad Autónoma de Cataluña forma parte. Artur Mas ha optado por el camino de la confrontación afirmando que la declaración del parlamento catalán sigue vigente a pesar de que se trate de una declaración política sin efectos jurídicos. Y así es. Sin embargo, si no se para seguirá su recorrido y terminará llegando a su objetivo final: la declaración de independencia para Cataluña, que es lo que pretende.