En mayo de 1973 se crea el Frente Polisario y se inicia la lucha contra el colonialismo español por la independencia del pueblo saharaui y el reconocimiento a fundar un stado en el territorio del Sáhara Occidental, la antigua colonia española. n los años precedentes ya hay conatos reivindicativos, cuyo suceso más grave fue la desaparición, y posible asesinato, del dirigente saharaui Basisi, por parte del colonialismo español. Son 40 años de lucha, de sacrificios, de sufrimientos, por parte de un pueblo indomable en pos de su libertad y su independencia. n estos 40 años hay reiteradas resoluciones de la ONU reconociendo sus derechos legítimos, en especial, su derecho a celebrar un referéndum de autodeterminación, así como la constatación de que ningún país de la Tierra reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio y que, por el contrario, más de 80 países reconocen jurídica y políticamente a la RASD.

La situación del pueblo saharaui se agrava extraordinariamente cuando, en 1975, fue expulsado de su territorio en el Sáhara Occidental por la ocupación de Marruecos y Mauritania, con la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, en noviembre, impidiéndose con ello la celebración del previsto referéndum de autodeterminación, bajo los auspicios de la ONU y en el marco de la Resolución 1.514, que reconoce este derecho a los pueblos colonizados. Desde ese momento, el pueblo saharaui vive un verdadero drama humanitario, con gran parte de la población en campamentos de refugiados, otra en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y otra parte en la diáspora.

l pueblo saharaui tiene reconocido su derecho a la autodeterminación y a ejercitarlo mediante un referéndum libre y democrático en las múltiples y reiteradas Resoluciones de la ONU, en diversos pronunciamientos de la Unión uropea y en el Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, en octubre de 1975. A pesar de ello, Marruecos ocupa ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental y bloquea sistemáticamente la celebración del referéndum, creando en la zona una situación de inestabilidad y vulnerando los principios del Derecho Internacional.

l stado español tiene una responsabilidad histórica, política, jurídica y moral al ser la antigua potencia colonial y propiciar, con la firma de los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, la ocupación del territorio, impidiéndose con ello culminar el proceso de descolonización.

xiste una enorme preocupación por la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, expresada en las resoluciones de las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al igual que en los informes del Relator de la ONU contra la Tortura y la reciente visita del enviado personal del secretario general de la ONU, Sr. Christopher Ross, a los territorios ocupados. Igualmente, prestigiosas organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado la situación, como Amnistía Internacional y la Fundación Robert Kennedy de .UU. l propio representante de los .UU. en el Consejo de Seguridad planteó una propuesta de ampliar el mandato de la Minurso a los DD.HH., que finalmente fue desechada por presiones de Francia, spaña y Rusia, ante la negativa del Gobierno de Marruecos. sta situación crea un clima de represión y de intimidación en la población saharaui, que sufre todo tipo de vulneraciones en sus derechos políticos, sociales y económicos. Las torturas, las detenciones ilegales, los juicios sin garantías, las condenas injustas, la prohibición de la presencia de observadores de derechos humanos en el territorio está creando un clima de violencia que sólo consigue agravar la situación. specialmente grave ha sido el juicio militar contra 25 activistas saharauis del campamento de Gdaym-Izik con condenas a cadenas perpetuas, y a 30 años, 25 años y 20 años de prisión, vulnerándose las mínimas garantías procesales de los detenidos y denunciándose las torturas y la ausencia de pruebas, como han informado los observadores internacionales presentes en el juicio. Igualmente preocupante es el expolio de las riquezas naturales, que, de manera ilegal, se viene produciendo en el territorio del Sáhara Occidental y que vulneran los derechos económicos de la población saharaui. Por otra parte, las enormes dificultades para solventar las necesidades de carácter humanitario en los campamentos de refugiados de Tinduff están a punto de provocar una catástrofe humanitaria. Las carencias alimentarias, sanitarias, abastecimiento de agua, equipamientos sociales y educativos y de necesidades básicas están llevando a la población refugiada a una situación de desesperación, agravándose todo ello por la disminución de la ayuda humanitaria de los países donantes, como consecuencia de la crisis económica y los recortes sociales y presupuestarios.

Canarias tiene una especial sensibilidad con la causa y la tragedia del pueblo saharaui, por su cercanía geográfica y por las tradicionales e históricas relaciones sociales, económicas, educativas y comerciales que siempre se mantuvieron desde la época de la colonia durante decenas de años. La Comunidad Canaria está muy interesada en que se avance a una urgente solución de este largo conflicto que sólo se puede garantizar en el marco del respeto a la legalidad internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas y el respeto a los irrenunciables derechos del pueblo saharaui a vivir en paz y en libertad en su territorio. s importante recordar algunos acontecimientos recientes que configuran un escenario alentador para presionar al Gobierno de Marruecos en el sentido de desbloquear la situación actual:

?La última Resolución 2.099 (2013) del Consejo de Seguridad de la ONU reitera una vez más que la solución pasa por respetar el principio de autodeterminación y celebrar un referéndum para que el pueblo saharaui decida su futuro.

?l conflicto de Malí es una amenaza para la estabilidad de la región y para su desarrollo, por lo que otro conflicto en el Sáhara Occidental tendría repercusiones imprevisibles.

?l deterioro interno y externo del Gobierno de Marruecos y del propio rey, así como sus propias desavenencias, son evidencias palpables que debilita aún más la importancia estratégica de Marruecos para las potencias occidentales.

?l creciente protagonismo de Argelia en la región, con acuerdos económicos y comerciales con .UU., Francia y spaña, es un factor de equilibrio para propiciar una solución pacífica y respetuosa con el orden internacional y los derechos del pueblo saharaui.

?La propuesta del Gobierno de los .UU. de evidenciar la violación de los DD.HH. por Marruecos en el Sáhara Occidental y encargar su protección a la Minurso es un varapalo al Gobierno de Marruecos que tendrá sus repercusiones en el futuro.

Por todo ello, es esencial que el movimiento solidario con la causa del pueblo saharaui impulse un conjunto de acciones prioritarias que se concretan en:

1.-Reiterar el apoyo al derecho que tiene reconocido el pueblo saharaui a la autodeterminación y a ejercitarlo a través de un referéndum libre, democrático y donde se planteen todas las opciones, incluida la opción de la independencia,.

2.-Mostrar la preocupación por la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados que se ejerce sobre la población civil saharaui del Sáhara Occidental e instar el cese inmediato de la represión, la libertad de todos los presos políticos saharauis defensores de los DD.HH.

3.-Apoyar los proyectos de ayuda humanitaria destinados a paliar las graves carencias de productos básicos en los campamentos de refugiados, sobre todo en alimentación, salud, educación, vestido, calzado y servicios básicos.

4. Solicitar del Gobierno de spaña una posición clara en defensa de la legalidad internacional y la implementación de los acuerdos de la ONU. Igualmente es necesario que el Gobierno de spaña facilite el reconocimiento efectivo del Frente Polisario, como representante legítimo del pueblo saharaui.

5.Hacer un llamamiento a la opinión pública, organizaciones solidarias, sociales, educativas, sindicales e instituciones públicas para apoyar estas justas demandas de la población saharaui.

*Carmelo Ramírez (consejero del Cabildo de Gran Canaria), Flora Marrero (diputada por Tenerife), Ángel Víctor Torres (alcalde de Arucas), Juan Antonio de la Hoz (consejero del Cabildo de Lanzarote), Narvay Quintero (senador por l Hierro), Nieves Rosa Pulido (diputada por La Palma), Josefa Milán (concejala de Telde), Claudina Morales (alcaldesa de La Oliva), Teresa Morales (Movimiento Solidario por el Sáhara) y Víctor Chinea (diputado por La Gomera)