En estos momentos históricos que la política atraviesa bajos índices de credibilidad y rechazo ciudadano, que el Tribunal Supremo solicite al Senado autorización para inculpar al anterior alcalde de Santa Cruz de Tenerife, hace que no solo se enturbie su labor en el Ayuntamiento, sino también la actividad política santacrucera. Ya de por sí la indignación ciudadana es grande al no entender por qué todos los españoles somos iguales ante la ley salvo los aforados, que en vez de instrucción y enjuiciamiento penal de sus actos por los jueces y tribunales ordinarios, lo es, como en este caso, por el Tribunal Supremo.

En principio, resulta contradictorio que el Senado tenga que autorizar que se investigue la actuación Miguel Zerolo como alcalde por un posible delito de prevaricación, pero al acceder a senador de Coalición Canaria pasa a estar aforado. Guste o no guste, así es la ley.

Ahora el Senado tiene que votar si acepta o no el enjuiciamiento, trámite que si no es aprobado detiene la investigación. Toda una posición privilegiada, que posiblemente mucho tuvo que ver para que Coalición Canaria le hiciera senador. La condición de aforado goza del derecho a ser juzgado por un tribunal diferente al que correspondería a todo ciudadano de a pie, lo que se conoce como fuero o privilegio en materia de jurisdicción, y se extiende a cualquier delito cometido, sea o no en el ejercicio del cargo.

¿Por qué esa huida de ciertas autoridades hacia el aforamiento?. Posiblemente porque el nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo se pacta entre los partidos más representativos al depender del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez es un reflejo de la composición política del Congreso y el Senado, lo cual, guste o no guste, así es la ley.

Salvo en un caso, el Senado siempre ha aceptado el suplicatorio del Tribunal Supremo para imputar o inculpar a un senador. En la VIII Legislatura (2004-2008), siendo senador del PSOE por Tenerife, participé en algunos casos favorables al suplicatorio por el Senado. Al tratarse de una votación secreta, la decisión depende de la voluntad de los senadores que asistan al Pleno, de lo que dependerá que se prosiga o no la investigación del ex alcalde, acusado de un posible delito de prevaricación relacionado con las obras que para albergar oficinas municipales se realizaron en 2005 en el Instituto de Enseñanza Secundaria Hermanos García Cabrera sin el preceptivo concurso público, a pesar de las advertencias y reparos de Intervención, una ilegalidad de la que, según el Tribunal Supremo, era consciente el alcalde.

Han transcurrido nada menos que ocho años, un caso más de gravísima lentitud de la Justicia. El presupuesto, que inicialmente era de 300.000 euros, acabó en seis millones.

Muy llamativa es otra imputación al ex alcalde por el caso Playa de Las Teresitas, pendiente desde 2001, hace doce años. Se le acusa de malversación de fondos por la compra del frente de la playa valorada inicialmente por la Gerencia de Urbanismo en 17 millones de euros pero comprados finalmente por 52,4 millones, lo que motivó la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.

Otro asunto sonado es el Caso Siliuto, que ha obligado a ocho cargos de la etapa de Miguel Zerolo a prestar declaración ante los Juzgados, dado que Urbanismo tuvo en sus manos varias tasaciones diferentes para adquirir un edificio emblemático del barrio de El Toscal con el fin de instalar la Casa de la Juventud, y curiosamente optó por la más cara. Según la Fiscalía se compró la casa por 188.000 euros más de su valor real, una situación que data de 2002, nueve años atrás. Mamotreto, venta de Emmasa o la posible imputación de dos redactores del Plan General de Ordenación son, entre otras muchas, cuestiones pendientes.

No resulta fácil opinar públicamente sobre el alcalde al que traté durante cuatro años siendo portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz, máxime cuando su trato personal fue correcto conmigo, pero otra cosa es su actuación política, sobre la que ojalá la Justicia dictamine cuanto antes, por su bien y el de una ciudad encantadora, que merece políticos de gran altura, una ciudad con muchas luces pero también con algunas sombras como las que en herencia ha dejado Miguel Zerolo.

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