El valor de una administración pública se mide en función de la aptitud de sus trabajadores, de ahí la importancia que adquiere disponer de una plantilla eficiente, capaz de trabajar con rigor y responsabilidad.

Los empleados públicos ejercen un cometido esencial en la prestación de una serie de servicios fundamentales para los ciudadanos, que de alguna manera se convierten en sus empleadores, circunstancia que hoy en día asumen unos y otros. Además, disponemos en términos generales de unas administraciones atendidas por profesionales con un nivel creciente de capacitación, mejor preparados y altamente cualificados.

En el caso de los Cabildos Insulares, y más en concreto el de nuestra Isla, podemos hablar sin lugar a dudas de una administración pública sería, solvente y eficiente, que en buena medida es fruto de la gran dedicación y competencia de la plantilla de profesionales con la que cuenta. De hecho, según se desprende de un informe hecho público recientemente por la Audiencia de Cuentas de Canarias, la Corporación tinerfeña es la más eficiente del Archipiélago, debido a que sus gastos de personal suponen para cada ciudadano de esta Isla 84 euros al año, cifra que en el caso de Gran Canaria -con el otro gran Cabildo de la región- se eleva a 127 euros.

Sin embargo, algunas informaciones publicadas en las últimas fechas han pretendido deformar la realidad, abundando en la misma visión torticera que se empeñan en ofrecer determinadas voces políticas. No sabemos efectivamente si tal enfoque deriva de la intencionalidad o surge del azar, pero resulta necesario aclarar algunos datos aparecidos en esas publicaciones, en aras de colocar las cosas en su sitio. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el presupuesto que dedica cada corporación insular al capítulo de personal, apartado en el que el Cabildo de Tenerife es el que lo hace en menor cuantía, con el 13,08 por ciento, más de cuatro puntos por debajo que el de Gran Canaria (17,95 por ciento).

Del mismo modo, se trata de hacer ver que es Tenerife la isla con el mayor número de trabajadores al servicio de su Cabildo, cifrado en 1.522 dentro del informe de la Audiencia de Cuentas, cuando en realidad dicha posición la ostenta Gran Canaria, con 1.608 empleados públicos en su corporación insular. Y dentro de este apartado también se pretende señalar al Cabildo tinerfeño como el que más personal eventual aglutina (33 trabajadores), algo que tampoco es cierto, puesto que la institución grancanaria totaliza 45 empleados con la consideración citada, según se refleja en el documento aludido. Dicha diferencia se refleja asimismo en el apartado de consejeros y cargos con retribución, que son 82 en el caso de Gran Canaria, por 60 en el de Tenerife.

Cabe indicar, además, que en el período analizado (31 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2011), el número de empleados públicos de los siete cabildos disminuyó un 4,3 por ciento en términos globales, concretándose esta reducción en cinco de ellos: Tenerife (1,7 por ciento), Gran Canaria (2), Fuerteventura (4,9), La Gomera (7,6) y El Hierro (9,1). No obstante, conviene recordar que nuestra Corporación insular viene llevando a cabo un proceso de reducción de empresas públicas, conforme a la necesidad de adaptarnos a los nuevos tiempos, marcados por una crisis económica sin precedentes, sin que este ajuste haya supuesto la destrucción de ningún puesto de trabajo.

En coincidencia con la efeméride del centenario de la constitución del Cabildo, hemos insistido en la idea de que son pocas las cosas realizadas durante este siglo en las que no haya participado esta Corporación, caracterizada como una administración ejemplar, ajena a los escándalos y los grandes conflictos. Y esto ha sido virtud tanto de sus presidentes y consejeros como del personal de esta institución, que siempre ha trabajado y luchado por la mejora y el futuro de Tenerife. Gracias al esfuerzo de tantas personas y de esa manera de hacer, este Cabildo no sólo es la Corporación más eficiente de Canarias, sino que también se distingue como una entidad de referencia en el conjunto del Estado español, capaz de establecer pautas de actuación y colaborar con otras instituciones.

*Presidente del Cabildo de Tenerife