El Gobierno de Canarias ha aprobado "una estrategia de desarrollo regional a medio y largo plazo", denominada Plan de Acción de la Estrategia Europa 2020 en Canarias, en la que se evidencia, por una parte, la ausencia de propuestas para abordar los problemas del Archipiélago y, por otra, una incapacidad preocupante para diagnosticar correctamente algunos de esos problemas. Se trata de una estrategia continuista que, de aplicarse, incrementará y estabilizará la precariedad del nivel de vida de la ciudadanía y, asimismo, agravará la insostenibilidad de nuestro modelo económico.

El documento plantea que Canarias será una región "intensiva en conocimiento" y ello supondrá, por ejemplo, que "será el laboratorio europeo en el Atlántico medio" para "la sostenibilidad en la gestión energética y en el abasto de agua y alimentos". Pero no se explica cómo se lograrán tales objetivos en un Archipiélago en el que sólo el 9% de la electricidad consumida es de origen eólico o solar (frente al 24% de promedio en el Estado) y en el que se importa el 92% de los alimentos que se consumen. El "laboratorio europeo en el Atlántico medio" va a tener dificultades para acreditar la "sostenibilidad" en el abasto de alimentos produciendo sólo el 8% de los que consume y planificando "el desarrollo de biocombustibles" que competirían con otros cultivos.

El Plan de Acción de la Estrategia Europa 2020 en Canarias se propone fomentar las actividades de investigación y desarrollo. Ello implica "generación de conocimiento y potenciación de la excelencia" en varios ámbitos, por ejemplo, en "biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad y a enfermedades tropicales". El hecho de que, en 2014, el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales tenga que recibir 325.000 euros del Gobierno de Senegal para mantener su actividad no empaña los nobles objetivos del plan. Tampoco merece el menor comentario el hecho de que Canarias dedique a I+D el 0,58% de su PIB, frente al 1,33% estatal y al 2,03% de la UE. Asimismo, con el 4,5% de la población de España, Canarias cuenta sólo con el 1,8% de la población ocupada en I+D en el Estado.

El plan también plantea "la mejora de la educación superior" en el mismo curso académico en que las tasas de matrícula universitaria se encarecieron un 42,1% y en el que la Universidad de La Laguna perdió 1.051 estudiantes. Obviamente, dada la desconexión con la realidad, el hecho de que Canarias sea la Comunidad Autónoma con más estudiantes por docente no impide el objetivo de la "universalización del éxito escolar", ni el hecho de que la población ocupada en actividades culturales sea el 1,9% (frente al 2,8% estatal) impide que "las industrias culturales y creativas" estén "llamadas a jugar un papel de primer orden en la competitividad de la economía de Canarias".

El plan está lleno de objetivos difusos que no se concretan, ni se indica cómo se desarrollarán. Se habla de "fomentar políticas públicas de apoyo a la familia", de políticas activas de empleo, lucha contra la pobreza, crecimiento sostenible y "mejora de la competitividad y productividad del producto turístico canario". Y se aboga por "mantener una significativa menor presión fiscal" en relación al Estado, al tiempo que se ignora el grave problema de desigualdad existente en las Islas, pese a que el Consejo Económico y Social de Canarias, en su Informe de 2010, señaló que "Canarias es la región española con mayores desigualdades en la distribución de ingresos".

El documento insiste constantemente en la necesidad de expandir las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). No habla de resolver el problema de las listas de espera sanitarias, pero sí de telemedicina y del uso de las TIC para lograr "una menor incidencia en los servicios de salud". Las TIC también ayudarán a que la Justicia "proteja a los más débiles", por más que las nuevas tasas judiciales redujeran un 42,2% los recursos contencioso-administrativos presentados en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias durante sus primeros seis meses de aplicación. Habrá "redes ultrarrápidas" en las administraciones públicas y se fomentará "la participación ciudadana en la acción y gestión pública". Nada importa que, en 2009, el presidente Paulino Rivero ya hubiera impulsado una ley de participación ciudadana, elaborada sin participación ciudadana, y duramente criticada en el dictamen del Consejo Económico y Social de Canarias por haber recurrido al trámite de urgencia y carecer de informes preceptivos.

Sobre los problemas de pobreza y exclusión social, entre otros, el plan llega a afirmar: "Estos asuntos que en el pasado podían percibirse como problemas, hoy en día se consideran como mercados en potencial crecimiento y como verdaderos estímulos a la innovación". Quizá en el deterioro social se ocultan fecundos nichos de empleo ultraperiférico. De hecho, el documento afirma que "los altos niveles de desempleo, la baja calidad de los empleos existentes" y "nuevas demandas de consumo han creado en las personas más activas, dinámicas y creativas la necesidad de generar sus propios recursos" e iniciar sus propias empresas. "El emprendimiento se ha convertido en un imperativo ineludible".

Los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha propusieron, en mayo de 2012, varias medidas para que Canarias recaude 2.100 millones de euros más al año. Ese dinero hace falta para abordar los problemas de los 254.000 hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza en las Islas, incluyendo 112.000 menores de edad. La estrategia para 2020 no plantea obtener recursos fiscales con los que hacer frente a estos problemas. Tampoco afronta la cuestión de los bajos salarios, ni la de la vivienda, ni la desigualdad, ni la economía sumergida, ni la atención a las personas dependientes.

El Plan no plantea qué hacer ante el escenario del fin del petróleo barato, con sus potenciales efectos negativos sobre el turismo, ni aborda la imprescindible transformación del insostenible modelo de movilidad actual. No se reivindica el papel de lo público en la generación de recursos para el bienestar colectivo, ni el necesario y urgente cambio de modelo energético, ni qué hacer ante el evidente agotamiento de importantes aspectos del modelo económico canario. El Plan es un brindis al sol profundamente irresponsable, que tira por la borda el tiempo de que disponemos para llevar a cabo reformas sustanciales de nuestro modelo económico, ignora y desprecia las necesidades democratizadoras del Archipiélago y valida la mentalidad económica generadora de desigualdades, liquidadora de lo público y comprometida con la creación de espacios de negocio para quienes más tienen.

*Coordinador de Izquierda Unida Canaria