Todavía en proyecto, el Partido Popular está imponiendo con su rodillo de mayoría absoluta una ley hecha a medida para atentar contra la autonomía y sostenibilidad de los ayuntamientos, garantizada en la Constitución. Una ley que el PP ha denominado, paradójicamente, de "racionalización" y "sostenibilidad" de la administración local, que en el caso de Canarias puede asestarle un golpe mortal a nuestros 88 ayuntamientos y 7 cabildos insulares.

El pasado martes fue expuesto y debatido durante ocho horas en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado el dictamen elaborado por el PP, con la participación reglamentada del ministro relacionado con dicho proyecto de ley, el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y los consejeros de los 17 gobiernos autonómicos y 2 ciudades autónomas, interviniendo en nombre del Gobierno de Canarias el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Hernández Spínola, que con total claridad y concreción expuso y defendió las singularidades de Canarias, concluyendo con una posición contraria a dicha ley del PP, al no dar una respuesta contundente a la realidad administrativa de las Islas, que sin embargo sí contempla la Unión Europea con el reconocimiento expreso en el Tratado de la Unión al trato singular como región ultra periférica.

La descoordinación dentro del PP fue tan manifiesta que hubo momentos de la intervención del ministro que nada tenían que ver con el dictamen elaborado por su propio partido, en el que se producen voces críticas entre sus alcaldes, y de hecho varios consejeros autonómicos del PP, a pesar de la férrea disciplina que les ata, dejaron caer sutilmente dudas y sugerencias al ministro para que reconsiderara aspectos de la ley negativos para el municipalismo, y de hecho causó risa oír a Cristóbal Montoro que pretendía potenciar los servicios sociales de ayuntamientos pequeños, cuando el PP contempla traspasarlos a los gobiernos autónomos o diputaciones, incluso privatizarlos, una de las claves no desveladas de la ley, cuestión que puntualmente denuncié en el diálogo sobre reforma local en la reciente Conferencia Política del PSOE.

Todos los grupos del Senado (PSOE, PNV, CiU, Entesa del Progrés de Cataluña, IU y Amaiur), excepto el PP, plantearon votos particulares y su oposición a la ley, y cuatro comunidades, Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias, la rechazaron por considerarla inconstitucional, amenazando con recurrirla ante el Tribunal Constitucional si no es modificada durante el trámite parlamentario del Congreso y Senado.

Dentro de la diversidad de territorios tan rica que caracteriza a España, Canarias es una comunidad muy diferente a las peninsulares y Baleares, puesto que además de la lejanía geográfica de Madrid, 2.000 kilómetros, somos islas, aspecto puntual que tanto nos identifica y proporciona esa exclusiva idiosincrasia socio-económica y político-institucional. Más de dos millones de habitantes, siete islas, además de la Graciosa, 88 municipios con una media de habitantes muy superior a la mayoría de los municipios peninsulares, 7 cabildos insulares con más competencias y capacidad de gobierno que las diputaciones provinciales, donde sus consejeros son elegidos directamente por los ciudadanos, características que no se dan en las diputaciones, que sin embargo, por increíble que parezca, el PP ha ignorado al no citar una consideración concreta de nuestra singularidad institucional canaria.

Se trata de una ley que distancia aún más a los ayuntamientos de sus vecinos, muy centralista, y por tanto colisiona con las competencias de nuestro gobierno autónomo, que más parece una contrareforma al despojar de competencias al 95% de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, con lo que la ley del PP esconde la clave no desvelada de la privatización de los servicios públicos, que, al perseguir un ánimo de lucro por parte de las empresas adjudicatarias, serán más caros y menos útiles a los ciudadanos. Pero además la hace en contra de todas las demás fuerzas parlamentarias, con lo que está abocada al fracaso, como otras tantas que salen adelante solo con los votos del PP, cuando leyes de tanta trascendencia como ésta o la de educación precisan del consenso mínimo, y de hecho todos los grupos avanzan que las derogarán en cuanto el PP pierda la mayoría.

Mientras, en el Senado, de acuerdo con nuestro Parlamento, la Federación de Municipios de Canarias y la Federación Canaria de Islas, seguimos negociando que se contemplen las peculiaridades de Canarias.

*Senador del PSOE por Tenerife.

Secretario de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

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