Democracia maltratada, triunfo de lo individual sobre lo colectivo. El mero anuncio de cualquier reforma en la educación, la sanidad o la administración local recibe la oposición frontal de maestros, médicos y alcaldes, cada cual en defensa de su fortaleza inexpugnable. Lejos de colaborar en matizar o racionalizar las propuestas políticas -desde el conocimiento del sector y su experiencia profesional- intentan (y consiguen) preservar su status quo... "lo mío no me lo toques". No se negocia la reforma, no, se revienta en la barricada. Tremenda falta de ambición entre los implicados que evidencia escasa preocupación por la sociedad en su conjunto, hábito plañidero y ninguna fe en que su sector pueda mejorar. Los derechos adquiridos son lo más importante y cualquier tiempo futuro será peor. Pedro Serrahima, directivo de una compañía de telefonía en auge, sostiene que basta hacer las cosas "normal"; lo comparto como objetivo alcanzable en la gestión de los servicios públicos.
Presión. Corren malos tiempos para la democracia representativa (constitucional) y se impone la asamblearia de la participación ciudadana. Las asambleas las convocan almas cándidas de buena voluntad y las manipulan los expertos de la palabra a conveniencia propia; participan y se significan quienes tienen algo que perder o que ganar, el resto, en casa. Igual que en las elecciones, pensará usted, que cada cual hace con su voto lo que le viene en gana. Es igual pero es distinto: el mandato proporciona perspectiva y funcionan los mecanismos de control (incluida la prensa). Y hay cuestiones que no pueden ser sometidas a votación porque la mayoría no siempre tiene la razón. No creo que sea la manera de redactar un PGO o de planificar las obras públicas. Gobernar según la corriente evita conflictos pero no es gobernar.
Fraude. Mi amigo, que es buena persona, profesional inteligente y trabajador, justifica la economía sumergida porque no está conforme con el uso del dinero recaudado. No entiende (o no quiere entender) que son cosas distintas pagar los impuestos para formar parte del sistema que exigir una buena práctica política. Y puede que tampoco esté de acuerdo con el sistema, pero así son las reglas que hemos diseñado para la convivencia; si no le gustan las puede cambiar, existe el procedimiento; incumplir no es el camino y lo sabe. El veintiocho por ciento de la actividad económica en Canarias no tributa, estiman los inspectores de Hacienda. Demuestra que nuestro principal problema no es el paro sino el fraude. Menos subir los impuestos y más contundencia en la inspección, menos políticas activas de empleo y más concienciación ciudadana. Menos demagogia y al grano.
Promesa. Para cuando sea alcalde de Santa Cruz: renombrar las avenidas Hermoso Rojas y García Gómez y que juzguen las generaciones futuras. Queda escrito.
Intervenir. Financiar con dinero público la puesta en marcha de un instituto tecnológico es una buena idea: después de unos cuantos ejercicios la incorporación de materia gris (importada de donde haga falta) genera patentes y esas patentes pingües beneficios; así se retribuye la I+D, permite crecer, devolver la inversión y crear riqueza. Invertir en infraestructuras, aunque sea a costa de endeudamiento, mejora nuestras condiciones de vida y ofrece oportunidades a la actividad económica. Conseguir que los servicios públicos funcionen "normal" es el leitmotiv de la Administración. Poco más, el resto es prescindible: ni incentivos ni subvenciones ni moratorias. El reto en Canarias a largo plazo es hacer palpable la no intervención: que las ideas de negocio encuentren aquí facilidades para establecerse (simplicidad burocrática), seguridad jurídica (simplicidad legislativa) y bajos impuestos. Lo simple es bueno. Cuando una multinacional como Cepsa, después de ochenta años y de tantísima inversión, cuestiona su continuidad en las Islas -no se nos escapa- es que nuestro régimen especial no funciona. El nuevo REF es el reto.
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