Es así como veía el Partido Popular heredado de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid las enfermedades de sus vecinos cuando pretendió la privatización de seis nuevos hospitales públicos y varios centros de salud construidos con su dinero como contribuyentes de la hacienda pública. Bajo el paraguas técnico de un proyecto de externalización de la gestión de la sanidad pública, en un gesto intolerable de hipocresía que lo que realmente perseguía era atender la parte rentable de la asistencia sanitaria, la medicina de bajo coste, y derivar a la pública los tratamientos costosos como el cáncer, los trasplante, la cirugía complicada, los enfermos incurables, etc., etc., con lo que las empresas adjudicatarias de la externalización de la gestión, todas pertenecientes a sectores privados presuntamente próximos y con vínculos con el Partido Popular, ansiosos de penetrar en la gestión del dinero público, pretendían hacerse con un negocio muy rentable, eso sí, pero a costa de las enfermedades y los enfermos.

Recordemos que los recursos que la Comunidad de Madrid dedica a la sanidad son de unos siete mil millones de euros, la mitad de todo su presupuesto. Una vez conseguida la privatización, la sanidad pública permanecería rehén de las empresas adjudicatarias y de sus intereses y afanes desmesurados de negocio, quedándose con la parte más rentable, derivando los casos más complicados y costosos a hospitales públicos de más nivel, una práctica de la que tampoco somos ajenos en Canarias en determinados casos de los conciertos del sector público con el privado. O lo que es lo mismo, para decirlo alto y claro: una gestión donde el objetivo fundamental era hacer negocio, siendo el enfermo un mero instrumento, interesando la enfermedad no el enfermo en sí, sino el negocio que pueda obtenerse de él. Gravísimo y descarado.

Finalmente, la Justicia, por fin, ha parado tanto desatino, y el heredero de Esperanza Aguirre, Ignacio González, el de la famosa sombra que cubre al "miniático" de lujo malagueño, ha cesado a su consejero de Sanidad, el prepotente Javier Fernández-Lasquetty, que siempre había despreciado el impacto de la marea blanca madrileña, así llamada a las continuas manifestaciones de trabajadores de la sanidad pública por las calles de Madrid en contra de la privatización de su gestión, que hubiera afectado a más de 5.000 trabajadores y un millón doscientos mil madrileños. Las movilizaciones se iniciaron en el hospital de La Princesa, con un encierro indefinido, secundado luego en otros hospitales, no solo madrileños, también en otras ciudades, pasando a los recursos judiciales, a los que se sumaron partidos políticos como el PSOE, cuya federación madrileña solicitó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la paralización del proceso de privatización.

Acostumbrado a que las movidas callejeras en el sector sanitario siempre las protagonizaban los celadores, enfermeras, auxiliares, y si acaso médicos jóvenes, raramente los médicos con responsabilidades en los servicios hospitalarios o profesores universitarios acreditados, en una ocasión que me encontraba en Madrid me metí en una de esas mareas blancas espectaculares, y cual no fue mi sorpresa al encontrarme con jefes de servicio y catedráticos, que hasta entonces solo protestaban sutilmente en los despachos y congresos, nunca en la calle. El malestar resultaba generalizado y parecía evidente que las mareas eran imparables, ellos sabían muy bien lo que se jugaban, nada más y nada menos que su profesión y vocación de servicio público.

La resolución contraria de la Justicia hizo que Ignacio González renunciara a este intento de privatización tras dos años de protestas de los trabajadores sanitarios y los reveses judiciales, no siendo este fracaso el único en la sanidad madrileña, y así recordemos que también tuvo que renunciar a cobrar un euro por receta tras la denuncia del mismísimo Gobierno central del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional.

Tomemos buena nota en Canarias. En democracia, las batallas contra la injusticia y la corrupción se ganan en la calle, eso sí, pacíficamente, con mucha serenidad y aplomo. También en los tribunales, como en este caso, cuando la Justicia funciona.

*Médico cirujano. Senador del PSOE por Tenerife. Secretario de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado.

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