Desde la entrada en vigor, en julio de 2010, de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, del Gobierno socialista, que introdujo la despenalización total del aborto hasta la semana catorce de gestación, con la finalidad de reducir el número de abortos, la realidad ha demostrado todo lo contrario debido a que la práctica abortiva sigue una escala imparable. España es el país de la Unión Europea que mas aumenta el número de abortos, así, mientras que en 1990 se practicaban 37.135 abortos, dos décadas después esa cifra se ha disparado a los 118.359, un 68,62% más.

El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha asegurado que el Ejecutivo va a reformar la ley del aborto, única y exclusivamente, "atendiendo a la Constitución, al margen de lobbies, jerarquías eclesiásticas y conspiraciones imaginativas". Y lo va a hacer sin complejos, defendiendo el derecho de las mujeres y el derecho a la vida. Ha remarcado que el Gobierno no va a limitar ningún derecho de la mujer sino que va a reponer derechos del concebido y no nacido, tal como ha dispuesto el Tribunal Constitucional (TC), hasta en tres ocasiones. Derechos que el PSOE anuló unilateralmente en su ley de 2010 porque decidió que "ese dramático conflicto entre dos derechos uno tenía que ser completamente anulado, dando prevalencia a la mujer".

Veamos. En términos jurídicos, tanto la madre como el hijo concebido pero no nacido, son dos bienes protegidos, aunque conviene aclarar que ambos bienes son dos personas con identidad propia. El hecho de que tras la fecundación el cigoto sea como un grano de arena o cabeza de alfiler no le impide que sea un ser humano que tiene derecho a vivir.

El derecho a la vida de toda persona, desde su concepción hasta su muerte por causas naturales, es algo reconocido por multitud de organismos internacionales, como la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Declaración del Parlamento Europeo, la Constitución del Consejo de Europa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Española y las sentencias del TC español. Todos estos organismos coinciden al afirmar que desde el primer momento de la concepción ese nuevo ser es una persona humana que tiene derecho a la vida.

El PSOE, que cuando está en la oposición rechaza todas las reformas que propone el PP, se sorprende y extraña de que, ahora, el Gobierno modifique la ley del aborto. Ante esto cabría preguntar a sus dirigentes, ¿por qué modificaron en 2010 la ley que se remontaba a 1985 y que convivió con los anteriores gobiernos socialistas de Felipe González y durante seis años con Rodríguez Zapatero? ¿Se puede decir que ambos dirigentes son retrógrados por haber mantenido vigente la ley desde 1985?

Los progresistas enrolados en las filas del PSOE, defensores del aborto, parten de la existencia del derecho de las mujeres a decidir libremente. Una opinión que pone en evidencia ignorancia; una cuestión grave tratándose de un partido político que se considera progresista, porque no existe tal derecho en el sistema jurídico español. No olvidemos que el TC en su sentencia de 1985, estable un principio en relación al no nacido, entre otras razones porque reconoce que el nasciturus es un ser humano totalmente diferente de la madre, por lo que lo declara un bien jurídico protegido.

Si progreso significa avanzar positivamente, los defensores del derecho a la vida debemos seguir adelante en el reconocimiento, promoción y defensa de los derechos de toda persona, conscientes de que solo una sociedad que respeta el derecho fundamental a la vida puede ser democrática, vivir en paz y tener futuro.