Así calificaba don Carlos Quesada, director general de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a la cifra de informes negativos vertidos por directores/as respecto de docentes en comisiones de servicio por necesidades especiales. Así se manifestaba el señor Quesada ante la denuncia expuesta por el sindicato de docentes ANPE respecto a que quince docentes se habían visto afectados por informes negativos de los directores de centros.
Decía ANPE (EL DÍA, 29 de marzo de 2014) que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias permite a los directores "vetar" la continuidad en los centros de profesores interinos mediante la emisión de un informe negativo. Y el señor Quesada argüía de aquella guisa a la cifra porque "sólo quince docentes de los cerca de 2.400 que disfrutan de comisiones de servicio fuesen los afectados". Y se jactaba de que el sistema de asignación de recursos humanos a los centros "cuenta con el apoyo de todas las organizaciones sindicales, ninguna de las cuales ha manifestado reparos en la mesa de negociación". O sea, la culpa de que aquellos informes negativos hayan progresado (al parecer, sin discusión y tratamiento alguno) es de las organizaciones sindicales.
Parece seguro que al señor Quesada le trae sin cuidado la afectación que para cada uno de esos quince docentes ha supuesto el informe negativo. Y mucho me temo que, siendo así, ni se haya preocupado en indagar la justeza o no de todos y cada uno de esos informes que, supongo, también han de incidir en los expedientes personales de aquellos docentes. Y esto no es una anécdota. Es algo muy serio. Y habría de ser estudiado concienzudamente para conocer los argumentos reales de tal informe. Y, desde luego, dar audiencia al docente para la clarificación necesaria. Y por lo dicho por el señor Quesada, esto no se hace porque es una cifra "anecdótica".
No digo yo que los directores de centros docentes no tengan la potestad, y aún la obligación, de emitir los informes precisos que afecten al ámbito de su autoridad, ya sea respecto de docentes y de funcionamiento de los órganos del centro. Pero el informe negativo, el veto, respecto de un docente requiere, ha de requerir, la audiencia formal a éste. En los desgraciados tiempos que corremos de desorientación de valores, configuración de castas y clientelismo, bien pudiera ser que un informe negativo no obedeciese a criterios de eficiencia educativa sino a meros caprichos personales. Para vivir en un régimen dictatorial, bien pudiera haberme evitado los años de esfuerzo y compromiso para el advenimiento de la democracia ¿Depende del PSC-PSOE la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias?