La nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGT) cuyo proyecto se halla en el Senado para su trámite parlamentario, bajo mi punto de vista, supone una desconsideración hacia las administraciones públicas, especialmente las locales, y un menosprecio para con la ciudadanía ya que no se contempla en ningún momento la protección a la salud de la población, ni el respeto a la propiedad privada. Se trata de una Ley que satisfará enormemente los intereses económicos de las operadoras de telefonía móvil que, además, podrán instalar sus equipos donde les plazca.
La nueva LGT parece estar redactada por y para las empresas telefónicas al verse favorecidas, desconsiderando a los ayuntamientos en sus competencias e ignorando los miles de estudios científicos que demuestran efectos adversos sobre la salud de las personas y el medio ambiente. Personas que están enfermando por la exposición continua a las radiaciones electromagnéticas provenientes de la telefonía móvil, wifi y otros elementos radiantes. Un delicado asunto que pese a toda lógica y razón no ha causado mella entre los grupos políticos mayoritarios del Parlamento: PP, PSOE y CiU, al no tener en cuenta las alegaciones y enmiendas a la Ley presentadas por el resto de las fuerzas políticas parlamentarias. Esta falta de receptividad resulta inexplicable, dado que tanto el PP como el PSOE han apoyado las recomendaciones de la Resolución 1815, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 27 de mayo de 2011, sobre los "peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente.
Efectivamente, la Ley pendiente de aprobación supone un menosprecio incomprensible hacia las administraciones autonómicas y locales, tal como recoge dicha norma legal en su artículo 34, que dice así: "La Administración del Estado y las administraciones públicas deberán colaborar a través de los mecanismos previstos en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico, a fin de hacer efectivo el derecho de las operadoras de comunicaciones de ocupar la propiedad pública y privada para realizar el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas". Quiere esto decir que las operadoras telefónicas ya no necesitarán permiso para instalar sus antenas, estaciones base, controladores de estaciones base y centros de comunicaciones, allá donde les plazca al considerarse que estas instalaciones y despliegues "constituyen obras de interés general". Así pues, no precisarán, ni podrá exigírseles por parte de los ayuntamientos una licencia previa de instalación, licencia de funcionamiento, de actividad o de carácter medioambiental, ni otros permisos de similar analogía. Por consiguiente, además, no precisarán gratificar económicamente a particulares o a las comunidades de propietarios, como hasta ahora suelen hacer tan generosamente por la instalación de sus equipos en las azoteas de sus casas o edificios, ya que para tal fin tendrán autorización legal o derecho de ocupación del dominio público o privado, y sin tener que abonar nada. ¿No les parece que tal privilegio se asemeja en algo al antiguo "derecho de pernada" de los señores sobre sus súbditos? ¿Cómo puede ser que progrese esta Ley y vaya a ser aprobada finalmente? ¿Lo van a consentir los diputados y senadores que, se supone, han sido elegidos por los ciudadanos para representarles y defenderles en sus derechos? ¿Qué oscuros intereses se esconden tras esta Ley? ¿Cómo es posible que la LGT conceda un derecho para favorecer a las empresas de telefonía móvil, vulnerando otro constitucional y legítimo, como es el derecho a la propiedad y su inviolabilidad? Quienes han redactado este proyecto de ley, ¿en qué o en quiénes estaban pensando para proponer tal disparate?
Si esta Ley llegara a aprobarse sin modificar los aspectos abusivos que contiene, me temo que lloverán los recursos ante la Justicia y ante el Tribunal Constitucional.