La indocumentada consejera de Empleo, Industria y Comercio del inoperante e incompetente Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, socialista ella, se ha sacado de la chistera un decreto retrógrado, con carácter retroactivo, absolutamente demoledor para la Investigación y el Desarrollo en Canarias, que impide, además, que se puedan financiar los proyectos de I+D, con el agravante de que los tecnólogos parecen no existir para la señora Luengo.

Un decreto hecho a medida de la cúpula del Instituto Tecnológico de Canarias -que parece haberlo redactado-, y cuyo fin no es otro que salvar al ITC. La exposición de motivos va en esa dirección: Orden de 31 de marzo de 2014, por la que se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2006, por la que se regulan las condiciones técnico-administrativas de las instalaciones eólicas ubicadas en el Archipiélago canario.

Véase que el Decreto 32/2006, de 27 de marzo, por el que se regula la instalación y explotación de los parques eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, establece excepciones al sistema de concursos públicos para la implantación de parques eólicos, permitiendo cierta flexibilidad a la hora de tratar proyectos singulares, tales como los proyectos de I+D y aquellas instalaciones eólicas asociadas a sistemas singulares de acumulación energética.

En Canarias, además de la regulación de carácter básico, estas instalaciones se rigen, en cuanto al procedimiento administrativo, por lo dispuesto en el texto autonómico, a saber, el Decreto 141/2009, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.

Pero lo que está meridianamente claro es que, en primer lugar, la llamada clase política, inepta e ineficaz, está a años luz de la clase empresarial y, sobre todo, de los tecnólogos; y en segundo lugar, que las empresas públicas del Gobierno de Canarias, todas ellas deficitarias, le hacen la competencia desleal a las empresas privadas. En especial el ITC, que ha sido el cementerio de elefantes de cargos públicos que no se sabía que hacer con ellos, o donde meterlos.

El decreto este de la señora Luengo, que no hay por donde cogerlo, es una prueba evidente y palpable de la disfunción que existe en Canarias entre política y sociedad; y el abismo entre las funciones de los políticos y las verdaderas necesidades del tejido empresarial, que apuesta decididamente por la investigación y el desarrollo.

Le recomendamos a la señora luengo, ¡a ver si se entera!, la atenta lectura del "Manual Frascati", cuyo nombre oficial es "Propuesta de Norma Práctica para encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental"; y que es una propuesta de la OCDE que, en junio de 1963, reunió a un grupo de expertos en estadísticas de Investigación y Desarrollo (NESTI), para redactarla en la Villa Falconeri, de la localidad italiana de Frascati. Este manual contiene las definiciones básicas y categorías de las actividades de Investigación y Desarrollo, y han sido aceptadas por científicos de todo el mundo. Por esta razón, en la actualidad se reconoce como una referencia para determinar qué actividades son consideradas de I+D.

Las conclusiones que debemos sacar respecto del decreto en cuestión, son varias: 1.- El Gobierno de Canarias no cree en la sociedad del conocimiento, en el know-how, en la propiedad intelectual, en las patentes, en los modelos de utilidad. En definitiva en la Ciencia. 2.- A la opinión pública se le traslada el discurso demagógico de apoyo a las renovables, mientras en el BOC cercenan la investigación y el desarrollo de la tecnología. 3.- Queda patente, pues, el discurso de este Gobierno en contra de las renovables. 4.- Sin duda, el mensaje de esta orden es que se investigue en otra parte, que ya compraremos la tecnología cuando hayan experimentado otros. ¡¡Otro intolerable despilfarro más!!

En definitiva, tras la publicación de la orden de 31 de marzo de 2014, por la que se regula el acceso a la asignación de potencia de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en materia de energías renovables, son días tristes para Canarias. Y lo mejor que pudiera hacer el presidente del Gobierno autonómico, para redimirse en parte de su nefasta labor, es obligar a su consejera Luengo, a retirar inmediatamente ese devastador decreto. Si no, será la muerte del sector.

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