Nada tiene de extraño que Fernando Ríos Rull, en su momento presidente de la mesa de evaluación del concurso para otorgar las nuevas licencias de frecuencia modulada, trate de culpar a otras personas cuando ha sido llamado a declarar como imputado en el Juzgado número 5 de Santa Cruz de Tenerife, que instruye la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por este asunto. Como informábamos ayer a nuestros lectores, también está imputada por este caso Cándida Hernández Pérez, secretaria de dicha mesa de evaluación.

Fernando Ríos echa balones fuera y culpa al asesor Manuel Almeida como supuesto autor ideológico de los criterios de evaluación no previstos en las bases. Criterios en los que posteriormente se fundamentaron las discutidas adjudicaciones de licencia, privando de sus derechos a importantes empresas de la comunicación, entre ellas a EL DÍA. Las concesiones también favorecieron a un periodista de Las Palmas varias veces condenado por injurias y calumnias. La última de estas sentencias condenatorias, ratificada por el Tribunal Supremo, cayó sobre él por mancillar el honor de unos jóvenes e indefensos deportistas. Pese a ello, la empresa de ese periodista canarión tuvo su licencia de radio. A EL DÍA le fue denegada la que había solicitado, como decimos, pese a contar desde hacía años con una emisora muy prestigiosa por sus contenidos y su numerosa audiencia.

Vamos a esperar a la decisión de los tribunales porque, lo hemos dicho siempre, creemos en la justicia de la Justicia. Un respeto y un acatamiento de las sentencias, tanto de las que nos favorecen como de aquellas otras que nos perjudican, que no nos impide hacer una crítica política sobre este tema. Ante los tribunales está imputado el señor Ríos Rull y la señora Hernández Pérez, pero el responsable político no es otro que el entonces, y también ahora, presidente del Gobierno de Canarias: Paulino Rivero. ¿Por qué permitió que siguiese adelante el concurso si sabía que se estaban produciendo las presuntas irregularidades posteriormente denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción? Y si no estaba al tanto de que las cosas posiblemente no se estaban haciendo de forma correcta, ¿qué clase de gobernante es un político que no está al tanto de un asunto tan importante y sensible para la sociedad canaria como lo es la concesión de licencias de radio?

Advierta el lector que decimos sensible e importante porque no estábamos ante una tómbola en la que se gana o se pierde una muñeca de trapo o un oso de peluche. Lo que se dilucidaba era la continuidad de muchas empresas, con lo que ello suponía de pérdida de puestos de trabajo. Insistimos en que no pretendemos invadir un terreno en el que solo es competente el juez. Sin embargo, desde el primer momento nos chocó a todos que un grupo empresarial recibiera más de treinta licencias y otro cerca de veinte, mientras varias emisoras consolidadas en las Islas se quedaban mirando para Taganana.

En el caso de EL DÍA siempre hemos creído que Rivero quería castigar a este periódico porque sus editoriales le afeaban, ya entonces, que no se comportase como un nacionalista auténtico. Además, José Rodríguez se negó a secundarlo en el asunto de las aguas canarias; un camelo que le vendió Zapatero y que él quiso endosarle de tacón, sin conseguirlo, al anterior editor de este periódico. Quería darnos una lección. Pretendía someternos a su santa voluntad con la siempre equivocada política del palo y tente tieso. Ahora dice Rivero que la potestad sobre esas aguas las tendrá el Gobierno regional cuando se incluya en la reforma del Estatuto de Autonomía. Como Santo Tomás, el día en que lo veamos, lo creeremos. Sin embargo, no nos merecíamos semejante castigo -partimos como los perfectos candidatos a no tener licencia por enemistades políticas-, junto con todos los que han venido posteriormente por defender al pueblo canario.

La responsabilidad política de Paulino Rivero en este asunto queda igualmente sustantivada por el posterior nombramiento de Fernando Ríos como comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales. En vez de apartarlo de la política hasta que una sentencia judicial dictamine su culpabilidad o su inocencia, creó para él un puesto con jugoso sueldo que han de pagar los contribuyentes canarios. ¿Eligió Paulino Rivero a Fernando Ríos para tal puesto porque esa función es necesaria y es él la persona idónea para realizarla, o bien actuó para pagarle un favor? Quedamos a la espera de que los tribunales nos saquen de dudas.