En una entrevista reciente, el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar declaraba, con respecto a las elecciones europeas del próximo día 25 de mayo, que "los socialistas esperamos que surja un liderazgo (...) que se distancie del desastre que ha supuesto la presidencia de Barroso". Sin embargo, el eurodiputado canario olvidaba mencionar que el conservador José Manuel Durao Barroso fue elegido para presidir la Comisión Europea con los votos de los eurodiputados del PSOE.
Ahora, López Aguilar defiende a Martin Schulz como candidato de los socialistas europeos para presidir la Comisión Europea. Se trata del "socialista" que, en Alemania, rechazó un acuerdo de gobierno con la izquierda y los ecologistas para formar gobierno con la conservadora Angela Merkel. Por su parte, Elena Valenciano, candidata del PSOE al Parlamento Europeo, expresó recientemente su opinión sobre el acuerdo bipartidista entre conservadores y socialistas alemanes: "afortunadamente el SPD ha entrado en el Gobierno de Merkel".
Cuando López Aguilar culpa a la "abrumadora mayoría conservadora" de la mala situación que vive la Unión Europea (UE), omite señalar que seis de los comisarios que integran la Comisión Europea son socialistas, incluido el español Joaquín Almunia. Y tampoco señala que el PP y el PSOE votan lo mismo en el Parlamento Europeo en siete de cada diez ocasiones. En realidad, el eurobipartidismo está desmantelando la Europa social y sustentando acuerdos de gobierno entre socialistas y conservadores en Alemania, Bélgica, República Checa, Austria, Italia, Rumania, Holanda, Grecia, Finlandia y Malta.
PP y PSOE han contribuido a normalizar la legalización de un estado de excepción permanente europeo. Por ejemplo, con el Semestre Europeo, que permite a la Comisión Europea supervisar los presupuestos de los estados antes de que se debatan en sus respectivos parlamentos nacionales. O el Pacto por el Euro, de marzo de 2011, en el que se establecen medidas para provocar la caída de los salarios en la UE (descentralización de la negociación colectiva, reducción de los precios actuando sobre los costes laborales unitarios, mengua de los salarios públicos para inducir la caída de los salarios privados, etc.). El Pacto por el Euro también recomienda reformas en los sistemas de pensiones, en la sanidad pública y en las prestaciones sociales con el pretexto de reducir el déficit presupuestario.
Sin embargo, no contentos con su reciente historial de políticas antisociales, el PP y el PSOE han decidido seguir contribuyendo a destruir la Europa social. Quienes piensen que el daño causado durante la crisis, por los gobiernos del PSOE y el PP, ya no podrá ir a más, se equivocan. El pasado día 13 de junio, los portavoces del PP y el PSOE presentaron en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley conjunta, por la que instaban al Gobierno de Rajoy a "apoyar un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea".
El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la UE ya se está negociando con la opacidad y la falta de participación pública habituales. El Acuerdo se propone eliminar aranceles y homogeneizar normas y requisitos de comercialización de bienes y servicios. Esto generará nuevos recortes sociales y salariales en la UE para converger con estándares estadounidenses. Asimismo, se destruirá empleo en sectores industriales, agrarios y culturales europeos que difícilmente pueden competir con las ventajas de escala de sus homólogos estadounidenses. Si la UE converge en un mínimo común con Estados Unidos tendrá que suprimir las moratorias al fracking, suavizar la regulación sobre sustancias químicas tóxicas, permitir la comercialización de la carne tratada con hormonas y reducir la protección al consumidor.
El acuerdo entre la UE y EE UU puede ser la cuestión más importante de la próxima legislatura europea, aunque estará fuera del debate electoral porque tanto el PP como el PSOE defienden ese tratado.
Sin embargo, el Parlamento Europeo puede impedir la aprobación de un acuerdo lesivo para la ciudadanía. Pero ello presupondría el debilitamiento del eurobipartidismo que, además, tendría la virtud de posibilitar la reversión de la deriva precarizadora y austeritaria en que se halla sumida la UE. El retroceso del eurobipartidismo haría posible la financiación del plan de la Confederación Europea de Sindicatos para crear 11 millones de empleos. También permitiría acabar con el fraude fiscal, que equivale a todo el presupuesto de la UE, y, por vez primera, se podría implementar un salario mínimo europeo, un presupuesto europeo que desborde el actual, que representa sólo el 1% del PIB, y se podría abordar la convergencia fiscal. Hoy la UE necesita cambiar las normas del Banco Central Europeo, que han generado la crisis de la deuda pública, y derogar los pactos antidemocráticos que desmantelan el bienestar de la ciudadanía europea. Se trata de graves problemas, con consecuencias extremadamente dolorosas para la gente, que no se solucionarán ni apoyando al bipartidismo, ni absteniéndose de participar en las elecciones del próximo día 25.
Izquierda Unida Canaria