El voto debiera basarse en el análisis racional de la realidad y no en lealtades limítrofes con el dogma de fe. La madurez democrática es incompatible con las feligresías de tal o cual partido, sea de derechas, de izquierdas, o, como decía un estadista mejicano, todo lo contrario. Y el análisis racional del escenario político europeo actual es extremadamente preocupante porque evidencia un consenso bipartidista, un acuerdo entre PP y PSOE, en cuestiones de la mayor importancia para nuestras vidas. Prestemos atención a los hechos.
En primer lugar, hay que constatar que, en la Unión Europea, populares y socialistas gobiernan juntos, pues cuentan en la Comisión Europea con doce y seis comisarios respectivamente. Su presidente actual, el conservador José Manuel Durao Barroso, fue reelegido, en 2009, con los votos de los eurodiputados del PSOE. Asimismo, el candidato socialista actual para presidir la Comisión Europea es Martin Schulz, un socialista alemán que ha preferido gobernar con la conservadora Angela Merkel antes que con la izquierda y los ecologistas. También ha felicitado a Rajoy por su gestión y animó "a España a seguir con las reformas".
Es verdad que, aunque el PP y el PSOE han votado lo mismo en el 73% de las votaciones habidas en el Parlamento Europeo, durante la última legislatura (en 5.126 ocasiones de 6.961), lo realmente importante es saber qué ha pasado en votaciones que son socialmente cruciales. Por ejemplo, el día 21 de mayo de 2013 se votó en el Parlamento Europeo una agenda de pensiones que favorece su privatización, reduce la cuantía de las pensiones públicas y retrasa la edad de jubilación. Los eurodiputados y las eurodiputadas del PP y del PSOE, sin una sola excepción, votaron a favor de la propuesta. Algo que, por lo demás, es coherente con las cargas de profundidad contra las pensiones públicas que han legislado Zapatero y Rajoy.
PP y PSOE han votado a favor del Semestre Europeo, que convierte a España en un país intervenido por la Comisión Europea, que se ve facultada para supervisar los presupuestos públicos antes que el Parlamento. Han votado a favor de una Política Exterior y de Seguridad militarista y cautiva de las directrices de Washington. Han apoyado los tratados que consagran el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Es verdad que algunos son conscientes de que, en lo fundamental, hacen lo mismo. De hecho, el propio Mariano Rajoy lo expresó a su manera recientemente al referirse a los socialdemócratas alemanes que gobiernan con la derecha: "El SPD está en el Gobierno alemán; al final somos todos un poco lo mismo, ¿no?".
Desde el PP, Esteban González Pons expresó, también a su manera, la realidad de un PP y un PSOE iguales hasta en lo de creerse distintos: "Elena Valenciano intenta atacarnos por Merkel, pero hace mítines con Schulz, cuyo partido está en el Gobierno en Alemania. Él felicitó a Rajoy por las reformas. Tendría que explicar a Valenciano que le conviene votar a Arias Cañete". Después de todo, Cañete declara que "no descarto una gran coalición PP-PSOE en el futuro". El expresidente Felipe González coincide: "si el país lo necesita lo deben hacer".
A Margaret Thatcher, la ex primera ministra conservadora británica, le preguntaron cuál había sido su mayor logro y respondió que el Nuevo Laborismo. Y así fue: sus adversarios políticos adoptaron lo esencial de sus preceptos económicos y, por lo tanto, dejó de ser necesario ganar las elecciones para aplicar políticas conservadoras. Digamos que el Partido de los Poderes Económicos pasó a tener dos sectores que se alternaban en el poder. En nuestro caso, el Partido del Ibex-35 cuenta también con dos tendencias enfrentadas entre sí que se alternan en el Gobierno.
La realidad bipartita hace que el proyecto de sedación de la conciencia colectiva nunca descanse. El bipartito ha omitido durante el debate de la campaña electoral europea su decisión de apoyar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que resultará demoledor para más y más derechos. Lo que están decidiendo es tan grave que el negociador europeo del acuerdo, Ignacio García Bercero, le ha escrito una carta a su homólogo estadounidense, Daniel Mullaney, en la que garantiza que los documentos referidos a las negociaciones del acuerdo "serán mantenidos en secreto" durante un período de tiempo de hasta 30 años.
El acuerdo supondrá una armonización de las normas laborales europeas y estadounidenses, a través de la convergencia con la normativa laboral de Washington, que no ha ratificado algunas convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Algo que encaja muy bien con la política antilaboral evidenciada en las orientaciones de la Comisión Europea que, por ejemplo, en mayo de 2013, recomendó reducir o congelar salarios a doce de los países de la zona euro.
Otro aspecto preocupante del acuerdo se deriva del hecho de que Estados Unidos no reconoce el principio de precaución en que la Unión Europea sustenta parte de su legislación. Se trata de legislación que protege la salud y el medioambiente ante riesgos que los datos científicos no determinan perfectamente. Por ejemplo, en la Unión Europea están prohibidas hormonas para el crecimiento del ganado que se sospecha que son cancerígenas, pero son legales en Estados Unidos. El pollo estadounidense no puede ser exportado a la Unión Europea porque es lavado con cloro. Asimismo, hay miles de sustancias químicas legalizadas por Washington que a este lado del Atlántico deben someterse a ensayos rigurosos por sus potenciales efectos negativos sobre la salud. Es más, ante un proceso de armonización regulatoria, la normativa europea para atenuar el cambio climático correría peligro, pues ha sido objeto de críticas por dañar la competitividad de empresas europeas ante sus competidoras de otros lugares.
El Acuerdo UE-EE UU reforzaría los derechos de propiedad intelectual, con efectos negativos sobre el precio de los medicamentos. Paralelamente, la profundización en la liberalización de los servicios exigiría, en palabras del profesor Vicenç Navarro, "el desmantelamiento del Servicio Nacional de Salud, eliminando su universalidad". Es más, la liberalización de servicios financieros extendería la más permisiva legislación europea a Estados Unidos, favoreciendo así las condiciones para futuras crisis financieras.
PP y PSOE ya han decidido que van a apoyar este acuerdo que se negocia a espaldas de la gente. Como no quieren que la democracia les estorbe, hace unas semanas votaron contra la propuesta, llevada al Congreso de los Diputados por Izquierda Unida, para exigir un referéndum en España sobre un acuerdo tan importante. No quieren que la gente conozca lo que negocian, ni que se debata, ni que se vote en referéndum. Sin embargo, el Parlamento Europeo puede vetar el acuerdo previsto. Y la ciudadanía desconoce que PP y PSOE lo apoyan. Por su parte, Izquierda Unida votará en contra y usará su representación europea para denunciarlo, junto a otras fuerzas progresistas europeas con las que se ha aliado. Es sorprendente que haya tanta gente que cree que no es importante votar para el Parlamento Europeo y revertir el gran euroengaño bipartidista.