"No está el horno para bollos", ha dicho en Tenerife el expresidente del Congreso de los Diputados José Bono, cuando le han preguntado por la consulta sobre las prospecciones petrolíferas. La intención de Paulino Rivero de realizar tal referéndum, avalado por el Parlamento autonómico, siempre nos ha parecido una impertinencia del presidente del Gobierno regional. Tenemos otros problemas más urgentes que siguen ahí sin que ni el propio Rivero, ni ninguno de los consejeros de su Ejecutivo sean capaces de enfrentarse a ellos con una mínima probabilidad de resolverlos. No pueden hacerlo porque no están políticamente capacitados para ello. A lo largo de estos tres años de legislatura han demostrado innumerables veces que no saben lo que se traen entre manos.

No obstante, más allá de la oportunidad o la validez de dicho plebiscito petrolero está el respeto de los gobernantes de Madrid hacia los derechos de los canarios. ¿Cuándo está el horno para bollos en este Archipiélago?, le preguntamos al señor Bono. ¿Cuándo han dejado los políticos del PSOE, así como los del PP o los de cualquier formación estatista que haya existido en España, que los canarios decidan sobre sus vidas y haciendas? Nunca. La hora de Canarias, la hora de que nuestros recursos se queden aquí en vez de ir a la Península sigue sin llegar. No llegará nunca mientras sigamos de brazos cruzados, encadenados no solo por las leyes que nos imponen desde Madrid sino también por el aplatanamiento -narcosis, como acertadamente decía José Rodríguez- que nos han inducido. Nos han creado un absurdo complejo de inferioridad porque en cualquier país de los muchos a los que han tenido que emigrar los canarios hemos demostrado que sabemos salir adelante como el que más. Es una cualidad intrínseca de los isleños crecerse ante las dificultades.

Confiamos en el pueblo canario. Una confianza absoluta en el futuro de estas Islas si sabemos aparcar a los políticos actuales -el nacionalismo de CC no les sirve a estas Islas- y quitarnos de encima la asfixiante dependencia con España. Hemos cambiado de estilo pero no de objetivos: vamos a persistir sin descanso en la defensa de Tenerife y de Canarias porque creemos en esta tierra. Creemos en sus hombres y sus mujeres. Creemos en la libertad. Profundizaremos sobre estos conceptos en nuestro editorial del próximo domingo, con más espacio del que disponemos en nuestros comentarios de cada día.

"Deseo lo mejor para Canarias", dijo también José Bono. Lo mejor que le puede suceder a cualquier pueblo es ser dueño de su propio destino. No nos basta con conseguir más autogobierno; lo que necesitamos es el pleno autogobierno. Podemos recurrir a argumentos históricos para fundamentar la emancipación colonial de Canarias. Lo hemos hecho muchas veces y es posible que volvamos a hacerlo en el futuro. La historia es importante porque no podemos olvidar que estas Islas estaban habitadas por un pueblo que vivía en libertad cuando llegaron los conquistadores. Sin embargo, existen razones y hechos actuales no menos poderosos para romper nuestras ataduras con España.

Para empezar, hemos de considerar nuestra situación geográfica. No formamos parte de la Península ibérica. No estamos físicamente unidos a España, sino a 1.400 kilómetros de sus costas. Perdimos una gran oportunidad de diferenciarnos de las demás comunidades autónomas españolas cuando, al redactar la actual Constitución, se estableció el Estado de las autonomías. Al margen de los derechos de Cataluña, Vasconia o Galicia a constituirse en países independientes, es absurdo que en esas naciones se haya avanzado muchísimo más en ese proceso emancipador que en Canarias. No tenemos una lengua propia pero la idiosincrasia de un canario se diferencia mucho más de la española que la de un catalán o la de un vasco. Estamos afectiva y culturalmente más cerca de Sudamérica que de Europa y, por supuesto, que de España. Un hecho diferencial que lo entendió la propia Corona española a mediados del siglo XIX, cuando se dieron los primeros pasos para que contásemos con un régimen de puertos francos.

Lejos de profundizar en esas diferencias, optaron los políticos canarios por seguirles el juego a los peninsulares y ser una más de las diecisiete comunidades autónomas españolas. Para más ignominia, no una de las cuatro denominadas históricas sino una de las que militan en segunda división. Tan escaso es el poder del presidente autonómico, que ni siquiera puede disolver el Parlamento y convocar elecciones. Esa decisión, como todas, la toman por él desde Madrid.