Sin querer escudriñar en los pilares del Parlamento europeo, Willy Meyer ha destapado algo que al común nos parece alejado de la moral, pero, sin embargo, los propios eurodiputados, con una formidable visión anticipada de lo que podría sucederles en un futuro próximo relacionado con el mundo crematístico, se inventaron unas leyes para proteger sus espaldas (bolsillos), legislando para sí mismos sin rubor alguno, preocupados por un incierto mañana que les afectaría directamente.

Nos parece indecente que esos 751 políticos cobren un suculento sueldo público, es decir, costeado por todos los estupefactos ciudadanos de la Unión, y, al mismo tiempo, esos estupefactos ciudadanos desembolsen otra cantidad destinada a incrementar un fondo de pensiones denominado sicav y que el citado eurodiputado de Izquierda Unida ha puesto al descubierto presentando, a la vez, su dimisión como integrante de este insultante privilegio; decisión tomada, por supuesto, después de encontrarse atrapado con esta prebenda ¿inesperada? que lleva cobrándose desde 1994 por una tropa interesada y silenciosa.

Pero, la pasada semana, ante el barullo suscitado en diferentes ámbitos, el Parlamento Europeo se ha visto forzado a aclarar que estas pensiones complementarias fueron creadas en el citado año porque los depauperados políticos recibían sus emolumentos desde sus respectivos países y los emolumentos apenas cubrían los elementales gastos que se ocasionaban en Bruselas, por lo que se llegó a la fórmula actual "absolutamente legal". Lo que no se precisa es el porqué de radicar la sede y control de estos fondos en Luxemburgo. Una fugaz consulta revela la respuesta: la sicav tributa en España el l % y en Luxemburgo al 0,01 %. Esta sociedad de inversión de capital variable está ligada, desde siempre, a las grandes fortunas.

Recurriendo a quienes entienden de todos estos tejemanejes, para constituir un fondo de estas características se necesita un mínimo de 100 o más accionistas y un capital de 300.000 euros. La trampa está en que un solo accionista puede tener el 99,9 %. Mientras no se vendan las acciones apenas se tributa. Se hará cuando se desprendan de ellas. Contribuyen entre el 0,01 % y el 0,05 %. Mientras en España existe la obligación de informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores del nombre de los accionistas, en Luxemburgo no. Y así han aparecido allí "populares" de la talla de Cristóbal Montoro, Luis de Grandes, Jaime Mayor Oreja, Íñigo Méndez Vigo y Fernando Suárez. Por los socialistas-obreros: Enrique Barón, Carlos Camero, Emilio Menéndez del Valle, y Fernando Morán, y Rosa Díez, por UpyD. Y así hasta 39. Es sólo un resumen de una lista publicada a nivel nacional. En Canarias existen 8 afortunados...y 130.000 niños por debajo del umbral de la pobreza.

Parece que la legalidad rodea a estas sicav, tanto en España como en Luxemburgo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha apresurado a declarar que él lo dejó bien reflejado en su declaración presentada en el Congreso. Los impuestos se pagan, queda dicho, cuando se venden las acciones. Pero ¿quiénes pueden comprar estas acciones? Circula un argumento hipócrita que afirma que "si se imponen trabas a las sicav en España, el dinero se marchará". Y lo que está sucediendo es que, efectivamente, los dineros españoles están constituyendo, cada vez más, sicav en Luxemburgo. Equidad y sicav son incompatibles.

Si hacemos caso a la estadística que concluye que la mitad de la riqueza del mundo está en manos del 1% de la población, que la crisis económica ahonda la distancia entre pobres y ricos; que la equidad social duerme en un mundo capitalista sin escrúpulos; que es necesaria redefinir la justicia y la democracia; que la clase media debe volver a sus normas para que se apuntale de nuevo su base; que el Estado rinda sus cuentas, que son, o deberían ser, las de todos, es decir, que no sea corrupto; que no se prometa en cualquier programa electoral eliminar los privilegios fiscales concedidos a las sicav; que la reforma fiscal anunciada por este Gobierno tenga en cuenta lo manifestado por los técnicos de Hacienda al proclamar que es regresiva y que estamos ante un fraude; que los impuestos no se lleven el 50% del sueldo de los españoles; que Podemos, por totalitarismos, fracase y se quede en "Pudimos haberlo hecho", pero el marxismo lo desmoronó. Al marxismo lo liquidó Felipe González porque conocía a la profunda y oscura España.