La salud de todos los ciudadanos, sin distinción alguna, es un derecho muy bien reconocido en la Constitución Española, y en el caso de los canarios, nuestro Estatuto de Autonomía, concretamente el artículo 52/32 dedicado a Salud, Sanidad y Farmacia, define con total claridad que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre la organización y funcionamiento interno, la evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios, también la ordenación farmacéutica y la planificación, determinación, regulación y ejecución de las prestaciones y servicios sanitarios, socio sanitarios y de salud mental de carácter público en todos los niveles y para todos los ciudadanos, así como la salud laboral, la animal con efectos sobre la salud humana, la alimentaria, la ambiental, la vigilancia epidemiológica, la competencia ejecutiva en materia de productos farmacéuticos, la planificación de los recursos sanitarios de cobertura pública y la coordinación de las actividades sanitarias privadas con el sistema sanitario público.
En el caso de Canarias, disponemos del Servicio Canario de Salud como instrumento del Gobierno de Canarias, y de los profesionales sanitarios como garantes del cuidado de la salud de los canarios desde que esta competencia fue transferida en 1994 desde el Instituto Nacional de la Salud (Insalud) hace 20 años, desarrollándose y consolidándose un amplio dispositivo para la protección de la salud y la atención sanitaria, gracias en gran parte al inestimable esfuerzo de los profesionales sanitarios, con un excelente nivel de capacitación y reconocida competencia. El Servicio Canario de Salud se financia con impuestos, y poco a poco lo hemos ido dotando de recursos para afrontar la doble insularidad, la derivada de la lejanía peninsular, y la de las islas entre sí, lo que ha derivado en centros sanitarios en Gran Canaria y Tenerife más dotados para servir de referencia a los enfermos de las demás islas que precisen cuidados más especializados.
En este contexto la aportación de los diferentes colectivos sociales y grupos políticos ha resultado fundamental, a modo de alianza que ha convertido al sanitario en un sector económico estratégico de empleo cualificado y desarrollo científico e innovador. Todo un esfuerzo en busca de nuestro bienestar, que exige para su mejora y garantía de futuro una apuesta día a día por fortalecer al máximo el Servicio Canario de Salud y evitar su deterioro para que no puedan justificarse los afanes de privatización, garantizando su sostenibilidad financiera y social. La mayor amenaza del sistema público de salud es la visión por determinados sectores financieros de una oportunidad de negocio, con la consecuencia evidente de disminución en la calidad de prestaciones a los enfermos, y así justificar proyectos como, por ejemplo, las unidades de gestión clínica desde la óptica del Partido Popular o Coalición Canaria, ejemplos clarísimos de maniobras liberalizadoras de la Sanidad Pública.
Porque de lo que se trata es de avanzar en unidades de gestión clínica asistenciales integradoras y multidisciplinarias para mejorar en calidad asistencial, resultados en salud y eficiencia, trasladando a los profesionales niveles progresivos de autonomía en su trabajo, y, en consecuencia, un mayor grado de corresponsabilidad con los objetivos de la sanidad pública y la satisfacción de los pacientes. Pero claro, si el precio a pagar es que dichas unidades no dependan de la dirección gerencia del centro, o se les dote de personalidad jurídica propia, para, por ejemplo, concertar externamente servicios privados, o evitar la compra centralizada de productos y materiales sanitarios, que sí supone un ahorro al sistema público, o no respeten la relación jurídica contractual del personal sanitario, ahí es donde está la trampa, inaceptable desde una defensa de la sanidad pública, tal como denuncié en el pleno del Senado el 19 de febrero pasado ante una moción del PP sobre su modelo de gestión clínica privatizador que no aceptamos en el PSOE. Entonces, en representación del Grupo Socialista en el Pleno del Senado, exigí un pronunciamiento claro del PP de que dichas unidades no contemplen privatización alguna ni necesidad de externalización de la gestión. Mientras, la plantilla de trabajadores de la sanidad pública en España se contrae: 505.185 en enero de 2012, 476.689 al año siguiente.
*Senador del PSOE por Tenerife. Secretario de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado