¿Cuál es el pecado de realizar un trabajo de economía sumergida que me va a permitir dar de comer a mi familia?, se pregunta Iris Gómez, presidenta desde hace algo más de dos meses del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Tenerife. Esto me recuerda a lo que le oí preguntarse también a un peón andaluz desempleado, al no poder continuar con sus actividades la empresa en la que trabajaba porque resultaba demasiado contaminante para el Parque de Doñana. ¿Me está usted diciendo que es más importante la vida de un pato que la de uno de mis hijos?, le espetó al periodista que deseaba conocer su opinión sobre la prioridad de la conservación de la naturaleza a la de mantener un centenar largo de puestos de trabajo.
Un jornalero de las inmediaciones de Doñana es tan respetable como la presidenta de un colegio profesional, aunque la presidenta de un colegio profesional tiene en sus manos más responsabilidades; las suficientes para pensar todo lo que dice y no decir, sin más, todo lo que piensa. El nivel de economía sumergida en Canarias sigue sin conocerse con exactitud. En caso contrario, como se ha subrayado varias veces, no sería sumergida. Nos movemos, por lo tanto, en el terreno de las estimaciones. Casi un 34% del PIB regional; diez puntos más que la media española. Unos 13.000 millones de euros anuales, según ha calculado un sindicato. Basta coger una calculadora para hacerse una idea de lo que podría hacer la Administración con los impuestos que no recauda por esa cantidad. Pero el asunto no acaba ahí.
La economía sumergida es, además, un fraude para las empresas y los trabajadores legales. Una competencia clarísimamente desleal para quienes deben pagar impuestos, salarios regidos por convenios y cuotas a la Seguridad Social, y un engaño para aquellos que realizan trabajos en condiciones precarias pues carecen de todo; de contrato, de prestaciones por desempleo, de seguro médico, de condiciones de seguridad e higiene, etcétera.
Mal está que estas actividades existan; que encima las justifique quien ha hecho de la atención social su profesión y oficio muestra hasta qué punto se ha llegado a aceptar en este país como normal lo que siempre será reprobable. Se argumenta que la economía sumergida evita una explosión social ante el elevado número de desempleados que hay en estas Islas, con las consiguientes bolsas de pobreza. Eso es cierto. El objetivo, sin embargo, no es solucionar el problema del desempleo con parches, sino estableciendo las condiciones para que todo el mundo pueda trabajar y mantenerse por sí mismo. Ayudas sociales crónicas, las imprescindibles. Una sociedad mayoritariamente subvencionada y mendicante no es una sociedad desarrollada.
Sobra añadir que sin una Administración tan abusadoramente cicatera con los trabajadores autónomos, muchos de ellos no habrían acabado en la más pura clandestinidad laboral. Un tema del que también hay mucho que hablar.
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