Alicia Sánchez Camacho, líder del PP en Cataluña, fue abucheada el viernes por la tarde cuando salía del Parlamento regional. Nada extraño pues no es la primera vez que recibe ese trato a cargo de los radicales de la ANC. La ocasión, además, se prestaba a ello porque la Cámara legislativa acababa de aprobar la ley de consultas no refrendarias; el instrumento legal que piensa utilizar Arturo Mas para convocar su desafío del 9 de noviembre. "Vete de Cataluña", le gritaron a Sánchez Camacho.

Pere Navarro, secretario general del PSC -los socialistas catalanes, como suele decirse- también fue increpado a la salida del Parlamento pero no le dijeron que se marchara del "país". Gemma Calvet, diputada de ERC, se acercó a los bronquistas y les dijo que su actitud no era la correcta. Después de sembrar vientos intenta esta señora evitar la tempestad, pero algo es algo. No fue esa la actitud del muy honorable presidente Mas quien, crecido al verse vitoreado por el mismo grupo de incondicionales, se acercó a ellos para agradecerles la asistencia.

¿Cuál es el siguiente paso? ¿Obligar a los militantes del PP -y de paso a todos los contrarios al separatismo- a llevar una bandera española cosida en la manga igual que llevaban los judíos una estrella amarilla en los mejores tiempos del nazismo? Llevo meses defendiendo que la consulta catalana se celebre de una vez. Si no es legal por inconstitucional, que se cambien las leyes, la Constitución incluida, pero que se haga. Que sepamos todos a qué atenernos. Ya se les ha dicho a los independentistas de la butifarra cuáles son las consecuencias. Un empobrecimiento general, una inmediata salida de la UE y la pérdida de un mercado -el español- en el que venden el 92 por ciento de los bienes y los servicios que producen. Si eso es lo que quieren a cambio de ser ellos mismos, adelante. Tienen pleno derecho a ello. Lo que no puede ser es esta tensión continua; este protagonismo permanente porque en España, desgraciadamente, hay problemas importantes pendientes de resolución. El divorcio debe ser la última solución, pero si no hay más remedio, divorciémonos antes de acabar uno en urgencias y otro en la comisaría para presentar una denuncia por agresiones. Las situaciones desagradables, cuanto menos, mejor; especialmente si conllevan actos violentos, que es lo que va a suceder de un momento a otro en las calles catalanas si se sigue calentado la olla sin abrir una válvula de escape.

Asunto distinto es el día después de ese hipotético referéndum. Si triunfa el sí que no ganó en Escocia, cada uno por su camino. Las pérdidas de España en PIB serían muchísimo menos importantes que las de Cataluña en el antes citado mercado para sus productos. Y si gana el no al secesionismo, pues se acabó. Y se acabó significa ni una más, aunque haya que emplear la mano dura. Lo absurdo es desplegar a 60 guardias civiles para despojar a dos ancianos de su casa en aras al ineludible cumplir la ley, pero tolerar que Mas y su cuchipanda se pasen la Constitución, y todas las normas que les da la gana, por el forro sin que el Gobierno del señor Rajoy haga nada. Eso es de cobardes.

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