"La calle exige cambiarlo todo y los partidos oyen", titulábamos el domingo nuestra habitual sección de debate. A modo de resumen, los partidos canarios ven necesario regenerar la democracia, pero al mismo tiempo expresan el temor de que el asunto quede en buenas intenciones pese a la demanda social. Nos llama la atención que dos de los participantes en este debate, Ramón Trujillo, de Izquierda Unida Canaria, y Pedro Justo, de Nueva Canarias, se hayan referido de forma explícita a la normativa electoral vigente en las Islas. Para este último, "la ley electoral pudre la democracia al dejar siempre a CC en el poder, lo que crea corruptela". Por su parte considera Ramón Trujillo que "la regeneración no vendrá de los grandes partidos, que no harán una ley electoral justa". Vayamos por partes.
Por muy torcida que sea la Ley electoral vigente en Canarias, que lo es, los resultados a la hora de configurar el Parlamento autonómico serían muy similares a los actuales si solo se modificasen los topes. Una reforma más a fondo, y también más efectiva desde un punto de vista práctico, supondría entrar de lleno en la representación territorial. Es decir, reestructurar lo que se ha denominado la triple paridad: mismo número de diputados entre las dos provincias, igualdad entre las dos islas mayores y equivalencia de escaños entre estas y las periféricas. Evitar, en definitiva, que un diputado regional "cueste" dos mil y pico votos en El Hierro y cuarenta y tantos mil en Tenerife o Las Palmas. Todo ello sin que esas islas periféricas pierdan su representación en la Cámara legislativa.
El gran cambio pendiente, no obstante, está en las listas abiertas. ¿Cuándo sustituirán estas a las actuales cerradas? Un yerro tan vigente en España como en Canarias. Con las listas cerradas no se les permite a los ciudadanos que elijan a las personas más idóneas según su criterio, pues han de optar al todo o nada. O aceptan lo que les da un partido en concreto, o votan por otra lista igualmente de candidatos previamente decididos. Por emplear una expresión que utilizaba mucho José Rodríguez, junto a las personas de valía se cuela en esas listas la chatarra política. Lo peor es que no cabe esperar ningún cambio mientras siga instaurada la partidocracia. Los partidos políticos quieren mantener la situación porque eso les permite ejercer la disciplina entre sus miembros de una forma más férrea.
También ha salido a relucir en este debate la "vocación política" frente a la "profesión política". Si quisiéramos enumerar a los políticos canarios que jamás han desempeñado una ocupación laboral o profesional al margen de la política, no tendríamos espacio suficiente en lo que nos queda de este editorial. No se puede exigir una edad mínima para ejercer un cargo público. A los 18 años la ley capacita a cada persona para ejercer el sufragio activo o pasivo; es decir, para elegir o ser elegido. Por ahí, todos de acuerdo. Sí resulta sensato, en cambio, establecer un límite de permanencia en los cargos. Dos legislaturas parece un período adecuado. No más de ocho años como concejal de un mismo ayuntamiento, consejero de un mismo cabildo o diputado regional o nacional. Esa es la única forma de conseguir que quienes se dedican a la política lo hagan por vocación y no por profesión. De esa forma quien accede a un cargo público lo haría con la idea de que va a ejercerlo de forma temporal y no para toda la vida, como si hubiese aprobado una oposición.
Un tercer tema en este debate fue el de la corrupción. Es irrelevante apuntar cuál es el porcentaje de podredumbre política en España y en Canarias. Aunque las cifras fuesen mínimas (y no son mínimas), estamos ante un problema tan importante como enquistado frente al cual los ciudadanos están hartos. De milagro no se han echado las masas a la calle para llevarse por delante cuanto encuentren a su paso. No queremos fomentar revueltas. Nada más lejos de nuestra intención. Siempre hemos dicho que media una distancia importante entre una manifestación pacífica, aunque contundente en sus reivindicaciones, y las algaradas violentas que estamos acostumbrados a ver dentro y fuera de España.
Este descontento generalizado, este mar de fondo, es de sobra conocido por los líderes de los partidos tradicionales, incluida Coalición Canaria. Por eso están nerviosos. Subyacen en las intervenciones del debate al que nos estamos refiriendo un temor creciente a lo que puede suceder. Se teme la aparición en el escenario de nuevas formaciones nacidas precisamente de ese descontento ciudadano. Es posible que estos recelos no sean infundados y que más de uno, como hemos dicho muchas veces, se lleve una sorpresa nada agradable en la misma noche electoral, apenas concluya el recuento de los votos. No será -lo repetimos- porque no lo hayamos advertido.
Por otra parte, nos ha sorprendido lo manifestado por Fernando Clavijo, en una amplia entrevista publicada por EL DÍA el pasado domingo, sobre la renuncia de CC a los planteamientos soberanistas o independentistas. Es una opción que no entendemos, máxime porque el recientemente elegido candidato de esta formación política se refiere simultáneamente a la necesidad de un mayor autogobierno. El fin primero y último de cualquier nacionalista es conseguir la libertad de su tierra. Si Canarias tuviese plena capacidad para decidir cuál va a ser su futuro y para gestionar sus recursos, no estaríamos inmersos en el debate de las prospecciones. Más aún, posiblemente no tendríamos más de 350.000 desempleados en nuestras calles. ¿Por qué han de ser inadecuadas las estrategias desarrolladas por los nacionalistas catalanes y vascos? ¿Es que no están consiguiendo importantes resultados con ellas frente al secular centralismo de Madrid?
Hemos dejado para la parte final de este editorial un asunto que también nos llama mucho la atención. "La baja participación de los padres, punto débil del sistema educativo", titulábamos una amplia información sobre el sector de la enseñanza, recogida en nuestra edición de ayer. La participación de los padres en las elecciones de los consejos escolares de los centros apenas fue de un 10% en 2012, mientras que dos años estuvo en el 15%. Afirma Georgina Molina, directora general de Promoción Educativa del Gobierno de Canarias, "las familias tienen asumido que participar es llevar al niño al colegio y recoger las notas". Una pena, añadimos por nuestra parte.
No aportamos nada nuevo al decir que los principales protagonistas de la educación, de manera especial en los niveles de Infantil y Primaria, son los padres. Es cierto que unas apretadas condiciones de vida, propiciadas por una sociedad a la vez muy competitiva y en crisis, dificultan a los progenitores el seguimiento de la formación que reciben sus hijos, pero se impone un esfuerzo porque es mucho lo que está en juego. Con frecuencia culpamos a los políticos de las deficiencias del sistema educativo. Indudablemente nuestros gobernantes poseen su cuota de responsabilidad, pero no es menos cierto que la Educación, junto con la Sanidad, se lleva una gran tajada de los presupuestos autonómicos. Es indispensable que esto sea así, pero no olvidemos que junto a los gobernantes intervienen en el proceso los profesores y también los padres.
Los consejos escolares son organismos importantes debido a su carácter decisorio, mantenido en la nueva Ley Canaria de Educación. Participar en ellos es importante porque la desidia es responsable, en su justa medida, de los pobres parámetros arrojados por nuestro sistema educativo.