Esta semana el Parlamento de Canarias tomó en consideración la ley de inversiones estratégicas cuya finalidad es reducir a la mitad los trámites burocráticos. Ha leído usted bien: reducir a la mitad los trámites burocráticos -en la administración regional, insular y local- de determinadas inversiones que el Gobierno considere que son estratégicas para Canarias. No hablan de financiarlas, ni de provocar la colaboración público-privada, ni de vender Canarias como plataforma con incentivos fiscales que las sustente. El arma secreta es reducir los "trámites burocráticos". Y la oposición en cólera se queja porque no se fían de cómo van a ser elegidas las agraciadas, claro: la tentación de la prevaricación, denuncian. Unos y otros han perdido el norte, esto es muy lamentable, dan ganas de llorar... Reconocen que los trámites burocráticos son un problema que impide las inversiones y lo que se les ocurre es darle prioridad a algunas, ay, ¿por qué no a todas?, ¿cualquier inversión no es estratégica en tiempos de crisis?

Resignación. Reconocen también que los trámites burocráticos puede ser reducidos a la mitad cuando una ley así lo disponga. Vaya tomadura de pelo, será a costa de que otros proyectos -los clasificados como no estratégicos- demoren aun más su tramitación administrativa... Admítame la retórica por preguntar si entre los sesenta representantes del pueblo soberano o sus incontables asesores no tendremos a alguien que se le ocurra proponer una ley, o lo que sea, que acabe con los "trámites burocráticos" de una vez por todas, que permita abandonar la concepción decimonónica de la Administración Pública y nos deposite en el siglo XXI. Las directivas comunitarias trasladan la responsabilidad al particular o la empresa que quiere actuar y aquí no nos desprendemos de la autorización previa con todas sus derivadas. Será que cuatro años son pocos para acometer semejante empresa; será que no interesa desmontar el chiringuito; será que la política ya aniquiló todo el talento. Por si fuera poco, Paulino Rivero anuncia nueva subida de impuestos sin contrapartida; al menos podrían fusionar ayuntamientos o acabar con la duplicidad de competencias... o algo.

Indefensos. El Parlamento y su fundamentada obligación de promulgar leyes. Sin ton ni son. Leyes para matizar otras leyes, unas sobre otras, hasta el día del juicio final. Camino de la república independiente con entramado legal propio. Jactancia del abogado que es mayoría entre sus señorías -vaya casualidad- para mantener el enredo como fin en sí mismo. Las leyes que nos complican la vida y dificultan la convivencia pierden su razón de ser. "El desconocimiento de la ley no exime..." y tal, imposible. Imposible que un país funcione cuando el inspector de turno emplea "su criterio" y los juzgados están colapsados. Un punto ciego, otro, otra de esas evidencias que tenemos delante de nuestros ojos y no somos capaces de ver. ¿Quién defiende al ciudadano de la verborrea legislativa que vomita el hemiciclo de Teobaldo Power? ¿La Constitución del 78? Apañados.

Ajustes. En la Constitución, precisamente. Eso defendía el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, para dar encaje a la "singularidad catalana" y me parece muy bien. Una modificación de la Carta Magna, rápida y por sorpresa, como en 2011, para sustituir "comunidad autónoma" por "estado federal" y listo, como es una cuestión de orgullo patrio, pues ya está, hala, y el resto lo hablamos en serio. Cuando alguien dice que no es cuestión de dinero, es cuestión de dinero.

Acertar. Decía César González Ruano, prolífico y controvertido periodista del pasado siglo, que él escribía todos los días el mismo artículo y que nadie se daba cuenta, ni siquiera él mismo. Sostenía que si no sabes escribir todos los días el mismo artículo o el mismo libro, es que no eres un verdadero escritor. Vaya reto.

pablo@zurita.es